La polémica por la nueva licitación para producir pasaportes
30 Mayo 2023

La polémica por la nueva licitación para producir pasaportes

Crédito: Fotoilustración de Yamith Mariño

Hoy, 31 de mayo, vence el plazo de las observaciones sobre la licitación que cursa en la Cancillería por 600.000 millones de pesos para la expedición de pasaportes. El proceso está cargado de suspicacias por las condiciones del pliego que, según los denunciantes, favorecerían una vez más a la firma Thomas Greg.

Por: Redacción Cambio

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Thomas Greg and Sons (TGS) es un viejo conocido de la contratación en Colombia, especialmente en la Registraduría y la Cancillería. En esta última entidad tiene a su cargo la impresión y distribución de los pasaportes desde hace 17 años.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene abierta una licitación para un nuevo contrato de impresión y distribución de pasaportes por 600.000 millones de pesos y 36 meses de duración, proceso sobre el cual ya puso el ojo la Procuraduría.

¿Proceso a la medida de Thomas Greg?

Las dudas tienen que ver con la supuesta predilección de la Cancillería por Thomas Greg, reflejada en el pliego de condiciones de la licitación. Según han denunciado otras diez compañías que aspiran a quedarse con el negocio ante la Cancillería, la mayoría de los requisitos para ganar el contrato solo los podría cumplir la empresa, que lleva más de una década con esta función.

Entre las empresas que han alertado sobre las presuntas irregularidades se encuentran InGroup, con experiencia en Francia y Perú; Veridos, de origen alemán, y el grupo Cadena, de origen antioqueño. Esta última compañía había hecho la misma denuncia en 2019 contra TGS, durante la anterior licitación.

Las sospechas surgieron por el pliego inicial de condiciones que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la documentación adicional del proceso.

En el primer pliego se exigió, entre otros, un requisito muy particular: priorizar a la empresa que contara con una planta de impresión de pasaportes en Bogotá, condición que solo cumple TGS hoy en día.

Las empresas que aspiran a ganar el contrato le expresaron a la Cancillería sus reparos frente a este y otros puntos, pero la Cancillería solo cedió en uno. El 25 de mayo, informó que el puntaje sería el mismo si se tenían plantas en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país. Las demás obversaciones cayeron en saco roto. ¿Cuáles son?

Preparación y montaje de la operación en tiempo récord

Una de las exigencias es la implementación de la infraestructura física y tecnológica para la expedición de pasaportes en un período máximo de dos meses, que empiezan a contar a partir de la adjudicación del contrato. Según los denunciantes, esto es imposible para quien no tenga ya montada una planta. 

Según las observaciones de las empresas participantes de la licitación, el requisito más problemático es el de tener siempre disponible un inventario mínimo para producir 200.000 pasaportes. Esta condición resultaría "altamente difícil de cumplir dentro del cronograma establecido", sobre todo durante los primeros meses.

"Es de conocimiento de la entidad y de todos los proponentes participantes que para obtener el papel de seguridad necesario para ejecutar el eventual contrato se requieren alrededor de 20 semanas; lo mismo sucede con los chips cuya adquisición tarda entre 16 y 20 semanas y con el holograma que tarda de 10 a 12 semanas, así como con las carátulas que tardan alrededor de 14 semanas", dice la observación de una de las empresas.

Bajo estas condiciones, todos los oferentes, exceptuando a TGS, tendrían que conseguir los insumos en tiempo récord si se ganan el contrato y no podrían hacerlo desde antes de la adjudicación, por no ser rentable.

Además, en el plazo de implementación también se tendrán que presentar muestras de los pasaportes “manteniendo la misma línea de diseño y temática del pasaporte ordinario actual”, es decir, al estilo que lo ha hecho TGS en los últimos años. Otro dato adicional es que, en el proceso de licitación anterior, el plazo de implementación fue de cuatro meses y no de dos, como en el actual.

El grupo Cadena también reclamó por el poco tiempo para preparar la propuesta, pues, según los plazos de la Cancillería las empresas, solo tienen aproximadamente 48 días para presentar una propuesta tan compleja. 

"Dadas las advertencias de los interesados en el proceso sobre el tiempo necesario para preparar un negocio de esta magnitud, cuanto menos, denota una planeación deficiente de la entidad", dijo el grupo Cadena.

Puntaje adicional si se tiene una planta de contingencia

Otro de los puntos de la licitación sobre el cual Thomas Greg tiene ventaja –según los denunciantes– es el puntaje por tener una planta de contingencia en caso que la de Colombia sufra algún inconveniente. El proceso premia con 200 puntos a la empresa que tenga esa planta en Norteamérica, con 130 si está ubicada en Europa y 100 si está en Suramérica. TGS tiene una en Estados Unidos, lo que le asegura 130 puntos de 1.000, que es el puntaje máximo posible en toda la licitación. El puntaje adicional a Norteamérica obedece a que Estados Unidos es el país que tiene más colombianos radicados. Sin embargo, no están claras las razones técnicas para la distribución de ese puntaje.

Acreditación de experiencia

Otra de las quejas de las empresas competencia de TGS se refiere a las exigencias que aparentemente ha hecho la Cancillería sobre la experiencia habilitante. Este requisito exige a las compañías demostrar la expedición de 8 millones de pasaportes personalizados y sin personalizar en el pasado. El problema es que esta cantidad supera el monto exigido en el contrato, que es aproximadamente 1,2 millones de pasaportes por año. Esto no correspondería a la realidad del mercado colombiano, pero sí se ajusta a las condiciones de Thomas Greg, que lleva en el negocio 17 años. 

En general, las empresas consideran que en esta ocasión las exigencias acerca de la experiencia son cada vez más restrictivas, como por ejemplo la acreditación de experiencia en cuantía equivalente al ciento por ciento del valor del contrato (600.000 millones), a diferencia de 2019, en la que el requisito era el 60 por ciento del valor del contrato.

La Procuraduría ya tiene los ojos sobre esta licitación, no solo por las observaciones hechas al proceso, sino por el ajustado cronograma, que podría generar un desabastecimiento de pasaportes. 

“Cualquier modificación del cronograma que fue establecido y se encuentra en desarrollo, pone al Estado en alto riesgo de afrontar un desabastecimiento en el suministro, formalización y personalización de pasaportes, por cuanto el contrato vigente termina el 31 de agosto próximo”, dijo el Ministerio Público.

Hasta hoy 31 de mayo hay plazo para que las empresas presenten observaciones al pliego definitivo.

CAMBIO se comunicó con Thomas Greg and Sons y está a la espera de una respuesta sobre el tema.

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