El Salado fue hace veinte años teatro de la peor masacre (o, como la llamaría el hoy presidente Iván Duque, "asesinato colectivo"), de la historia de la violencia en Colombia. Hoy las amenazas son iguales a las de aquella época.
Con el proceso de paz de Santos se desmovilizaron casi todos los combatientes de las Farc, aunque luego se removilizaron otros en las llamadas disidencias. Antes, con el proceso de guerra de Uribe se habían desmovilizado también casi todos los integrantes paramilitares de las AUC; y muchos más que no lo eran pero que buscaban las ventajas ofrecidas por el gobierno de entonces, incluyendo a una docena de sus principales jefes que al poco tiempo fueron extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados (y por supuesto condenados), no por sus infinitos crímenes de sangre, sino por narcotráfico. Sumados ambos procesos, el de guerra y el de paz, y al cabo de medio siglo de violencia incesante, Colombia debería estar tranquila. ¿No?
No. Sigue la matazón.
En El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar en los Montes de María, que hace veinte años fue el teatro de la peor masacre (o, como la llamaría el hoy presidente Iván Duque, "asesinato colectivo"), de la historia de la violencia en Colombia: más de cien asesinados por los paramilitares de las AUC en sus tareas de "limpieza social", que en los tres días que duró no se les ocurrió interrumpir ni a la policía ni al ejército. En El Salado, digo, hoy las amenazas son iguales a las de aquella época. Circulan panfletos en que se decreta "sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, expendedores de droga de esta comunidad" a condición de que se vayan, así como hace veinte años se desplazaron varios cientos o miles de los habitantes del pueblo, abandonando sus parcelas de tierra a los grandes terratenientes. Circulan listas de los amenazados con sus nombres. "No respondemos —dicen— por hermanos, ni padres ni madres, ni por la familia de cada uno de los bandidos que están en este listado. O se van o se mueren. Están ubicados”.
Las amenazas las firman las "Águilas Negras". Pero es un grupo delincuencial que oficialmente no existe. Recuerdo que no sé cuál comandante militar o policial explicó que "no se había registrado oficialmente" ante las autoridades competentes, como al parecer deben hacerlo los paramilitares que heredaron a los otros paramilitares oficialmente desmovilizados, para ser legalmente reconocidos como aspirantes al llamado "sometimiento a la justicia", por el cual se les dan garantías de impunidad. Las Águilas Negras, pues, no existen. Las llaman también "los Úsugas", o "los "Urabeños", o las "Autodefensas Gaitanistas" (pues para todo ha servido el nombre del asesinado Jorge Eliécer Gaitán), o, globalmente, "el Clan del Golfo", y extienden su presencia por casi todo el país: las costas del Caribe (y el archipiélago de San Andrés), Antioquia y Cundinamarca, el Chocó, el Cauca, Nariño, el Meta, la Orinoquia. Es decir, en mucho más que el espacio a donde llega el gobierno nacional, que no llega casi a ninguna parte.
En particular, las tales Águilas no existen —oficialmente hablando— en El Salado. Lo niega la policía local, lo niega el alcalde del Carmen de Bolívar. Y, aunque la gente del pueblo haya visto pasar a sus hombres armados de fusiles, la negación oficial persistió hasta hace un par de días, cuando la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior (quien, incidentalmente, fue acusada hace diez años de haber recibido apoyo electoral en Cundinamarca de esas mismas Águilas Negras que tampoco entonces oficialmente existían, y absuelta al cabo de otros cuantos), reconoció que sí, que haberlas, las hay. Como las brujas.
Pero entonces el defensor del pueblo, Carlos Camargo, cediendo a sucesivas "alertas tempranas" de sus defensorías locales, le escribe al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, para pedirle que haga algo para proteger la vida de los amenazados por esas brujas inexistentes, pero actuantes. Y el fiscal Barbosa, autoproclamado el Mejor Fiscal de la Historia, le contesta diciéndole que su papel no es encargarse de "proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de personas defensoras de los derechos humanos".
O sea: que no le importa.
¿Para qué hay entonces Defensoría, para qué hay Fiscalía? ¿Solo para viajar en avión oficial con las niñas de fin de semana a San Andrés? ¿Para qué hay gobierno? ¿Solo para que el presidente Duque monte, también en San Andrés, en cuatrimoto? ¿No para combatir el crimen, sino solo para ponerle nombre? Nos estamos llenando se siglas y de nombres: el ELN, el EPL, la Oficina de Envigado, las Bacrim (o Bandas Criminales) también llamadas GAO (Grupos Armados Organizados), los Rastrojos, los Úsugas, las disidencias de las Farc. Casi tantos como las múltiples agencias (con sus siglas respectivas, y sus nombramientos de mermelada) que inventa el gobierno.
Recuerdo la opinión de un viejo médico escéptico: "Los médicos sabemos ponerles nombres a las enfermedades, pero no sabemos curarlas".
