ALO, una conversación de nunca acabar

Este año, el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) cumple 62 años, la edad de pensión de un hombre colombiano. La diferencia es que la ALO, tal y como fue planteada en 1961, ni siquiera ha nacido.

Bogotá y sus dirigentes se han especializado en que los proyectos importantes se demoren en discusión una eternidad. Así ha pasado con el el metro, el túnel que comunique con la Calera y, por supuesto, la ALO.

La vía, proyectada para ser construida a lo largo del corredor occidental de la ciudad, es clave para la movilidad de la ciudad. Con él, se esperaba sacar de la ciudad el tráfico de vehículos de carga, lo que representaría un alivio ambiental, una mejora en los tiempos de desplazamiento, menor deterioro a la malla vial y una mejor calidad de vida.

De momento, hay avances en la ALO Sur, que va desde el sector de Chusacá, en Soacha, hasta la calle 13, en Fontibón. Según información de la Secretaría de Movilidad, se espera que dicho proyecto, de 24.5 kilómetros de longitud, esté terminado en 2027.

El diseño de la ALO, tal como fue planteada en la década de los sesenta, era mucho más ambicioso. Tenía un trazado de 35,5 kilómetros de longitud y cien metros de ancho y atravesaba las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba para terminar en la Autopista Norte, en el sector de Torca. Para 2018, dicho proyecto estaba tasado en 6,6 billones de pesos.

Durante años, las diferentes alcaldías de Bogotá se encargaron de comprar predios para ejecutar la obra, hasta que se tropezó con uno de sus principales opositores: Gustavo Petro. Como congresista, Petro fue crítico de la ALO, y en su momento denunció que la obra beneficiaba a terrenos de funcionarios cercanos al entonces presidente Andrés Pastrana. Como alcalde, uno de sus primeros actos de gobierno fue ir hasta el humedal La Conejera, liberar una tinguas y anunciar que, por motivos ambientales, no se iba a construir la vía en este sector de la ciudad.

Curiosamente, meses después Petro se vio envuelto en una controversia por la construcción de una torre de apartamentos en inmediaciones de la Zona de Mitigación y Protección Ambiental del humedal La Conejera. Hermanos de su esposa, Verónica Alcocer, eran socios de la firma constructora que adelantó el proyecto.

Durante la administración local de Gustavo Petro, particulares invadieron terrenos de la ALO, terrenos que posteriormente fueron recuperados por Enrique Peñalosa, uno de los más férreos defensores del proyecto vial.
Pero en 2020, con la llegada de Claudia López al Palacio Liévano, la ALO dio un nuevo reversazo. Durante su campaña, la entonces candidata aseguró que no haría el tramo norte de la obra por consideraciones ambientales y en septiembre de 2021 lo confirmó.

La salvación de Suba

Suba es la localidad más poblada de Bogotá, con más de un millón de habitantes. Diariamente, residentes de sectores como Tibabuyes, Gavilanes y Aures viven un verdadero drama tanto para llegar a la localidad como para salir de allí. A pesar de su tamaño, Suba cuenta con pocas vías de acceso y sus pobladores han esperado por años la construcción de la ALO como una solución a sus problemas de movilización. Los lotes abandonados representan en ciertos tramos un dolor de cabeza para los vecinos, quienes llevan años conviviendo con la disposición de escombros, basuras, presencia de roedores, y una sensación de inseguridad.

En el pasado mes de octubre, la alcaldía de Claudia López socializó con los vecinos de la ALO, en Suba, un ambicioso proyecto: la Ciudadela Educativa y del Cuidado, una iniciativa que incluye sedes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y el Sena, además de colegios, bibliotecas, museos y un Centro Felicidad para servicios sociales. Dicha ciudadela también contará con un hospital, estación de Policía, casa de justicia , parque lineal y viviendas.

La Procuraduría, sin embargo, pidió frenar la licitación de la megaobra. El Ministerio Público advirtió que en el proceso de selección había “una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe”. Según el organismo, se detectaron “variaciones injustificadas y súbitas (...), incumplimiento de los términos de referencia y de las pautas del manual de contratación que podrían derivar en posibles nulidades del contrato por violación de los principios de transparencia, economía, buena fe, legalidad y vulneración al deber de planeación”.

La Procuraduría también manifestó dudas sobre los recursos que recibirá el Distrito por la cesión de terrenos para la construcción de vivienda. Aparentemente la ciudad solo recibirá el 3 por ciento sobre el total de nuevas viviendas que allí se construyan. Tampoco está claro cuántas viviendas de interés social se van a edificar, lo que podría significar una ganancia enorme para los constructores.

La intervención de la Procuraduría se dio luego de que la concejal electa por el Centro Democrático Sandra Forero elevara una queja ante el organismo de control.