En la dura carrera de la vida, permitir que quienes progresan a punta de chanchullos lo hagan con impunidad, abusando de la paquidermia de la justicia colombiana, equivale a enviar un mensaje funesto: la corrupción paga.
La presidenta de la Cámara de Representantes es una impostora. Según la Universidad Externado Jennifer Arias plagió varios apartes de su tesis de maestría. Pero ella no muestra arrepentimiento alguno. Al contrario, insiste en su inocencia, siguiendo el consabido mantra de su facción política, el Centro Democrático, de convertir mentiras en verdades.
El Externado piensa lo contrario. Según su conclusión Arias y su compañera de tesis violaron el derecho de autor. Pero añade esa casa de estudios que no puede hacer nada, más allá de notificar a las autoridades y pedirle al Consejo de Estado que revoque el título. Dice el comunicado oficial: “La Universidad actualmente carece de competencia para adelantar procesos disciplinarios en contra de personas que desde hace más de cinco años dejaron de ser estudiantes de la Institución, así como para revocar los títulos ya expedidos”. Es decir, la legisladora seguirá disfrutando de un título de maestría espureo, que le servirá para seguir avanzando en su carrera fraudulenta, hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo, lo cual podría tomar años.
Es posible que bajo la regulación que rige al Externado ésta universidad no pueda sancionar a los tramposos cuando la trampa se destapa años después. Pero cabe preguntarse: ¿Aplica lo mismo para médicos, arquitectos o ingenieros civiles? ¿Pueden seguir ejerciendo la profesión y disfrutando del título por quién sabe cuánto? Además, en la dura carrera de la vida, permitir que quienes progresan a punta de chanchullos lo hagan con impunidad, abusando de la paquidermia de la justicia colombiana, equivale a enviar un mensaje funesto: la corrupción paga.
En Colombia abundan impostores de esta calaña. Son prestidigitadores, que —al contrario de los que fabrican ilusiones para asombrarnos y divertirnos— merecen el desdén social. Arias no puede seguir presidiendo la Cámara de Representantes en medio de sonrisas y aplausos. Es inaceptable que continúe definiendo el orden del día en el capitolio, dando instrucciones a sus colegas sobre cómo votar (“Anatolio, diga sí”), entecando nuestra democracia, haciendo gala de su simpatía por el fraude y, en suma, tomando decisiones que afectan la vida de los colombianos.
Los falsificadores, dice su ejemplo, pueden alcanzar los más altos cargos y salir airosos del aprieto con solo cacarear que les han violado el debido proceso y que adoptarán acciones legales contra sus perseguidores.
Este tipo de farsantes nos dicen sin ruborizarse que quienes se queman las pestañas estudiando, poco pueden contra politiqueros como ellos. Al final imperan la farsa, los contactos, los laberintos jurídicos, la adulación, los medios que progresan a punta de fake news. Porque en nuestro medio no existe castigo para rábulas como ellos. No hay código de ética que valga. Ni el de la Universidad, ni el del Congreso, ni las leyes de Colombia. ¿Qué nos queda entonces? La sanción social.
El repudio de la sociedad, la academia y el país en pleno debe hacerse sentir. El plagio es una impostación muy grave, especialmente cuando su protagonista debería dar ejemplo de honrar la ley y las reglas de juego. Muchos congresistas están acostumbrados a lo contrario: a engañar para obtener favores, traficar influencias o inflar sus logros, acciones y comportamientos con miras a obtener votos. Debemos reaccionar.
Me contaba un amigo de Singapur que allá, cuando alguien condenado por corrupción o fraude entra a un restaurante o club social, la gente se levanta, se marcha y deja el lugar vacío. Corriendo el riesgo de que los restaurantes en Colombia se quiebren si aplicamos de forma estricta una medida parecida, vale la pena intentarlo. Los clubes sociales, asociaciones y grupos a los que pertenezcan deberían expulsarlos. Sus vecinos deberían hacerles sentir que repudian su comportamiento.
Las instituciones educativas, a su vez, deberían sancionar y revocar, de forma directa, los títulos académicos a quienes los obtuvieron de manera engañosa. Colegios y universidades son centros de conocimiento. Su prioridad ha de ser la comprensión del universo y la búsqueda por la verdad. Semejante desafío solo puede hacerse actuando con honestidad, rescatando la noción del honor académico y haciendo entender a los estudiantes que un diploma inmerecido es motivo de vergüenza y no de orgullo. ¿Qué pensará Jennifer Arias al mirar el suyo?
