Tutela en el Consejo de Estado busca que Petro se disculpe por llamar muñecas de la mafia a periodistas

Durante la posesión de Iris Marín como defensora del pueblo en Nuquí, Chocó, el presidente Petro hizo una polémica declaración sobre las mujeres periodistas en Colombia, a quienes calificó como las "muñecas de la mafia".

'Las periodistas del poder', 'Las muñecas de la mafia', construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir: 'Basta'. Ahora, le toca a usted, defensora, defenderlos contra ese fiscal de la ignominia, de la ignorancia de los que creyeron que, por ser hijos de papi y mami, y estudiar en la misma universidad, tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia", dijo el mandatario.

El comentario desató una ola de reacciones y críticas, incluyendo respuestas de organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que exigieron respeto hacia las periodistas.

Estos cuestionamientos se mitigaron después de que el Gobierno anunciara una directiva presidencial destinada a fortalecer la libertad de expresión y de prensa, estableciendo lineamientos claros sobre las obligaciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de estos derechos.

Sin embargo, el episodio volvió a abrirse luego de que el abogado Germán Calderón España presentara una tutela solicitando al Consejo que ordene al presidente ofrecer una disculpa pública a las periodistas afectadas y que se le impida utilizar expresiones similares en el futuro.

"Que se le ordene al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ofrecer públicamente una retractación y a ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas (...) que se le prohíba usar esta clase de expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas colombianas a futuro", dice la demanda.

Calderón argumentó que el comentario de Petro busca causar daño psicológico a las comunicadoras y que las medidas legales son necesarias para proteger sus derechos fundamentales. El abogado también señala que los procedimientos legislativos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podrían ser lentos, por lo que considera urgente actuar a través del Consejo de Estado para garantizar una pronta respuesta.