
Ciudad Mallorquín: ¿qué hay en el fondo de la discusión sobre el proyecto de vivienda inclusiva?
El proyecto de Ciudad Mallorquín se construye en un lote de 80 hectáreas, de las cuales 45 son útiles. Hasta el 31 de marzo unas 9.000 familias ya habían adquirido o apartado su vivienda nueva, según los constructores.
El Grupo Argos, urbanizador que lidera la obra, y los constructores que desarrollan los proyectos de vivienda, han puesto sobre la mesa los soportes legales y medioambientales para la construcción de las 16.000 viviendas en el área metropolitana de Barranquilla, pero los opositores de la misma siguen atacando el proyecto.
Por: Redacción Cambio
Sentencias de jueces de esquina de barrio, ligeros comentarios de opinadores de radio, teorías científicas en viajes de taxi y hasta serias columnas de opinión, conceptos técnicos de especialistas y pronunciamientos oficiales de autoridades administrativas y ambientales, entre otros. La conversación sobre la construcción de Ciudad Mallorquín en el área metropolitana de Barranquilla está abierta como uno de los principales temas de la agenda ciudadana y ha terminado por motivar la discusión sobre el desarrollo urbano y social de la urbe más poblada del Caribe colombiano.
Sobre la mesa está el análisis de la construcción de la nueva Barranquilla, con oportunidades de vivienda digna para más personas, el déficit habitacional local y el manejo que se le debe dar a este proceso. Hasta ahora, como suele ocurrir en muchos de estos temas tan complejos, la misma discusión parece haber navegado más entre mitos que entre realidades legales y científicamente sustentadas. Además, sobre sospechosos intereses que promueven una avalancha de opiniones y señalamientos negativos en contra del proyecto; y la legítima defensa de los promotores de la construcción de las viviendas.
Para entrar en contexto, lo primero que hay que precisar es que Ciudad Mallorquín es un megaproyecto inmobiliario liderado por la división de Negocio Urbano del Grupo Argos y del que participan diez de las constructoras más grandes del país, entre las que se destacan Amarilo, Bolívar, Colpatria, Marval y Conaco, entre otras. Y que, debido a su tamaño, negar la necesidad de una discusión constructiva de su impacto natural en el tema social, económico, urbanístico y medioambiental sería una irresponsabilidad.
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