Las luces y sombras de la política de drogas para los próximos diez años en Colombia

Cuando amanece, poco antes de las seis de la mañana, Andrea Rivera, de Cajibío, Cauca, lleva más de dos horas despierta. Se levanta todos los días a las tres de la mañana para alistar la comida del día de ella y otros trabajadores, y alistarse para una jornada intensa de trabajo en cultivos de coca. A veces se dedica a sus dos hectáreas, pero cuando no hay suficiente para hacer, o nada, en su porción de terreno escaso, alguien más la contrata.

Tiene 32 años, no mide más de 1,65 metros, su piel es morena, su pelo es negro, grueso, y tiene pecas y ojos oscuros, grandes, que brillan con cierta inocencia triste. “Solo llevo tres años en esto –dice sonriendo con pesadumbre–, antes me dedicaba al café, a la caña, a la molienda, pero en el campo no hay buena paga, no hay oportunidades”.

Rivera tiene dos hijos: una bebé de 7 meses y uno de 3 años. El papá no está, y ella es quien se encarga de todo. La plata le alcanza apenas para sostener el hogar, aun ahora que vive de la hoja: “En este tiempo está muy mala la compra, la coca ya no está siendo rentable, la coca se fue al piso”.