Gobierno de la Espriella anuncia cambios en la consulta previa y las licencias ambientales: "se transforma para ser más clara"
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una propuesta para transformar el funcionamiento de la consulta previa y permitir que este proceso avance de manera paralela al trámite de las licencias ambientales. La medida busca diferenciar las competencias y tiempos de ambos procedimientos.
Por: Nataly Ríos
El vocero oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, Miller Soto, anunció mediante un video que la consulta previa en Colombia será transformada, con el objetivo de que este mecanismo y las licencias ambientales puedan avanzar de manera paralela y autónoma, sin que uno quede supeditado al otro. "No se acaba, se transforma para ser más clara, más eficiente y más garantista", afirmó Soto sobre la reforma a este mecanismo de participación de las comunidades.
De acuerdo con el vocero, la iniciativa busca que la licencia ambiental y la consulta previa avancen de forma simultánea e independiente, mientras la autoridad ambiental analiza los posibles impactos de un proyecto. Bajo el esquema actual, ambos procesos suelen depender uno del otro, lo que —según el Gobierno— genera cuellos de botella en los trámites.
"La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto", explicó Soto.
Con este cambio, el objetivo es que la entidad encargada de la consulta previa pueda establecer de manera independiente si existe una afectación directa sobre una comunidad, sin necesidad de esperar a que la autoridad ambiental concluya su análisis sobre el proyecto.
¿Qué cambiaría para las comunidades y los proyectos?
Uno de los puntos centrales del anuncio es que la consulta previa dejaría de operar como un requisito que impida el inicio de los proyectos: "Al final, la consulta previa deja de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico", puntualizó el vocero.
Según explicó Soto, la propuesta busca que, mientras la autoridad ambiental evalúa los posibles impactos de un proyecto, la entidad responsable de la consulta previa pueda determinar por separado si existe una afectación directa a una comunidad.
¿Qué busca el Gobierno con esta reforma?
El Ejecutivo señaló que la propuesta pretende diferenciar las competencias y los tiempos de trámite de ambos procesos, de modo que cada uno avance de forma autónoma. Según el Gobierno, esto permitiría mantener las garantías de las comunidades que puedan verse directamente afectadas por un proyecto, evitando al mismo tiempo que los trámites administrativos queden paralizados por la dependencia entre ambos mecanismos.
El anuncio abre la discusión sobre una eventual modificación de uno de los principales mecanismos de participación comunitaria en el país, en momentos en que el Gobierno busca agilizar los procesos de licenciamiento ambiental.
¿Cómo funciona actualmente la consulta previa?
La consulta previa es un derecho fundamental y colectivo de las comunidades étnicas. Según la página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), este mecanismo busca garantizar su participación y acceso a la información cuando un proyecto, obra o actividad pueda generar una afectación directa sobre ellas.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), adscrita al Ministerio del Interior, es la encargada de determinar si existe la obligación de realizar este procedimiento y de coordinar su desarrollo. Cuando se establece que la consulta es necesaria, se convoca a las comunidades y sus representantes, además de autoridades territoriales, ambientales y organismos de control.
Actualmente, este proceso también tiene relación con el trámite de las licencias ambientales. La ANLA señala que, cuando una empresa solicita una licencia, debe verificar si existe algún requerimiento relacionado con la consulta previa. Si la DANCP determina que el proceso es obligatorio, el interesado debe presentar ante la autoridad ambiental los documentos que acrediten su realización.
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