Hay unanimidad en que este gobierno, que se traslada al Cauca en busca de indígenas cuando todos lo esperan en Bogotá, está dando palos de ciego. El problema cuando lanza zurriagazos un invidente —para decirlo sin que nadie se frunza— es que uno no sabe si es más peligroso el palo o más peligroso el ciego. Mientras lo averiguamos, parece claro que el subpresidente no dispone de un solo palo sino de muchos: de toda una bolsa, como los golfistas. Ya conocíamos algunas de las varas que agita atolondrado por los aires, como han sido el programa diario de propaganda oficial so pretexto de la pandemia, los ataques a las instituciones jurisdiccionales y la hemorragia de nombramientos de amigos y condiscípulos del jefe del Estado sin reparar en incompatibilidades, inteligencia ni preparación. Últimamente el Gobierno extrajo de la talega un arma típica de los desesperados: el secreto. Ocultar, no informar, demorar, esconder, negar acceso. El viejo tapen-tapen constituye un garrote potente al servicio de un ciego que marcha tambaleante por terreno cenagoso: el lodazal del autoritarismo.
La obsecuente Fiscalía, como si no tuviera suficientes líos, ha adoptado ahora dos medidas indignas de un país democrático. Primero, imputar cargos a la periodista Diana Díaz por revelar un episodio de censura interna en la entidad estatal responsable de los canales y emisoras del Estado (RTVC). Y, segundo, una orden de inspección de los registros de entradas de dos meses a la sede de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), corporación independiente cuya misión es proteger el libre ejercicio del periodismo. El fiscal acusa a la reportera de revelar un grave secreto estatal, consistente en que el gerente de RTCV nombrado por el nuevo gobierno, Juan Pablo Bieri, desterró en 2018 a un conocido cronista que publicaba informes en Señal Colombia al enterarse de que este había criticado un plan de restructuración del canal público. La venganza censora suscitó un escándalo, Bieri renunció y el presidente lo premió con una asesoría oficial jugosamente pagada. El decapitado alegó que era necesario purgar al cronista por atreverse a discrepar de “la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo”. Acudió la Fiscalía en su apoyo y ahora Diana Díaz está inmersa en un proceso como si hubiera revelado que Colombia camufla una bomba atómica en los silos de La Caro.
Los zurriagazos de ciego revelan el talante del gobierno y la Fiscalía. Y su ignorancia. Porque solo la Constitución o la ley pueden decretar la reserva de documentos y actuaciones, como deberían saberlo dos juristas de su nivel. No vale un chisme de oficina y el memorando de un gerente. Cuando hay dineros públicos de por medio toda transparencia es poca pues, más allá de lo que cree el desventurado jefe (exalumno de la misma universidad del presidente, el fiscal y medio gobierno), quien “daba de comer” al periodista desterrado, y a Bieri y sus superiores, no es el Estado: somos los contribuyentes. Por eso todos los colombianos tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos y no hay lugar a secretos en estos menesteres, a menos que lo declare específicamente una ley. Pero, además, mala señal la de Señal Colombia si no acepta en su seno discrepancias y si un trabajo cumplido y exitoso como el de Santiago Rivas en Los puros criollos no recibe una valoración profesional sino un juicio cuya base es la opinión personal del cronista. Un medio informativo, sobre todo cuando lo sostienen dineros públicos, debe ser ejemplo de independencia, pluralidad, tolerancia y equilibrio. Si RTVC busca un modelo, que mire a la BBC de Londres, los telediarios españoles de los últimos años, la Deutsche Welle alemana o Radio France.
Me temo, sin embargo, que, en vez de hacerlo, están copiando con el rabillo del ojo a los medios chavistas venezolanos o a la vieja Stasi de la Alemania comunista, y aprendiendo de ambos. No de otro modo se entiende que, además de perseguir a la periodista que denuncia la vulgar censura, la Fiscalía hubiera husmeado en una fundación que lucha, justamente, contra procederes como este.
El instinto secretista, característico de gobiernos autoritarios, no se detiene en la Fiscalía. Red PaPaz (RPP), que lucha contra la comida basura, se queja del hermetismo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que cierra sus puertas a fundaciones defensoras del derecho infantil a una alimentación adecuada. RPP ha tenido que acudir a tutelas, memoriales y recursos de insistencia ante tribunales administrativos para conocer el curso y desenlace de los procesos oficiales que desatan sus propias denuncias. Gracias a su terquedad y la de otros grupos fueron sancionadas varias empresas por anunciar vitaminas que sus productos no contienen, recargar de azúcar los artículos sin advertirlo a los consumidores y combatir la leche materna para favorecer la venta de leche en polvo. También merced a su empeño el Congreso aprobó un proyecto de ley que, aunque debilitado, obliga a los alimentos a exhibir sellos de advertencia sobre su contenido, sobre todo el exceso de sal, azúcar y grasas saturadas. Es bueno que se apresuren. Pues ya no solo ofrece problemas la leche procesada sino los recipientes en que la toman los bebés. Acaba de descubrirse que los teteros de plástico obligan al niño a tragar millones de microplásticos cada día. Habrá noticias al respecto en los próximos meses. Y no serán buenas. Mientras tanto, conviene volver al recipiente de vidrio o, mejor aún, a la irremplazable teta de mamá.
Esquirlas. 1. Que no termine el 2020 sin festejar el centenario natal de ese gran intelectual, periodista y ser humano que fue Gonzalo González, GOG. 2. ¿Este mismo gobierno que critica las aglomeraciones de la minga no es el que armó multitudinarios barullos al decretar el día sin IVA? 3. Amigos que se van yendo: Luis Enrique Nieto, académico divertido y cultísimo; Enrique Gaviria Liévano, jurista a quien le quedaron debiendo la cancillería.
