"No hemos mejorado en el tema de seguridad": Leonardo González, director de Indepaz

2024 empieza con un balance lamentable de masacres y asesinatos de líderes sociales: las cifras son casi idénticas a las del año pasado. No obstante, la esperanza de que los procesos de paz con diversos grupos avancen, sigue presente, pese al mensaje preocupante del ELN, que, al parecer, no va a dejar de secuestrar. Para Leonardo González, director de Indepaz, es urgente que se implemente la política de seguridad, que el Estado proteja a los líderes sociales respaldando sus causas y que el Gobierno también converse y negocie con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. En conversación con CAMBIO, González explicó el panorama de violencia en el país, se refirió a la desconexión entre los integrantes de los grupos armados y de las pequeñas mejoras en términos de protección de derechos humanos en el país.

CAMBIO: Terminamos el año con 94 masacres, las cosas no están mejorando en ese sentido. ¿Cuál es su perspectiva?

Leonardo González: En 2022 fueron igualmente 94, es decir, estamos igual que el año pasado. No hemos mejorado en el tema de seguridad, especialmente de masacres. El tema de violencia hay que dividirlo en dos: una por grupos armados y otra por bandas tercerizadas, microtráfico, violencia, urbana. Un tercer punto es el de la intolerancia, es decir, la violencia por conflictos de familiares, de los vecinos, que puede ocasionar este tipo de acciones.

Se tiene que el 30 por ciento de las masacres las cometen los grupos de alto impacto, como el ELN, el Estado Mayor Central de las Farc, Autodefensas Gaitanistas –el Clan del Golfo, que es el más grande–, la Segunda Marquetalia y los de la Sierra Nevada de Santa Marta (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra). El resto de masacres, el 70 por ciento, las cometen, sobre todo, bandas de microtráfico, pequeñas bandas en las zonas pobladas, en grandes ciudades. Estas bandas, que son pequeñas, que están en estas zonas son tercerizadas por los grandes grupos. Aún así, tienen una dependencia, más no una obediencia irrestricta. No hacen parte de un gran grupo, pero sí los utilizan. Esto siempre ha sucedido desde la Farc. Esa relación de pequeños grupos con los grandes es muy importante tenerla clara. La política de paz total ha estado dirigida especialmente a los grandes grupos y en algunas zonas a otros grupos, como en la Oficina de Envigado, la oficina del Valle de Aburrá, en Buenaventura y en Chocó. De resto, no se ha tenido una política de paz total. Tenemos descuidada esa pata de la mesa, por así decirlo, que son las pequeñas bandas, no ha habido una política de paz total en ese sentido.

Cada una de las masacres tiene una intención. Una, es tratar de ejercer un control territorial en esa zona, decirle al otro grupo que está en el territorio "hemos llegado y aquí es lo que nosotros digamos". Algunos grupos cometen una masacre para decirle a la comunidad el mensaje de que están en el territorio y de que ellos son los que mandan. La masacre es bullosa, genera zozobra, genera terror, y esa es la intención. Y bueno, también se esparce el mensaje de que aquí no pasa nada porque hay una gran impunidad en el país, entonces pueden hacerlo. Distinto, todo lo contrario, es una desaparición forzada, que es un acto silencioso. 

CAMBIO: ¿Cómo nos fue en 2023 con respecto a 2022?

L.G.: Quedamos igual, 94 en 2022 y 94 en 2023. En 2021 fueron 95, en 2020 fueron 91. Lo paradójico es que ha habido cese al fuego, que en algunas zonas se ha cumplido. Cese al fuego de enero a junio con cuatro grupos, menos el ELN y con el EMC, que fue parcial en algunas zonas, hasta marzo con la masacre de los niños en Caquetá. Ahí el Gobierno dijo "seguimos ese cese al fuego con todas partes menos con los de Caquetá, Cauca, Nariño". También hubo cese parcial hasta el paro armado en la zona minera en Antioquia con las Autodefensas Gaitanistas, cuando el Gobierno dijo "hasta aquí va el cese al fuego con ustedes".

