¿Qué está pasando en la Aerocivil? Las irregularidades que detectó la Contraloría en las cuentas de la entidad
El órgano de control emitió una opinión negativa sobre las cuentas de 2025 de la autoridad aérea, señaló falta de claridad sobre más de 396.000 millones de pesos y detectó pagos que podrían derivar en investigaciones penales.
Por: Juan David Cano
La Contraloría General de la República rechazó los estados financieros de 2025 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y le fijó una calificación negativa, el peor concepto que puede emitir el órgano de control sobre las cuentas de una entidad pública.
En la decisión, revelada por Caracol Radio, la Contraloría concluyó que los reportes contables no son confiables, identificó irregularidades en más de 396.000 millones de pesos e inconsistencias por 170.242 millones en la ejecución presupuestal.
"Los estados financieros de la U. A. E. de Aeronáutica Civil-Aerocivil no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, así como sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por lo tanto, la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros es negativa", señala el informe del órgano de control.
A los reparos contables se suman debilidades de planeación contractual. La Contraloría estableció que los plazos de la entidad no son realistas y sus estudios y diseños estaban incompletos.
Aeropuertos con obras a medio hacer y una modernización que no arrancó
Buena parte del cuestionamiento fiscal se concentra en el programa Aeródromos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), la apuesta del Gobierno para renovar terminales en territorios apartados.
El contrato central de esa iniciativa supera los 380.000 millones de pesos y es gerenciado por la estatal Enterritorio, que dirige Esmeralda Molina Gómez.
La Aerocivil pagó a Enterritorio más de 18.000 millones de pesos por concepto de cuota de gerencia, un rubro que debería estar atado al progreso real de las obras, sin que ese progreso llegara siquiera a la mitad.
A esa cifra se sumó una adición de 1.800 millones al mismo pago, autorizada pese a que los abogados de la propia entidad recomendaron no hacerla.
En paralelo, otros 103.000 millones ya salieron del bolsillo público con destino a los aeródromos de Bajo Baudó, en Chocó, y Barrancominas, en Guainía, sin que allí se hubiera movido tierra. Ese dinero sigue en manos de Enterritorio.
La auditoría también reprocha que se hubieran girado 98.000 millones adicionales condicionados a un hito de 50 por ciento de avance físico que nunca se alcanzó, y que el equipo jurídico de la Aerocivil hubiera advertido en vano contra ese desembolso.
En 29 meses de vigencia del contrato, no se aplicó una sola multa ni se activó la cláusula penal contra la empresa estatal, pese a incumplimientos documentados por la propia entidad.
Radares atrasados, pistas hundidas y un ascensor abandonado
Fuera del programa Asaes, la Contraloría también puso la lupa sobre el negocio con el que la Aerocivil buscaba fortalecer la vigilancia del espacio aéreo. Se trata de siete radares por 332.000 millones de pesos, contratados en 2023 con la Unión Temporal Radcol y con entrega prometida para diciembre de 2025.
A la fecha de corte de la auditoría, ninguno de los siete puntos estaba terminado. El caso más llamativo es el equipo destinado a cubrir el aeropuerto de Bogotá, cuya estructura debe levantarse en zona rural de Choachí, Cundinamarca: dos años después de firmado el contrato, la obra allí no había arrancado.
A estos casos se suman que en San Andrés se pagaron más de 9.300 millones por intervenciones cuya pista terminó desprendiéndose antes de tiempo, y 219 millones por un ascensor que, según constató el ente fiscal, había pasado tres años a la intemperie antes de ser instalado como si fuera nuevo.
En la terminal Ernesto Cortissoz de Barranquilla, un contrato de 1.186 millones para sellar el techo no funcionó, y la entidad terminó pagando 239 millones extra que la Contraloría considera sin sustento técnico.
En Puerto Carreño se estaba alistando la operación de una nueva terminal sin sistemas certificados y con energía por debajo del mínimo requerido.
En Barrancabermeja, las obras se lanzaron con planos desactualizados. Y en Armenia, empleados de la propia autoridad aérea han tenido que cubrir de su bolsillo el transporte al aeropuerto, pese a que un contrato de más de 6.000 millones para la zona occidental del país se pagó completo.
El expediente es el último eslabón de una cadena de tropiezos que arrastra la Aerocivil desde la salida de Sergio París en marzo de 2025 y que incluye renuncias por presuntas presiones internas para direccionar contratos.
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