Los retos para atender la violencia política contra las mujeres en Colombia

De cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y CAMBIO reunieron a magistradas, periodistas y expertas en un foro titulado 'Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia'.

El panel inicial, 'Conversatorio: el CNE y su rol en la protección de derechos políticos', fue moderado por Patricia Lara Salive, fundadora de CAMBIO, y partió de que, aunque el país cuenta con un marco jurídico reciente, las herramientas disponibles son insuficientes frente a la dimensión del problema, especialmente en los entornos digitales.

La magistrada del CNE Alba Lucía Velásquez explicó que la entidad investiga los casos de violencia política contra la mujer, sobre todo cuando se trata de candidatas, y que la Ley 2453 de 2025 amplió sus instrumentos. Sin embargo, advirtió que el alcance de las sanciones no responde a la gravedad de las agresiones.

"Tenemos unas herramientas que nos dio la Ley 2453, pero el resultado al aplicar esa herramienta realmente no es resarcitorio, no es reparador. (…) La gran mayoría de las mujeres hacen política y podría decir sin temor a equivocarme que todas han sido víctimas de algún tipo de violencia", dijo.

Para Velásquez, el problema de fondo es que la conducta no fue tipificada como delito, lo que reduce el efecto disuasorio de las medidas. Según planteó, la agresión contra una mujer en política no afecta únicamente a la persona, sino al propio sistema democrático.

"Echo de menos que en la Ley 2453 no se haya tipificado la violencia contra la mujer en política como un delito. Una mujer que es víctima de violencia es alguien que tiene miedo de participar. Y cuando la democracia tiene un grupo que tiene miedo a participar, pues no es democracia", añadió.

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El desfase entre las redes sociales y las instituciones

Uno de los retos centrales que se discutió en el panel fue la dificultad para actuar frente a las agresiones que ocurren en plataformas digitales. Velásquez describió un debate interno en la sala del CNE sobre qué puede hacer la autoridad electoral cuando la violencia proviene de cuentas no identificables.

"Si es un ciudadano que se puede identificar plenamente, le iniciamos un proceso. Si es un ciudadano que no podemos identificar, que comúnmente le decimos perfil falso, sobre eso no tenemos nada que hacer. (…) Hay posturas que establecen que si la red social no nos certifica la cuenta, no se puede sancionar. Entonces seguimos en un escenario de impunidad", explicó.

La magistrada resumió esa brecha con una comparación sobre los ritmos de unos y otras. "Las redes sociales van a una velocidad máxima y las instituciones como tortugas. Cuando vamos a una velocidad diferente, no hay justicia, no hay igualdad, es difícil", afirmó.

Por su parte, la directora de comunicaciones estratégicas del CNE, Marisol Rojas, coincidió en que la ley fue un avance porque instaló el tema en la agenda pública, pero señaló que carece de fuerza suficiente y que faltan presupuesto y articulación con las plataformas. Rojas describió, desde su área, la sensación de impotencia frente al tiempo que toman los procesos.

"Desde la dirección de comunicación a veces vemos este tipo de violencia hacia las mujeres en la red X o en la que sea, y no hay un ego que te diga 'listo, vamos a bajarlo inmediatamente', no, eso es un proceso. Y mientras pasa ese proceso, la mujer queda completamente expuesta, completamente abandonada", dijo.

Rojas añadió que las agresiones suelen dirigirse a las mujeres que ocupan cargos directivos, atacando su aspecto físico o insinuando que llegaron a esos puestos por sus vínculos personales, en lugar de reconocer su trayectoria profesional.

Sanciones limitadas y el subregistro de denuncias

Sobre el panorama actual, Velásquez reconoció que la impunidad sigue siendo un obstáculo estructural y que las sanciones que ha impuesto el CNE se reducen, en la práctica, a disculpas públicas. Recordó además que en casos de alto perfil, como el de la vicepresidenta, Francia Márquez, las denuncias formales han sido escasas.

"La violencia de la que ha sido víctima Francia es atroz, pero (…) el Consejo Nacional Electoral no tiene bajo su conocimiento o en investigación las múltiples denuncias que hay. Puede ser porque hemos naturalizado tanto el comportamiento en entornos políticos y electorales que consideramos que eso es normal", explicó.

La magistrada ilustró esa naturalización con el caso de una edilesa del Huila que, durante un encuentro, le preguntó si la agresión de un compañero de partido constituía violencia política. El relato, dijo, muestra hasta qué punto las propias mujeres han interiorizado tratos que deberían ser denunciados.

Frente a este escenario, Velásquez sostuvo que el Estado ha entregado herramientas, pero que persisten vacíos de coordinación. "Nos falta mucho, nos falta articulación interinstitucional, nos falta un diálogo permanente con las organizaciones políticas".

Educación y el cambio cultural como aspectos en los que debe mejorar el país

Tanto Velásquez como Rojas insistieron en que las reformas normativas no bastan si no se acompañan de transformaciones culturales y educativas. Rojas planteó que la prevención debe empezar en colegios y universidades, y mencionó instrumentos concretos del CNE, como un micrositio para denunciar de forma reservada.

"Nos falta no normalizar las situaciones y capacitar mujeres desde los colegios, desde las universidades, porque este es un tema cultural. (…) Si no denunciamos, tampoco podemos ejercer los procesos y las herramientas que tenemos", concluyó.

Entre los mecanismos institucionales, Velásquez mencionó la plataforma Uriel, gestionada por el Ministerio del Interior, que la Ley 2453 buscó robustecer para centralizar la información sobre denuncias de violencia política. Aun así, reconoció que todavía falta evaluar su funcionamiento.

Como cierre, la magistrada señaló que garantizar la participación de las mujeres exige procesos de protección céleres, una justicia administrativa con enfoque de género y el compromiso de las organizaciones políticas, pero subrayó que la responsabilidad no recae solo en la autoridad electoral.

"El Estado, si fuera absolutamente garantista, debiera decirles a las mujeres: usted puede participar con tranquilidad, porque lo que va a ser objeto de escrutinio público es su idea y no su cuerpo. (…) Esto requiere sí o sí la concurrencia del Estado, la sociedad y la familia. No hay otra".