Aún así, hubo varios meses con ceses: con el ELN hemos tenido cese al fuego desde el 3 de agosto hasta el día de hoy y con el EMC desde el 18 de octubre hasta el día de hoy. A pesar de eso, continuamos con la misma estadística de los años anteriores y hay dos conclusiones: o el cese al fuego no ha servido –el EMC no lo cumple en el Cauca especialmente, pero sí en otras partes– o estamos haciendo el cese al fuego con unos que no están cometiendo las masacres, estas las están cometiendo especialmente grupos pequeños, bandas. Las dos tesis son válidas.

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CAMBIO: ¿Puede que haya masacres de las que no nos estemos enterando?

L.G.: Es posible, pero es difícil, porque ocultar tres muertos o tres cuerpos es muy complicado. Claro, a no ser que la intención sea esa, que la intención sea la desaparición forzada de una persona y eso ha sucedido. Desaparecen dos, tres, cuatro muchachos y no se sabe, pero la masacre tiene la intención de generar eso. Las masacres suceden en vías públicas, en las casas, en las fiestas, en una zona concurrida, no es en la zona alejada en donde nadie se da cuenta. A veces sí sucede eso, pero ya es por problemas de conectividad que nos enteramos unos días después. Ahora, es probable que no hayamos contado alguna, por supuesto, porque no tenemos gente u organizaciones amigas en todo el territorio del país.

CAMBIO: Si uno mira el mapa del país de los últimos años, ¿se repiten las zonas en donde han ocurrido las masacres o ha habido alguna reconfiguración?

L.G.: En 2020, los principales departamentos fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño. En 2021 fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Desde ese año empieza Valle del Cauca por la guerra en el norte del Valle, especialmente entre grupos aliados del narcotráfico, grupos de microtráfico.

En 2022, las estadísticas son: Cauca primero, Valle del Cauca segundo, Antioquia tercero y Norte de Santander y Putumayo con siete masacres cada uno. En 2023, la estadística muestra primero Valle con trece masacres, Antioquia con doce, Cauca con nueve y Atlántico con nueve. Hablamos especialmente de Barranquilla y Soledad. Esto es por estas disputas de microtráfico y narcotráfico, es especialmente por las rentas legales -para parapolítica, la "guerrillopolítica", poner alcaldes les favorece mucho- e ilegales, como minería, drogas, tala de árboles y la extorsión. En narcotráfico hay una solución, pero con la extorsión es muy complicado.

CAMBIO: ¿Qué nos espera en 2024 en estos temas, teniendo en cuenta los diálogos de paz?

L.G.: Hay un cambio importante, que es el de Otty Patiño y Vera Grabe, es un cambio de discurso, en donde lo fundamental es el respeto al derecho internacional humanitario. Ellos dicen: "No nos sentamos hasta que no veamos bien lo del tema secuestro". No es decir: "Bueno, sentémonos a ver qué pasa". Entonces, esperamos que avancen, especialmente en temas humanitarios. Yo creo que algo urgente que está en veremos es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente el ELN y el EMC. En varios casos, también por las AGC. Lo sabemos porque muchos de los combatientes que están cayendo en combate son menores de edad, por las denuncias permanentes de las comunidades, especialmente indígenas, por los suicidios de muchos de los niños que prefieren suicidarse a ser parte de las filas, por el desplazamiento forzado de muchos familias. Ese tema es una tragedia que no se está contando y esperemos que esté en la mesa. Es urgente.

CAMBIO: ¿En que está fallando el Estado y cómo puede mejorar en 2024? Hablo de acciones concretas, aparte de las negociaciones. Se ha criticado la falta de una política clara de seguridad...

L.G.: Aquí lo que ha fallado realmente es una política de Estado, hay una política de Gobierno, pero esta debe ir de la mano de las otras entidades. La ausencia de una política compartida con la Fiscalía en los territorios se ve en la ausencia de justicia. Aquí se requiere que haya un diálogo permanente entre la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las autoridades locales y especialmente las comunidades, porque estas tienen sus propios mecanismos de autoprotección, las guardias indígenas y cimarronas, las alertas comunitarias, etc. Es decir, que sea una sola política enmarcada en la protección de las comunidades, pero la ausencia de diálogo con el fiscal y con la Fiscalía ha golpeado mucho al tema de seguridad. Esperemos que con el cambio de fiscal, pues ella si tenga tengo un diálogo más cercano con el Gobierno.

