La improvisación del Gobierno tiene al país al borde de la escasez de pasaportes

Ayer, 5 de septiembre, se suspendió por segunda vez la licitación –por más de 500.000 millones de pesos– para proveer los pasaportes del país.

El canciller, Álvaro Leyva, expidió una resolución en la que "reasume" la función del proceso contractual, que estaba a cargo de su subalterno, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.

En principio, la resolución resulta insólita en la medida en que Leyva reasume una tarea que siempre estuvo a cargo de su propia entidad y en manos de una persona que recibe directamente sus órdenes.

Este es solo un ejemplo de la ligereza con que el Ministerio de Relaciones Exteriores está manejando el tema de los pasaportes.

CAMBIO conoció que Thomas Greg, único proponente del proceso licitatorio y que ha tenido el contrato de la fabricación de pasaportes por 17 años, paró las máquinas y le entregó a la Cancillería el inventario de las libretas que quedaban. Según fuentes consultadas en la entidad, el país solo tendría pasaportes disponibles hasta el próximo 30 de septiembre.

La improvisación de la Cancillería liderada por Álvaro Leyva en este proceso tiene al país al borde de la escasez de pasaportes. Si se llega a ese escenario, miles de colombianos podrían quedar atrapados en el país mientras se define una solución permanente a un lío que promete ser de marca mayor. 

¿De dónde viene la amenaza de la escasez de pasaportes?

La licitación del Fondo Rotatorio de la Cancillería se inició en febrero de este año con estudios de mercado. Posteriormente, el 14 de abril, se publicó el pliego, y el 24 de mayo se conocieron los pliegos definitivos. Hasta el momento se han cumplido todas las etapas del proceso de licitación pública. Solo queda pendiente la adjudicación, cuya audiencia no ha podido celebrarse.

Primero, por la Resolución 5778 de 2023 que suspendió el proceso el 31 de julio de 2023. Segundo, por la Resolución 7076 de 2023, mediante la cual el canciller reasumió el proceso licitatorio. En el documento leído en la audiencia, Álvaro Leyva solicitó un plazo más para garantizar "la absoluta objetividad" en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso.

Si el Gobierno Petro lleva más de un año en el poder, ¿cómo es posible que no se haya revisado el proceso con objetividad durante este lapso?

Thomas Greg and Sons es un viejo conocido de la contratación en Colombia, especialmente en la Registraduría y la Cancillería. Algunos de sus competidores, como InGroup, con experiencia en Francia y Perú; Veridos, de origen alemán, y el grupo Cadena, de origen antioqueño, que aspiraron a quedarse con el negocio ante la Cancillería, denunciaron que la mayoría de los requisitos para ganar el contrato solo los podía cumplir Thomas. Por ejemplo, en el pliego inicial de condiciones, que publicó la entidad liderada por Leyva, se exigió, entre otros, un requisito muy particular: priorizar a la empresa que contara con una planta de impresión de pasaportes en Bogotá. Esta condición solo la cumple Thomas Greg.

El acta de inicio del contrato con Thomas Greg, que está a punto de acabarse, se firmó el 18 de junio de 2019, indicando que la fecha de inicio del proyecto sería noviembre de 2019 y se extendería hasta julio de 2022. Este compromiso fue asumido inicialmente por un poco más de 332.000 millones de pesos.

Después de la pandemia, la demanda de pasaportes se incrementó considerablemente. Una vez el contratista Thomas Greg ajustó la capacidad instalada a la nueva realidad operativa del contrato, el Gobierno Duque autorizó adiciones y prórrogas para garantizar la ejecución hasta el 31 de octubre de 2022, con el fin de que el gobierno entrante tomara la decisión de continuar con el contratista actual o dar apertura a un nuevo proceso de selección.

Bajo ese contexto, los recién llegados inquilinos de Palacio tenían solo dos meses para adjudicar un nuevo contrato de expedición de pasaportes. Como los tiempos no daban, el Gobierno Petro procedió a adicionar y prorrogar el contrato, inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2022. Luego, volvió a extender el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2023, previendo un lapso de seis meses para llevar a cabo el proceso de selección, contratar al proponente y garantizar los meses de implementación. Nada de esto se ha dado.

Hoy en día la Cancillería no tiene contratista para proveer el servicio público de expedición de pasaportes, que es esencial para el ejercicio de derechos de los nacionales.

Las preguntas que surgen son varias: ¿Por qué desde el principio no se hicieron los pliegos para garantizar las condiciones de participación plural que reclama el Gobierno? ¿Por qué la Cancillería de Leyva se demoró tanto en poner en marcha la licitación? ¿Por qué Leyva se excusa en su secretario general –su subalterno– para frenar el proceso que, si bien ha tenido alertas, no tiene ningún impedimento legal para proceder con la contratación?

El problema va mucho más allá de la inminente posibilidad de escasez en la prestación del servicio de pasaportes. El Gobierno está jugándose una partida que promete terminar en un litigio millonario que tiene todas las de perder. Lo cierto es que los pliegos y las condiciones del negocio fueron establecidas y diseñadas por el Ejecutivo. Ahora, con la idea de cambiar sus propias reglas a última hora, en una disputa legal, la empresa Thomas Greg tendría argumentos de sobra para ganar en los tribunales una demanda por la totalidad del valor del contrato. Es decir, palabras más palabras menos, Colombia quedaría sin esa plata y sin pasaportes.