La edad del canciller Álvaro Leyva: su blindaje en el lío de los pasaportes

Luego de suspender la licitación y declarar desierto el proceso de contratación relacionado con la fabricación de pasaportes, el canciller Álvaro Leyva firmó la Resolución 7541 de 2023, en la que declara el estado de “urgencia manifiesta” por 12 meses, para el suministro, formalización, prestación, personalización, custodia y distribución de pasaportes. Como consecuencia de dicha urgencia manifiesta, la única solución es extender el contrato vigente, o contratar a dedo para salvar la emergencia.

El lío es que suspender la licitación no solo va a provocar la apertura de investigaciones sobre las razones de la suspensión, sino la demanda del único oferente que cumplía con los requisitos de la licitación: la actual contratista Thomas Greg & Sons.

La demanda de Thomas Greg rondaría los 100.000 millones de pesos, pues en eso está tasada la utilidad del negocio en los próximos cuatro años. 

En cuanto a las investigaciones, Leyva –curiosamente– se salvaría de todas ellas por la razón elemental de su edad: 81 años. Si llegase a ocurrir una sanción de la Procuraduría, dicha sanción no tendría mayor impacto en su posterior desarrollo profesional. En lo penal, a los mayores de 80 años no los acoge ninguna medida provisional; y si el pleito se pierde y el Estado paga, ello solo se daría después de un proceso tedioso y largo que podría tardar diez años, después de los cuales sería improbable que se diera una acción de repetición para recuperar ese dinero.

Finalmente, suponiendo que prospere una investigación en la Contraloría y tenga alguna incidencia fiscal, Leyva no tiene grandes bienes patrimoniales a su nombre que le puedan embargar. Según su declaración de bienes y rentas, el canciller solo tiene a su nombre una motocicleta de siete millones de pesos, obras de arte por 10 millones de pesos e instrumentos musicales por ese mismo valor.