
Después de alcanzar una serie de acuerdos con el Distrito, la comunidad Embera salió del Parque Nacional.
‘Las declaraciones de las autoridades de Bogotá estigmatizan y vulneran la dignidad de los pueblos indígenas’: Defensoría del Pueblo
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La entidad indicó que las recientes declaraciones de funcionarios del Distrito podrían relacionarse con síntomas del racismo arraigado en la sociedad. Además, pidió a los líderes del pueblo indígena proteger los derechos de los niños y niñas de la comunidad Embera.

Desde el 7 de mayo, más de 100 indígenas Embera se han asentado en carpas y cambuches improvisados frente al Parque Nacional, con el fin de solicitar el apoyo necesario para regresar a sus territorios. La Defensoría del Pueblo denunció que autoridades distritales habrían incurrido en comportamientos racistas en la atención del caso.
La administración distrital indicó que ha establecido equipos especializados para garantizar el retorno seguro de las comunidades indígenas a sus territorios. Sin embargo, la Defensoría reiteró que en el acompañamiento del proceso se han identificado situaciones relacionadas con la posible vulneración de derechos colectivos por parte de funcionarios.

En los últimos días, el Distrito denunció que líderes de la comunidad indígena estarían instrumentalizando a menores de edad para asentarse en el Parque Nacional. De hecho, el secretario de Seguridad, Cesar Retrepo, afirmó que los niños y niñas menores de 14 años serían “reclutados por miembros de la Guardia Indígena para realizar actividades militares”.
“Las afirmaciones denotan desconocimiento de las normas constitucionales que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas y su ordenamiento jurídico propio. Además, los estigmatiza, vulnera su dignidad colectiva. El grave desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas parece ser un síntoma del arraigado racismo”, indicó al respecto la Defensoría.

En su comunicado oficial, la entidad rechazó la vinculación de la Guardia Indígena Nacional con grupos armados ilegales y reiteró que el organismo ancestral constituye una expresión legítima reconocida por la Constitución. Además, enfatizó en que los menores que integran la Guardia realizan actividades relacionadas con la pervivencia cultural de sus pueblos.
La consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, reconoció que el reclutamiento es un crimen de guerra que se presenta en el contexto del conflicto armado, por lo que no debería ser asociado a la Guardia. Sin embargo, pidió garantizar que la integridad de los menores sea protegida en cada una de las actividades realizadas en sus comunidades.
Comunidad Embera salió del Parque Nacional y regresó a la UPI La Rioja: ¿cuáles fueron los acuerdos?
En la noche del 11 de mayo, la Alcaldía de Bogotá informó que los miembros de la comunidad Embera que permanecieron cuatro días frente al Parque Nacional para exigir apoyo institucional decidieron regresar a la Unidad de Protección Integral La Rioja, tras múltiples acuerdos alcanzados entre líderes indígenas y funcionarios del Distrito.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, uno de los compromisos destacados corresponde a la entrega de alimentos no perecederos desde el próximo 14 de mayo hasta la última semana de julio. Además, se entregarán kits solicitados por la comunidad que serán compuestos por platos, cubiertos, colchonetas, sábanas y cobijas.
Por otra parte, se estableció que la Unidad para las Víctimas será la encargada de avanzar en el proceso de caracterización para evaluar el posible retorno de la comunidad indígena a su territorio en agosto próximo. Asimismo, se acordó la entrega de mercados para los próximos tres meses y el suministro constante de implementos básicos de higiene.

La Defensoría del Pueblo reconoció la importancia de los acuerdos, pero reiteró la necesidad de que las autoridades distritales y nacionales garanticen entornos en los que los indígenas no sean estigmatizados. Asimismo, les solicitó a los líderes de la comunidad proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“El pueblo Emberá y sus autoridades tienen la obligación de proteger el interés superior de la niñez. Su autonomía no les autoriza, bajo ninguna circunstancia a instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes en acciones que los exponen y les impiden el ejercicio de sus derechos”, explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
