Gustavo Petro se raja en erradicación e incautaciones, pero gana en desmantelamiento de cristalizaderos de coca: así va el Acuerdo de Paz, según el Congreso

Hace siete años el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, y el país no parece ir bien en materia de drogas, reparación colectiva y seguridad, según un informe del Congreso que hace un balance de la implementación, sobre todo durante el Gobierno de Gustavo Petro. El panorama general es gris.

De acuerdo con los datos consignados en el documento Del Capitolio Al Territorio, presentado por el senador Humberto de la Calle, y los representantes a la Cámara Alirio Uribe, James Mosquera, Cristian Avendaño, William Aljure y Orlando Castillo, entre otros, y creado de la mano de la Embajada de Reino Unido y la Fundación Ideas para La Paz, el Gobierno está quedado en la erradicación de cultivos ilícitos, con una disminución del 84,3 por ciento en hectáreas eliminadas en el primer semestre de 2023, con respecto al del año anterior.

Además, la meta de incautaciones de clorhidrato de cocaína no se cumpliría si las cosas siguen como van, pues el ritmo ha bajado 12,3 por ciento con respecto a 2022. Por el contrario, en la primera mitad del año el desmantelamiento de cristalizaderos de cocaína aumentó 12,5 por ciento frente al año pasado, mejorando el panorama con respecto a una tendencia que iba en caída desde 2016.

Aparte de lo anterior, hay una falencia profunda en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pues hay demoras en la ejecución de la plata dirigida a las familias cultivadoras y no cultivadoras para la sustitución por medio de proyectos productivos. 

Otro de los asuntos más críticos tiene que ver con los asuntos de seguridad, con frecuencia relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, el Estado sigue fallando en la respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El 75 por ciento de los hechos violentos advertidos por esa entidad terminan ocurriendo a falta de acciones contundentes de las entidades llamadas a responder, incluyendo ministerios, Ejército, Policía, gobernaciones, alcaldías y más.

Por otra parte, los exmiembros de la guerrilla corren un riesgo constante, reflejado en los datos de la Fiscalía General. Estos muestran que, tras la firma del acuerdo, 345 firmantes han sido asesinados, y 247 de ellos estaban en municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En los primeros siete meses de 2023, 28 excombatientes fueron asesinados. Con ello, los líderes sociales y defensores de derechos humanos están también bajo fuego. 

El crecimiento en las cifras de secuestro es otro de los datos más inquietantes de esta radiografía. Según el documento, durante 2023 y con corte al 31 de julio, 180 casos se habían registrado. El aumento fue de casi el 82 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Con respecto a la situación de orden público del país y su relación con la implementación del Acuerdo de Paz, los congresistas que presentaron el informe se manifestaron con vehemencia. El senador de Verde Oxígeno, Humberto De La Calle, resaltó que “la tasa de homicidios en la nación fue de 14,6 por cada 100 mil habitantes, pero en esos territorios es de 23”, agregó.

Seguido, David Luna, senador de Cambio Radical, resaltó que “el Acuerdo de Paz es la pieza fundamental para avanzar en todo lo demás”, refiriéndose a la Paz total que intenta impulsar Petro.

“Los actores armados que quieran avanzar en diálogos serios (…) tienen que cesar cualquier tipo de actividad violenta y cesar acciones contra la fuerza pública”, dijo a su turno Omar de Jesús Restrepo, senador del partido Comunes, de las extintas Farc, en la misma línea.

En lo que tiene que ver con víctimas y justicia transicional, el informe resalta que si las cosas siguen como van, las víctimas del conflicto estarán indemnizadas en unos 60 años, por cuenta del ritmo lento en que se han implementado las medidas de atención y reparación integral, a junio de 2023. Los números son los siguientes: para ese mes, 1.357.328 habían sido indemnizadas, tan solo 17,9 por ciento del total. 

Así mismo, las acciones para reparar a 917 Sujetos de Reparación Colectiva van a paso lento. Solo el 6,1 por ciento han completado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Esta es una ruta creada con la Ley de Víctimas, que incluye medidas de restitución, garantías de no repetición, indemnización y rehabilitación de los grupos afectados por el conflicto. La demora es especialmente crítica en lo que tiene que ver con sujetos étnicos. Solo el 0,3 por ciento de ellos han culminado el plan.

De la misma forma, el informe revela que, a siete años de la firma del Acuerdo de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha recibido más de 22.000 solicitudes de búsqueda, pero solo ha recuperado 811 cuerpos, de los que solo 21 pudieron identificarse. Otras entidades han encontrado 289 desaparecidos.

En contraste, un punto a favor de la administración actual es el acceso a tierra. Más de 2.241.098 de hectáreas han ingresado al Fondo de Tierras desde la firma del Acuerdo de Paz y 108.476 fueron ingresadas entre agosto de 2022 y el 21 de mayo de 2023. En este Gobierno, el corte de cuentas muestra que se han entregado 2.699 hectáreas, lo que ha beneficiado a 1.275 familias.

Así mismo, desde el inicio del Gobierno de Petro y hasta junio de 2023, se habían formalizado 52.535 hectáreas para mujeres o parejas, mostrando un avance positivo en el acceso a tierra para mujeres. En total, desde la firma, se han titulado 448.695 hectáreas que benefician a 38.001 mujeres.

No obstante, el informe refleja cómo, si bien ha habido un aceleramiento en la formalización de tierras, las cifras de la Agencia Nacional de Tierras son dudosas, como fue denunciado por congresistas y medios de comunicación.

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Sumado a esto, hay retrasos en el catastro multipropósito; los PDET habrían dejado de ser una prioridad y no hay Plan Nacional de Salud Rural, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo lo contempla. Además, la sostenibilidad económica de los reincorporados muestra problemas, porque los proyectos productivos de los firmantes del acuerdo casi nunca son lo suficientemente rentables como para servir de sostén económico. Ahora, el Gobierno ha comprado más de 994 hectáreas de tierra destinadas a las personas en proceso de reincorporación, tanto para que vivan como para que desarrollen sus proyectos, de acuerdo con la información obtenida por los congresistas autores del informe de seguimiento.

Así las cosas, no es del todo sorprendente que la ejecución de recursos esté por debajo de lo esperado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, especialmente en la Agencia Nacional de Tierras, en donde viene registrándose una subejecución de recursos desde hace años.