Emilio Tapia es la prueba viva de que el crimen sí paga. Dueño de una inteligencia excepcional, este abogado que empezó su vida profesional como modesto funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano, se convirtió en el zar de la contratación chueca y en el rey de los preacuerdos y principios de oportunidad en la Fiscalía.
Tapia se hizo tristemente célebre por el carrusel de la contratación de Bogotá. Una operación corrupta que le costó a los ciudadanos más de 2 billones de pesos y que se ejecutó en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Gracias a un principio de oportunidad que Emilio Tapia pactó con la Fiscalía y que sirvió para poner en la cárcel a varios responsables –incluyendo al alcalde Moreno y a su hermano– obtuvo una rebaja sustancial de su condena.
Inicialmente debería pasar 17 años en prisión, pero la pena disminuyó a 7 años y 5 meses que se fueron volando entre detenciones domiciliarias y libertades condicionales. Conservó la mayor parte de sus propiedades entre las que –según informó el diario El Tiempo en su momento– había aviones, yates, fincas y caballos de paso fino.
Los duelos con pan son menos, asegura un viejo refrán.
Después de la severa condena y el generoso principio de oportunidad, lo siguiente que se supo de Emilio Tapia es que se apareció feliz en el carnaval de Barranquilla. Mientras otros implicados cumplían con su condena tras las rejas, él bailaba alegremente.
Poco aprendió Emilio Tapia de su sentencia. Mientras que la ley establece que una simple caducidad por incumplimiento es la muerte comercial de un contratista, Tapia condenado por evidente corrupción siguió contratando con el Estado.
Gracias a una investigación de la periodista Paola Herrera de W Radio, el país vino a saber de la existencia de un raro negocio por más de un billón de pesos que otorgaba el Ministerio de las TIC. La acuciosa reportera encontró que empresas que fabricaban muebles o vendían elementos de ferretería se habían ganado la licitación para desarrollar el plan más ambicioso de interconexión por internet para las escuelas rurales de Colombia.
La beneficiaria del contrato del billón era una unión temporal que tenía detrás a Emilio Tapia. La identidad del socio controlante se conoció cuando descubrieron que las garantías de ejecución del contrato y manejo del anticipo eran falsas.
La empresa de Tapia presentó avales bancarios del Banco Itaú Corpobanca falsificados. Aun así, quería quedarse con el contrato o que le permitieran transferirlo.
Estando en la cárcel, detenido por estos nuevos hechos, una investigación destapó que Emilio Tapia está detrás de varias de las millonarias y escandalosas contrataciones de las Empresas Municipales de Cali, Emcali. Contratos respaldados –¡Oh casualidad!– con garantías falsas.
Lo increíble es que, a pesar de esto, la Fiscalía de Francisco Barbosa y su director anticorrupción, Eduard Alirio Calderón, en lugar de revisar los anteriores descuentos de pena como correspondía por su reincidencia criminal, tenían concertado un preacuerdo con Emilio Tapia para otorgarle nuevos beneficios jurídicos: rebaja de pena a 55 meses de cárcel, entrega de una suma simbólica y no delación o colaboración alguna.
Cuando hice público el insólito acuerdo en El Reporte Coronell, en la W Radio, la reacción de la Fiscalía consistió en lanzarse a desmentir la información y a intentar desprestigiarme. Fue entonces cuando publiqué una grabación en la que el propio Tapia relata cómo ocurrió todo.
La operación para tratar de borrar la huella del desaguisado prosiguió por el lado de Tapia, quien trató de culpar a la fiscal Angélica Monsalve de que se conociera el exabrupto, olvidando que sobre el asunto ha hablado él varias veces con diferentes interlocutores sin sospechar que ha sido grabado, en tres ocasiones, haciendo alarde de sus buenas negociaciones.
Emilio Tapia, que siempre ha sido gavilán, jamás se imaginó que algún día le iba a tocar ser paloma.
Acostumbrado a administrar sabiamente sus palabras –y sobre todo sus silencios– siempre ha sabido a quién entregar a la justicia y a quién guardarle fielmente la espalda. Siempre ha calculado qué tanto dice y qué tanto calla.
La semana del 20 de diciembre publicaré algunas de las cosas que ha mantenido largamente en silencio sobre el escándalo de Centros Poblados. No puedo asegurar si lo que dice es cierto, pero sí puedo decir que es un absurdo jurídico que la Fiscalía –que hace meses conoce esto porque Tapia lo ha dicho en conversaciones con sus agentes– no le haya exigido que incluya semejantes afirmaciones en el preacuerdo que le quieren regalar.