Fuerza Aeroespacial Colombiana
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Lío judicial por el cambio de nombre de Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial
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La Procuraduría dice que el cambio de Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial Colombiana tenía que hacerse con una reforma a la Constitución. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.
Desde este año, la Fuerza Aérea de Colombia pasó a llamarse Fuerza Aeroespacial Colombiana luego de que en el Congreso se tramitara y aprobara una ley y le diera nuevas facultades respecto del dominio espacial, en un aspecto que fue celebrado tanto por la institución como por el presidente Gustavo Petro.
No obstante, la ley en la que se hizo ese cambio está en manos de la Corte Constitucional por cuenta de una demanda que presentaron Felipe Cano, Laura Toro y Catalina Arce, indicando que el cambio debía hacerse por la vía de una reforma a la Constitución y no por una norma ordinaria.
La razón de ello es que la Constitución, de manera expresa, le puso nombre a cada una de las Fuerzas Militares y, entonces, al cambiarlo mediante una ley ordinaria se estarían violando los principios de supremacía y rigidez constitucional.
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La Procuraduría General ya sentó su posición en este debate y, en un concepto de cuatro páginas, le dijo a la Corte que la demanda debe prosperar y se debe caer el cambio de nombre de la Fuerza Aérea.
“La denominación de los cuerpos armados que conforman las Fuerzas Militares no fue un asunto aleatorio para los constituyentes, porque debatieron su nombre y conformación, lo cual contraste con la mera enunciación que hicieron de otras instituciones públicas que no tienen un nombre específico en la Constitución”, dijo la entidad.
“Por ejemplo, en la Carta Política se hacen referencias genéricas a los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias o las corporaciones autónomas regionales (…) Así pues, es evidente que, por medio del artículo 5º de la Ley 2302 de 2023, el Congreso modificó tácitamente el artículo 217 de la Carta Política”, dijo al indicar que se debió hacer una reforma.
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El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
