Licitación de pasaportes: la Procuraduría abrió investigación contra el canciller Álvaro Leyva

La Cancillería declaró estado de urgencia manifiesta por 12 meses luego de que se declarara desierta la licitación que pretendía elegir a la empresa encargada de producir, custodiar y distribuir los pasaportes. 

Luego de toda la polémica que se generó con la situación, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el secretario general del ministerio, José Salazar Ramírez.

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Esto, "por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes". 

Según el Ministerio Público, la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición de pasaportes "al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria".

Por otra parte, la Procuraduría asegura que Leyva y Ramírez "pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad". 

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El Ministerio Público pidió la práctica de pruebas y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. 

Y es que actualmente la Cancillería solo cuenta con ocho días hábiles para resolver el problema que tiene a causa que hacer una licitación tardía para la producción de pasaportes, con condiciones que solo favorecían al actual contratista Thomas Greg, y luego declarar desierto el proceso. 

Así, expertos consideran que no solo se está beneficiando a una sola, empresa, que es la actual contratista, sino que se está afectando el interés de los colombianos. 

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De hecho, Juan David Duque, exdirector de Colombia Compra Eficiente, le dijo a CAMBIO hace unos días que: "El error más grande de todo esto es la evidente falta de planeación y la potencial afectación al interés general de todos los ciudadanos colombianos, el cual está directamente involucrado en este asunto".

Además, agregó: "Los reparos más grandes de este proceso de selección se encontraban en la vulneración a la libre concurrencia y competencia; adjudicar vía contratación directa no mejorará estas condiciones para el mercado y sus agentes”.