‘El sector energético colombiano está a punto del colapso financiero’: gremios

CAMBIO organizó el webinar ‘Apagón financiero: ¿en qué van los subsidios a la energía en Colombia?’, con la participación de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, y Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá. Estos expertos expresaron su preocupación por la crisis del sector energético, al que el Gobierno adeuda la suma de 7,4 billones de pesos, de los cuales 2,7 billones corresponden a subsidios, 3,3 billones a la opción tarifaria y 1 billón a deuda oficial. Los tres advirtieron sobre el posible colapso financiero si el Gobierno no asume su responsabilidad en el pago de estos montos.

Sánchez sostiene que Colombia lleva más de un año enfrentando retrasos en los pagos de los subsidios, especialmente los destinados a los estratos 1, 2 y 3, que reducen una parte significativa de su factura gracias a un sistema de solidaridad financiado por las empresas de servicios. Si el Gobierno dejara de cubrir estos subsidios –señala–, los usuarios tendrían que asumir el ciento por ciento del costo, lo que sería insostenible para muchas familias. Además, la deuda acumulada por el Gobierno, que asciende a 2,7 billones de pesos, ha generado una ‘bola de nieve’ que pone en riesgo tanto el bienestar de los ciudadanos como la estabilidad financiera de las empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía.

El conflicto, según estos expertos del sector, no es un problema de diseño sino de gestión. Natalia Gutiérrez enfatiza que la crisis que podría desencadenarse no es producto de un mal diseño del mercado energético, sino de la falta de gestión efectiva por parte del Gobierno. “El sistema ha funcionado bien durante 30 años, pero necesita una administración adecuada. Si el Gobierno no asume su responsabilidad, el colapso es inminente”, asegura Gutiérrez.

Por su parte, Juan Ricardo Ortega explica que, además de la deuda por los subsidios, el sistema enfrenta problemas de focalización y gestión de los recursos. Según él, desde hace más de cinco años el sistema de subsidios ha sido ineficiente, dejando de recaudar hasta 1,2 billones de pesos anuales debido a una incorrecta estratificación. En particular, muchas personas de altos ingresos, con un consumo eléctrico elevado, se encuentran erróneamente ubicadas en los estratos 1 y 2, los cuales están destinados a los hogares más pobres del país. Ortega califica esta situación como un “robo a los subsidios”, ya que aquellos que deberían estar pagando más terminan recibiendo ayudas que no les corresponden. Según Ortega, la solución a este problema podría ser relativamente sencilla, ya que basta con verificar el consumo de electricidad en cada estrato para detectar anomalías.

Opción tarifaria: una deuda pendiente y posibles soluciones

La opción tarifaria, que surgió como un saldo diferido durante la pandemia, fue una medida para mitigar el impacto del aumento de tarifas eléctricas en la crisis de salud. En lugar de que este incremento recayera directamente sobre los hogares, las empresas asumieron los costos adicionales. Y a pesar de que el presidente Gustavo Petro se comprometió el año pasado a cubrir este saldo, la reforma tributaria que lo contemplaba no fue aprobada, y aún se espera una solución.

Este pendiente supera los 3 billones de pesos y, en un contexto de restricciones fiscales y problemas de caja, la pregunta es cómo resolverlo sin comprometer aún más la estabilidad financiera del país. Camilo Sánchez explica que el Gobierno ha improvisado en su manejo de la situación y resalta la necesidad de un ministro de Hacienda con visión a largo plazo. Según Sánchez, no se puede recurrir a una nueva reforma tributaria ya que ello afectaría negativamente al sector productivo. En su lugar, aplaude la propuesta de titularización, impulsada por Juan Ricardo Ortega, como una opción viable. Esta estrategia permitiría generar liquidez mediante el aval del Gobierno, sin necesidad de que este desembolse directamente los recursos.

El siguiente paso, según Sánchez, es incluir un artículo en la próxima reforma que el Congreso ha solicitado con mensaje de urgencia. Es una medida que permitiría generar los recursos necesarios y evitar quiebras en las empresas. Sin embargo, destaca que la deuda no debe estar vinculada a la reforma tributaria, la cual ya ha sido rechazada en el Congreso. Además, cuestiona la gestión fiscal que ha conducido al déficit actual.

Otro punto crítico señalado por Sánchez es la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos. Advierte que forzar a las compañías a seguir prestando el servicio sin poder pagar sería “insostenible y peligroso”. Según el directivo, el Gobierno no puede ignorar los riesgos asociados con la falta de inversión en el sector energético.

Sánchez también subraya que las grandes inversiones en infraestructura energética no están siendo asumidas por la administración nacional, sino por empresas privadas y mixtas. Si no se garantiza seguridad jurídica y rentabilidad mínima, las inversiones en el sector caerán, lo que tendría un impacto negativo en el suministro de energía.

Por su parte, Juan Ricardo Ortega reitera la urgencia de una solución clara y definitiva para la opción tarifaria. Según él, el Congreso debe separar las discusiones sobre subsidios de otros debates fiscales. Asegura que, de no resolverse, el sistema energético podría verse comprometido, lo que afectaría la prestación del servicio esencial para los colombianos. Ortega enfatiza en que no se puede seguir utilizando un problema tan crítico como la energía, fundamental para el bienestar de todos, como un instrumento para impulsar reformas fiscales.

La transición energética en Colombia: un reto de equilibrio

La presidenta de Acolgen, por su parte, asegura que Colombia se enfrenta a un desafío clave en su transición energética. A medida que la demanda de energía crece, los estudios indican que, para 2026 y 2027, el país podría enfrentar un déficit de ese servicio. Aunque la energía solar ha tomado protagonismo en los últimos años, la confiabilidad del sistema energético sigue siendo un tema de preocupación, pues las plantas solares no pueden generar energía de noche como sí lo hacen las plantas térmicas o hidroeléctricas con embalse.

El país tiene grandes recursos para generar energía eólica, especialmente en La Guajira, pero la ubicación geográfica limita su expansión. A pesar de esto, los esfuerzos por hacer la matriz energética más limpia han dominado la conversación, con un enfoque en energías renovables. Sin embargo, este modelo tiene limitaciones si no se complementa con otras fuentes de energía más confiables.
Natalia Gutiérrez señala la falta de señales claras por parte del Gobierno para fomentar la construcción de nuevas plantas térmicas y la expansión de hidroeléctricas. Estas tecnologías, aunque más controvertidas, son esenciales para mantener la seguridad energética del país. Sin un equilibrio entre energías renovables y fuentes más tradicionales, Colombia podría enfrentar problemas de confiabilidad y eficiencia, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.

La clave para evitar estos problemas es un enfoque de política pública que logre equilibrar tres factores: una matriz energética más limpia, eficiente en costos y, sobre todo, confiable. Esto es esencial no solo para la estabilidad del sistema energético, sino para garantizar que todos los colombianos tengan acceso a energía de calidad y disponible las 24 horas del día.

“Si no encontramos ese equilibrio, vamos a ver las consecuencias muy pronto. Como ya lo mencioné, las decisiones apresuradas en el sector energético pueden acabar afectando lo más básico de nuestras vidas, como la comida de la nevera”, concluye Gutiérrez.
Mientras tanto, los gremios del sector continúan alertando sobre la falta de medidas claras para resolver el problema de los subsidios y la mala focalización de los recursos. En este contexto, la sostenibilidad de la industria energética y la calidad de vida de millones de colombianos están en juego. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país podrá evitar lo que muchos consideran una ‘muerte anunciada’ del sistema energético.