Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Crédito: cdpsanjose.org
La comunidad de Paz de San José de Apartadó pide a la CIDH una visita por incremento de violencia
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CAMBIO conoció la petición, elevada por la comunidad tras el asesinato, el pasado 19 de marzo, de Nallely Sepúlveda y Edinson David (14 años). Desde enero han reportado presencia de paramilitares en la zona. Este 2 de abril se confirmó que habrá una visita el 16 de abril en Medellín.
La comunidad de Paz de San José de Apartadó le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer una visita a su territorio lo más pronto posible, para documentar los recientes hechos de violencia que han afectado a sus integrantes, como el asesinato de Nallely Sepúlveda (30) y Edinson David (14) el pasado 19 de marzo.
CAMBIO conoció la carta enviada por el representante legal del consejo interno de la comunidad, Germán Graciano, quien solicitó que se haga una audiencia en Bogotá o en su territorio para "poder socializar el marco de presión y atentado a los derechos humanos en los que sigue viviendo nuestra comunidad".
Este 2 de abril se confirmó que habrá visita, pero será en Medellín el 16 de este mes.
El crimen de Sepúlveda y David ocurrió en la vereda La Esperanza, zona rural del municipio. "Esta barbarie ocurre en la vereda en la que, desde hace tres semanas, venimos viviendo una invasión del predio, en el que pobladores de predios vecinos, impulsados por voceros y políticos alrededor cuestionados por vínculos con el paramilitarismo, pretenden imponer la construcción de una carretera que atraviesa nuestra comunidad", indicó.
"Pese a que veníamos denunciando estos hechos de tiempo atrás, no logramos que cesen las agresiones contra la comunidad, nuestros procesos de vida, dignidad y resistencia pacífica en el territorio", agregó.
Desde mediados de enero, la comunidad viene denunciado hechos irregulares, como la presencia de paramilitares en la vereda Resbalosa, así como en el sitio conocido como Chontalito, usando prendas camufladas y radios de comunicación.
"El lunes 5 de febrero de 2024, mientras tres jóvenes miembros de la comunidad de Paz transitaban cerca del casco urbano de San José, fueron invitados a consumir marihuana por soldados que hacían presencia junto al río", indicó la comunidad, que agregó que ese mismo día un joven fue agredido con arma blanca sin que el Ejército o la Policía intervinieran.
"El sábado 24 de febrero de 2024, en horas de la tarde, varios paramilitares portando armas y radios de comunicación, entre ellos alias Perro Negro, y alias Barranquilla, hicieron presencia en el centro poblado de la vereda la Resbalosa donde además se realizó una fiesta", agregaron.
Las denuncias señalan que el 3 de marzo de 2024, un grupo de personas, impulsadas por César Jaramillo y la JAC de la Esperanza, intentaron destruir nuestras cercas y portones en la propiedad privada, en una disputa por la construcción de una carretera. "En su intento, despotricaron contra nuestra comunidad con toda clase de insultos y vejámenes, anunciando que al día siguiente realizarían su cometido. Accionar y agresión verbal y psicológica contra nuestra comunidad, mientras guardábamos silencio", contaron.
En general, la comunidad señala que se estaría promoviendo entre la JAC de la vereda La Esperanza, el Ejército y otros particulares "un movimiento que propende por nuestra desaparición como Comunidad de Paz, como medio para realizar proyectos inconfesables que muchas veces disfrazan con ellos rótulos del “progreso” y del “desarrollo”".
"Nosotros –agregaron– no nos hacemos responsables de ningún tipo de desplazamiento forzado en el futuro, pues en ningún momento tenemos confinado a nadie como lo denuncian en medios y redes sociales nuestros agresores. La gente transita normalmente en motos y caballos sin ningún tipo de impedimento. Rechazamos ser utilizados por la JAC en esta coyuntura, como excusa para exigir al Gobierno proyectos para la vereda. También, dejamos claro ante la opinión pública que nos oponemos al tránsito de carros por nuestras propiedades privadas operando rutas ilegales y a la construcción de vías que evaden todo procedimiento legal y democrático".
Varios movimientos sociales y organizaciones están apoyando ya la petición de la Comunidad de Paz, conformada en 1997 por 500 campesinos que se negaron a dejar entrar a su territorio a cualquier tipo de actor armado, incluyendo al Ejército. Según esas organizaciones, esos dos crímenes son los primeros asesinatos de integrantes de la comunidad en más de una década. Esto evidencia la gravedad de la situación.
