Desarticulan red cibercriminal que desfalcó a empresas de telecomunicaciones por más de 6.500 millones de pesos
En Bogotá y Soacha comercializaban servicios ilegales de internet y televisión mediante la suplantación de administradores tecnológicos.
Por: Javier Patiño C
Tras un año de investigaciones, el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Incocrédito, logró la desarticulación de una organización cibercriminal dedicada al fraude informático, la suplantación de identidad y la comercialización ilegal de servicios de telecomunicaciones.
Las autoridades realizaron allanamientos en varias viviendas de las localidades de Usaquén y Fontibón, en Bogotá, y en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Como resultado de los operativos, fueron capturadas cuatro personas señaladas de vulnerar las infraestructuras tecnológicas de reconocidas empresas del sector.
De acuerdo con la investigación, los presuntos ciberdelincuentes se desempeñaban como asesores comerciales (impulsadores) de las compañías afectadas. Aunque no contaban con privilegios de administrador en los sistemas de información, obtenían de manera ilícita los datos personales de analistas de perfilamiento comercial para suplantar su identidad. Mediante la alteración de correos electrónicos y números telefónicos, los implicados modificaron 23 cuentas de usuario y vulneraron los sistemas de seguridad de las empresas.
Según las autoridades, esta maniobra les permitió generar nuevos productos, eliminar registros de cartera castigada y modificar tarifas para ofrecer de manera fraudulenta servicios de internet, televisión, plataformas de streaming y telefonía con descuentos de hasta el 50 % de su valor real. Esta actividad ilícita registró un incremento significativo durante el Mundial de Fútbol de 2026.
El desfalco a las compañías de telecomunicaciones supera los 6.500 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal creó aproximadamente 1.500 servicios asociados a 931 clientes, a quienes les entregó 3.664 equipos, entre codificadores de televisión y módems.
Los servicios ilegales eran comercializados a través de redes sociales, páginas web, actividades promocionales en universidades y dos establecimientos de fachada ubicados en el sector de San Mateo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
Durante los operativos, la DIJIN incautó 36 elementos materiales probatorios, entre ellos tres computadores portátiles, dos tabletas, ocho discos de almacenamiento, diez teléfonos celulares, ocho memorias USB, un lector biométrico, cajas con accesorios tecnológicos, tarjetas SIM y abundante material documental y comercial.
El análisis pericial realizado en tiempo real a estos dispositivos permitió establecer la existencia de conversaciones con funcionarios técnicos y comerciales para el intercambio de información privilegiada.
En el componente financiero, las autoridades incautaron con fines de comiso un vehículo de alta gama, avaluado en 180 millones de pesos, que habría sido adquirido con recursos provenientes de la actividad ilícita. Asimismo, solicitaron el bloqueo de 20 cuentas bancarias que registraron movimientos superiores a los 3.000 millones de pesos, presuntamente producto del fraude. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía adelantará las respectivas medidas cautelares.
Los capturados fueron identificados como Jairo Gómez García, Juan Gordo Méndez, Renzo Ricaute y Wilder Gómez García. Posteriormente fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, utilización ilícita de redes de comunicaciones y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad industrial.
Durante las audiencias preliminares, Jairo Gómez García y Juan Gordo Méndez aceptaron los cargos imputados. Por decisión del juez de control de garantías, tres de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
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