¿Protección para los denunciantes de corrupción? Organizaciones piden avanzar en el proyecto de ley

El asesinato del abogado y veedor ciudadano Jaime Vásquez, el pasado 14 de abril, en Cúcuta, volvió a abrir la discusión sobre la necesidad de brindar protección adecuada a los denunciantes de actos de corrupción en el país.

Vásquez, quien recientemente hizo graves denuncias sobre el manejo de la salud en Norte de Santander, fue acribillado en el interior de una panadería por un sicario que lo persiguió por las calles del barrio La Riviera a bordo de una moto. El asesino le propinó tres disparos, y aunque el veedor alcanzó a ser trasladado con vida a una clínica, falleció momentos después.

Según se conoció, Vásquez, quien contaba con servicio de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2022, salió solo a la calle el día del crimen porque le había pedido a su escolta que se tomara el día de descanso. Esa situación, según señaló Yesid Barragán, director del sindicato de la UNP, en diálogo con El País, puede considerarse una falla porque no se designó un relevo para la escolta.