Qué esperan los pequeños mineros de la reforma de Petro al código minero

El presidente Gustavo Petro anunció, durante su discurso en la instalación de una nueva legislatura, que en próximos días presentará una reforma al código minero porque este código, en la actualidad, sólo privilegia a las multinacionales, a la gran minería, y ha descuidado al pequeño minero. 

“Vamos a presentarles un proyecto de ley que versa sobre la minería y espero el debido cuidado –siempre lo han tenido– para el estudio pertinente, de cara a volver a establecer la alianza entre pequeña minería y Estado, para defender al territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la tierra”, dijo. 

Un ejemplo de esta priorización de las grandes mineras es el de Anglo Gold Ashanti.

Cuando Anglo Gold Ashanti fijó su mirada en Colombia, llegó directamente a la serranía de San Lucas, una zona ubicada entre el sur de Antioquia y el norte de Bolívar, donde encontró una de las minas de oro más grandes del mundo. 

Durante ocho años, la empresa hizo exploraciones en diversas partes del país, bajo el nombre de la empresa colombiana Minas Conquistador. Sin embargo, una vez descubrió la mina de La Colosa –en Cajamarca, Tolima, en 2003–, decidió constituirse en el país. 

En 2007, con un anuncio de bienvenida por parte del presidente Álvaro Uribe, la empresa se empezó a extender ya no sólo con su propio nombre, sino con la creación de 16 filiales, distribuidas en cada subregión del país. Con los años, esas filiales han modificado sus nombres o han sido vendidas, pero se mantienen en actividad. 

Para 2022, la Comisión de la Verdad determinó que Anglo Gold Ashanti había financiado grupos paramilitares en las regiones en las que operaron. Uno de los hechos denunciados ocurrió, precisamente, en la serranía de San Lucas, donde un grupo de paramilitares le arrancaron la cabeza a un campesino, para luego jugar fútbol con ella frente a sus vecinos. La Comisión determinó la responsabilidad de la empresa en varios de los hechos que rodearon la violencia en la región. 

Denuncias similares se extendieron hasta Cajamarca, lugar del segundo megaproyecto de la empresa. Allí, el Colectivo Dignidad Campesina publicó testimonios que señalaban a la empresa minera como la responsable del asesinato de un joven líder comunitario que se oponía a la explotación del territorio. 

En Chocó, el Consejo Regional de Indígena del Cauca (CRIC) acusó a la empresa de la destrucción de las fuentes hídricas, el desplazamiento de miles de personas y la desaparición de otras cientas. Denuncias similares se presentaron en Cauca.

A principios de 2023, el propio presidente Gustavo Petro fue quien acusó a la minera de haber destruido varias hectáreas y fuentes hídricas, lo cual comprometió el acceso al agua de los habitantes de Jericó, en el nordeste antioqueño. La multinacional, en todos los casos, ha negado su responsabilidad. 

“Las empresas no operan con el corazón, operan con la lógica de maximización de operabilidad”, aseguró a CAMBIO una fuente reservada que trabajó en la Agencia Nacional de Minas (ANM) y ha analizado la expansión de la minera en Colombia. De acuerdo con la fuente, pese a todas las denuncias relacionadas con su expansión económica, Anglo Gold no ha hecho nada que sea ilegal, ni tampoco que vaya en contra del actual código minero. 

No se le puede acusar de monopolio, mucho menos se puede hacer seguimiento a sus operaciones internacionales, pues su mercado está afuera, así toda la explotación ocurra en Colombia. 

Tampoco se puede hacer un seguimiento al número de filiales. “Incluso, por repudiable que sea, el hecho de que oculten su nombre para operar en ciertas zonas, o que hayan terminado involucrados en hechos relacionados al conflicto armado, podría entenderse como una estrategia para operar en entornos complicados en términos de seguridad pública. Hay que descorazonar un poco la empresa para que exista mejor operabilidad”. 

Lo que le piden las organizaciones al nuevo código minero

Pese a que todo esto es legal, “no es algo que sea necesariamente ético”, señala Laura Santacolma, directora de la Línea de Justicia Ambiental en DeJusticia. Para ella, que el código minero lo permita no implica que sea justo ni para el país, ni para las comunidades que han visto sus territorios explotados. 

Santacolma señala que el actual código minero tiene graves problemas de concepción. Entre otros, está diseñado para contener la actividad, no para incluirla dentro del desarrollo sostenible del país. Esto ha llevado a que no haya un equilibrio entre los beneficios que recibe la multinacional y los beneficios que podría recibir el país. 

“Es un ordenamiento que la Corte Constitucional ha llamado a cambiar al menos en cuatro oportunidades para que sea ajustado a los derechos humanos y a los estándares medioambientales. El interés social de la minería únicamente se ha visto reflejado en términos de regalías e impuestos, que también se ha procurado modificar por ser excesivamente bajos”, dice Santacolma. Para completar, está el problema de la empleabilidad. 

Para ella, y para los denunciantes de las distintas regiones del país, principalmente para la Red de personas afectadas por AngloGold, las promesas de empleo de las mineras suelen ser enormes, cuando al final las cabezas de los proyectos terminan en manos de extranjeros, las condiciones laborales son precarias y hay una muy alta rotación de empleados. “Las personas más empobrecida son los mineros”, concluye Santacolma.  

Así las cosas,  los pequeños mineros esperan que en esta ocasión el gobierno sí logre equilibrar el código minero a su favor, de manera que los beneficiados, por fin, sean para ellos y no para las grandes mineras que, como AngloGold, se hacen cada vez más prósperas, por encima de mineros cada vez más pobres.