La Fiscalía descubrió a empresas que robaron crudo de Ecopetrol: las pérdidas superarían los 34.700 millones de pesos

Una investigación conjunta de la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada a hurtar crudo transportado por Ecopetrol. La organización obtenía cada mes más de 2.000 millones de pesos por la venta del hidrocarburo extraído de forma irregular mediante un sofisticado sistema.

En los últimos cuatro años, un equipo especializado de la Fiscalía siguió el rastro de seis empresas con apariencia de legalidad que extraían crudo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Las compañías utilizaban la infraestructura estratégica para facilitar el traslado y almacenamiento del hidrocarburo robado con el fin de evitar los controles y mantener su operación ilegal a largo plazo. 

La red criminal, designada como Los de Cuello Negro, contaba con la capacidad técnica para hurtar más de 32.000 galones de crudo mensuales. Una vez extraído de manera irregular, el hidrocarburo era sometido a procesos de acondicionamiento para posteriormente garantizar su comercialización a través de cadenas formales o empresas con apariencia lícita.

La Fiscalía reveló que durante el desarrollo de la investigación se estableció que las prácticas irregulares realizadas por la red criminal provocaron un detrimento patrimonial para el Estado superior a los 9 millones de dólares. En ese sentido, el ente acusador advirtió que la organización también afectó infraestructura crítica para el transporte y distribución de hidrocarburos en el país.

Como parte del proceso de judicialización, la Policía Nacional capturó a los propietarios y administradores de las seis compañías involucradas en los hechos investigados, así como a un ingeniero de petróleos encargado de la transformación del hidrocarburo. Por eso, la Fiscalía destacó que se trataría del primer proceso de este tipo contra empresas que operaban bajo registros formales y con aparente cumplimiento de requisitos legales.

Fiscalía investiga posible participación de miembros de la fuerza pública en la red criminal

El ente acusador confirmó el inicio de una nueva fase de la investigación orientada a establecer si la red criminal obtuvo apoyo de miembros de la fuerza pública encargados de la custodia de zonas cercanas al oleoducto Caño Limón-Coveñas, con el fin de facilitar las extracciones ilegales y garantizar el transporte del crudo sin ser detectados por las autoridades.

Una de las hipótesis presentadas por el ente investigador corresponde a que las seis empresas que integraban la red criminal tenían vínculos con funcionarios del oleoducto. En ese sentido, las autoridades investigan si existieron filtraciones de información interna o colaboración logística que permitiera conocer los puntos vulnerables del sistema y los horarios de operación para ejecutar el hurto del crudo.

El director especializado contra las organizaciones criminales, Nelson Escobar, explicó que el hurto de crudo representa un grave riesgo para la seguridad energética del país, puesto que afecta la producción, genera pérdidas millonarias para el Estado y puede provocar daños ambientales irreversibles en las zonas donde se realizan las perforaciones ilegales.

“En todo el entramado de esta organización existió apoyo de miembros de la fuerza pública que están siendo investigados. Este tipo de delitos no solo golpea las finanzas de Ecopetrol y del Estado, sino que también pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y de las comunidades cercanas a los oleoductos”, explicó Escobar sobre el avance de las investigaciones. 

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales imputó a los propietarios y administradores de las compañías involucradas en la extracción ilegal de hidrocarburos por los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.