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Asociación de Epidemiología pide mantener los impuestos saludables: proponen cuatro condiciones antes de tocarlos
Los impuestos saludables gravan las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Crédito: Freepik.
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Asociación de Epidemiología pide mantener los impuestos saludables: proponen cuatro condiciones antes de tocarlos

El gremio de epidemiólogos sostiene que hay evidencia de que los impuestos y el etiquetado reducen el consumo de productos no saludables, y propone evaluar la política antes de derogarla.

Por: Juan David Cano

La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic) pidió mantener los impuestos saludables y el etiquetado frontal de alimentos, y advirtió que eliminarlos a dos años de su implementación sería una decisión prematura.

El pronunciamiento es una respuesta al proyecto de ley con el que los representantes a la Cámara Carol Borda y Daniel Briceño buscan derogar esos gravámenes.

Entre 2022 y 2023, Colombia adoptó un paquete regulatorio que combina dos impuestos, uno a las bebidas azucaradas y otro a los alimentos ultraprocesados, con un etiquetado frontal en forma de octágono, los llamados sellos de advertencia, que señalan cuando un producto tiene exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas.

El etiquetado frontal en forma de octágono advierte cuando un producto tiene exceso de nutrientes asociados a enfermedades como la obesidad y la diabetes. Crédito: Freepik.
El etiquetado frontal en forma de octágono advierte cuando un producto tiene exceso de nutrientes asociados a enfermedades como la obesidad y la diabetes. Crédito: Freepik.

El impuesto a los ultraprocesados se aplicó de manera gradual: 10 por ciento en 2023, 15 por ciento en 2024 y 20 por ciento en 2025. La medida, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, buscaba desestimular el consumo de productos asociados a enfermedades como la obesidad, la diabetes y las afecciones cardiovasculares.

El proyecto que busca eliminarlos

Los representantes Borda, de Salvación Nacional, y Briceño, del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley para eliminar esos impuestos.

Según los congresistas, el gravamen encareció productos de consumo diario, no modificó los hábitos de consumo como se prometía y afectó a los tenderos y pequeños comerciantes. La eliminación también ha sido planteada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha anunciado que su reforma tributaria incluiría un artículo para retirar el tributo.

"Petro dijo que era para cuidarnos. Nosotros vemos un impuesto más al bolsillo de los colombianos", afirmó la representante Borda.

La postura de la Asociación de Epidemiología

Asocepic, que agrupa a epidemiólogos del país, defiende una posición contraria. La asociación sostiene que existe evidencia de que los impuestos y el etiquetado modifican las decisiones de compra, incentivan que las empresas cambien las recetas de sus productos y reducen el consumo de bebidas azucaradas.

Para ello citan el caso de Chile, el primer país de la región en aplicar el paquete completo, donde, según la asociación, el consumo se redujo un 8,3 por ciento en calorías y un 20 por ciento en azúcar, además de experiencias en México y Perú.

"Eliminar la medida a los dos años sería una decisión prematura. La evidencia disponible respalda sus beneficios y en Colombia aún no ha transcurrido el tiempo necesario para observar plenamente su impacto poblacional", señalan.

Cuatro propuestas en lugar de la derogatoria

En vez de eliminar la política, Asocepic propuso cuatro caminos. En primer lugar, realizar una evaluación independiente, con rigor técnico y datos colombianos, cuyos métodos y resultados sean públicos, antes de tomar cualquier decisión.

En segundo lugar, sustentar en datos la discusión sobre el efecto en los tenderos: según la asociación, cifras del Dane muestran que el número de micronegocios aumentó 4,7 por ciento entre 2024 y 2025 y que las ventas del comercio minorista formal crecieron en los últimos años, sin que exista un estudio oficial que atribuya al impuesto una quiebra generalizada de tenderos.

En tercer lugar, actualizar la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), que no se renueva desde 2015. Y en cuarto lugar, que el Ministerio de Salud rinda cuentas sobre el uso de los recursos recaudados por el impuesto.

Finalmente, la asociación invitó a los representantes Borda y Briceño a un espacio técnico conjunto para revisar la evidencia antes de avanzar con la eliminación. Por ahora, el proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso.

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