Alerta de la Defensoría del Pueblo por aumento de feminicidios en Colombia

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 17 feminicidios en Nariño. Durante agosto, además, se reportaron cuatro nuevos casos.

Uno de los casos se registró en el municipio de San Bernardo, en el norte de Nariño, donde Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, fue encontrada en el piso con aparentes signos de violencia, en un posible caso de feminicidio.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada a un centro asistencial de Pasto, donde permaneció en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones.

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Con estas cifras, Nariño ocupa actualmente el cuarto lugar del país en tasa de feminicidios, con un indicador de 1,94 casos por cada 100.000 mujeres, una cifra cercana al doble del promedio nacional.

La Defensoría advirtió de que estos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales para prevenir los feminicidios y garantizar una protección oportuna y efectiva para las mujeres.

A nivel nacional, con corte al 31 de julio, Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño se ubicaban entre los departamentos con las tasas más altas de feminicidio. Putumayo, con una tasa de 3,02, registra un indicador cercano a tres veces el promedio nacional, mientras que Guaviare, con 2,50, y Quindío, con 2,43, presentan tasas superiores al doble de la media nacional.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, las organizaciones de mujeres y las comunidades afectadas. Los feminicidios constituyen la expresión más grave de las violencias contra las mujeres por razones de género y vulneran sus derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad y a una vida libre de violencias”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Para el organismo, la prevención del feminicidio constituye una obligación del Estado y la respuesta institucional no puede limitarse a investigar y sancionar los hechos una vez ocurridos.

“La existencia de antecedentes de violencia, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otras formas de violencia contra una mujer debe ser asumida con la máxima seriedad por las autoridades e instituciones competentes, particularmente cuando concurran factores que puedan indicar un riesgo para su vida o integridad”, señaló la entidad.

La Defensoría reiteró que la ocurrencia de feminicidios y tentativas de feminicidio exige redoblar los esfuerzos institucionales, fortalecer las capacidades de respuesta y adoptar medidas inmediatas para identificar, atender y superar las barreras que persisten en materia de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación integral.

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Ante esta situación, el organismo pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales identificar los factores de riesgo y las barreras institucionales, así como adoptar un plan de acción interinstitucional con responsabilidades, metas, cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación, especialmente en los territorios con mayores niveles de riesgo.

Asimismo, solicitó fortalecer la identificación temprana y la valoración del riesgo feminicida, además de las medidas de protección y atención integral, particularmente cuando existan antecedentes de violencia o señales de riesgo para la vida y la integridad de las mujeres.

“Esto requiere una actuación articulada entre las entidades, intercambio oportuno de información, continuidad y seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, así como una respuesta inmediata frente a situaciones de riesgo, evitando la revictimización de las mujeres y sus familias”, recalcó la Defensoría.

Entre las recomendaciones formuladas por la entidad también está adelantar investigaciones diligentes y oportunas, con enfoque de género y de derechos humanos, frente a los feminicidios, las tentativas de feminicidio y demás manifestaciones de violencia basada en género, con el propósito de garantizar a las víctimas directas e indirectas el acceso efectivo a la justicia y la debida sanción de los responsables.

Finalmente, la Defensoría pidió garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en el análisis, formulación, implementación y seguimiento de las medidas de prevención de las violencias contra las mujeres, reconociendo su experiencia y conocimiento territorial.