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Defensoría alerta por expansión del Clan del Golfo en Córdoba: grupo sigue obstaculizando paz total
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La Defensoría emitió una nueva alerta temprana, esta vez para siete municipios de Córdoba, por el peligro que significa este grupo armado para la población de la región.
Por: Redacción Cambio
El Clan del Golfo tiene cerca de 5.000 integrantes en distintas zonas del país. Sus hombres y mujeres mantienen enfrentamientos constantes con otros grupos -ELN y disidencias de las Farc- y generan terror entre la población civil de departamentos como Antioquia, Sucre, sur de Bolívar y Córdoba. En este último, el grupo intenta fortalecerse en las poblaciones de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, al nororiente del departamento, hacia la frontera con Sucre.
Según la alerta temprana 011 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo, los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de dichos municipios están en peligro.
“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señaló el defensor Carlos Camargo.
La estructura criminal, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) está expandiendo sus actividades narcotraficantes, pero también usa el territorio como camino de tránsito y resguardo para otras acciones ilegales.
El Ministerio Público alertó que el grupo armado, con su frente Javier Yepes Cantero, choca con grupos de delincuencia común organizada, mientras lleva a cabo acciones de “limpieza social”.
El objetivo del Clan del Golfo en la región es crear zonas seguras para mantener sus actividades ilegales entre Montería, Cereté y Planeta Rica con medio Sinú y Sabanas, hasta el Bajo Cauca. Así mismo, entre La Mojana y el golfo de Morrosquillo.
Lo anterior demuestra que este grupo armado, lejos de reducir sus acciones para buscar un camino de paz total, sigue incrementando su poder. Por eso, los organismos de inteligencia están buscando a sus cabecillas principales.
A raíz de esta situación, la Defensoría emitió 17 recomendaciones para el Gobierno nacional y las autoridades locales, para prevenir que se consumen hechos graves de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Estas “contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, explicó Camargo.
