Crédito: Defensoría del Pueblo
Defensoría pide que se declare "estado de cosas inconstitucional" por crisis en el sistema de salud, ¿qué significa?
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El órgano institucional asegura que se ha incumplido sistemáticamente la orden que dio la Corte Constitucional de preservar la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema.
Por: Juan David Cano
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que solicita con urgencia a la Corte Constitucional declarar el "estado de cosas inconstitucional" en el sector salud colombiano, es decir, la vulneración masiva de derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas, ocasionada por una omisión de las autoridades.
Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, la situación actual del país "demanda acciones de todas las autoridades y particulares que forman parte del sistema, por lo que se hace urgente que la Corte Constitucional emita órdenes encaminadas a garantizar tan importante derecho humano”.
La petición se basa en el seguimiento realizado durante 15 años a la Sentencia T-760 de 2008, que buscaba garantizar el derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema sanitario.
La entidad de derechos humanos señala que ha constatado un incumplimiento sistemático de las órdenes que emitió la Corte en esa sentencia, lo que ha puesto en alto riesgo la vida, integridad y salud de los usuarios del sistema.
Por su parte, Camargo enfatiza que la crisis del sistema de salud trasciende la Ley 100 de 1993, afectando de manera significativa a subsistemas como el del magisterio y la fuerza pública. Estos subsistemas enfrentan graves problemas, especialmente en las zonas más remotas del país, donde las barreras en la prestación de servicios y el acceso a medicamentos son cada vez más evidentes.
La vulneración al sistema de salud tras las EPS intervenidas y en liquidación voluntaria
La Defensoría del Pueblo también señaló que su propósito ha sido alertar sobre los riesgos y vulneraciones al derecho a la salud de más de 22 millones de afiliados a las siete EPS intervenidas en los últimos 18 meses. Sin embargo, el problema en el sistema se agravó aún más con las recientes solicitudes de retiro voluntario de otras dos promotoras.
Por todo lo anterior, la entidad solicitó a la Corte Constitucional la programación urgente de una audiencia para evaluar la situación actual del sector salud. Esta audiencia debe contar con la participación del Gobierno nacional, el Congreso de la República, aseguradores, prestadores, la academia, profesionales del sector, laboratorios, gestores farmacéuticos, el magisterio, sanidad de la fuerza pública, subsistemas y la sociedad civil en general. El objetivo es encontrar soluciones a la crítica situación que atraviesa el sector.