CAMBIO: ¿Cómo describe esa política de Gobierno?

L.G.: Es la política que se creó desde hace poco desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que, entre otras, fue una política que pidió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ser su tarea y no lo habían hecho en varios años. Se presentó este año, se trata de unir a las diferentes instancias. Ahí está la Defensoría, la Fiscalía, el Gobierno con todos los ministros que tienen que ver con este tema y la ciudadanía, la sociedad civil. Es una política no solamente de acción contra los grupos armados, sino contra las estructuras criminales. El tema es que estamos ante un tema de macrocriminalidad, no solamente son grupos armados, sino también economías ilegales, la cultura violenta. Así lo ve esta nueva política y lo que falta es implementarla. 

CAMBIO: Antonio García, líder del ELN, publicó una columna diciendo que no van a parar de secuestrar hasta que los financien. ¿Cómo cambia el panorama para 2024 con este anuncio? Pensamos que el 30 de enero cesarían estos crímenes.

L.G.: Ahí lo que se pone en duda es la unidad del ELN. Una cosa es lo que se negocia en las mesas y otra lo que tiene Antonio García, lo que dice el frente de Chocó. Muchas veces declaran el cese al fuego y luego el frente de Chocó dice que hay paro armado. Hay una desconexión entre la mesa y las bases. Y ahora vemos lo que dice García, de que el Estado tiene que financiarlos. El Estado puede financiarlos y ha financiado muchas veces a los grupos armados después de la dejación de armas y eso es normal, lo hizo con el M-19, con la Farc. En temas también es de protocolo, para esto tendríamos que saber cuántos son, dónde están, y en qué cuenta se les consigna. Habría que reunirlos, tendrían que concentrarse y eso eso ningún Gobierno lo va a hacer mientras continúan con las armas. Eso es una especie de chantaje.

CAMBIO: ¿Hay un teléfono roto?

L.G.: Sí, esperamos entonces que haya una sola voz, que el primero de enero, es que no sé por qué esperar hasta el 31, dejen de secuestrar y liberen a las personas que tienen en su poder. Y que dejen de reclutar, muchas acciones que realmente permanecen contra la población. No se justifica ni siquiera por decir que necesitan el dinero para poder sobrevivir, porque ellos tienen varias rentas. De lo que tiene el ELN para sobrevivir, el secuestro es solo el 10 por ciento.

CAMBIO: Hablemos de líderes sociales. Este año estamos igual que el año pasado en cuanto a asesinatos. Más de 180 en 2022 y en 2023 igual. ¿Qué hacer, aparte de la política de seguridad y de los diálogos, para que disminuya significativamente esta matanza en 2024? 

L.G.: Hay que entender lo que está pasando y por qué matan a un líder social. Al líder social no lo matan por ser líder social solamente. La pregunta es cuál es el proceso que está defendiendo esta persona. Si el proceso es de una ampliación de un resguardo, una creación de un Consejo Comunitario, una implementación del Acuerdo de Paz, una restitución de tierras, la protección de un páramo. Lo que hay que hacer es primero analizar cuál es el proceso que está defendiendo esta comunidad y ayudar a que ese proceso se dé. Es decir, no dejar la vocería solamente al líder. Si el líder está buscando la creación de una zona de reserva campesina en Caquetá, pues que la creen. No dejar entonces que los únicos que están dando la pelea sean las mismas comunidades, sino ayudar desde la sociedad y el Gobierno, el Estado, a que se de ese ese cambio.

En lugar de estar mirando cómo le ponemos un escolta a todos los líderes, porque es que son ocho millones de líderes aproximadamente, lo que hacemos es garantizar que la lucha que ellos están dando o la voz que ellos están alzando, realmente se oiga. Eso es lo que hace falta realmente en el análisis y es ver qué es lo que está sucediendo. A veces nos quedamos solamente con la prevención de cada uno de los casos y la protección individual.

Lo otro es ver cuáles son los mecanismos de autoprotección de las mismas comunidades que muchas veces son más efectivas que las del Gobierno. También las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Hoy no se les está prestando la suficiente atención y no se están cumpliendo. La idea es hacer una veeduría para que se cumpla, que las comunidades puedan exigirles a las entidades, a los alcaldes que cumplan.

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CAMBIO: ¿Hay alguna forma de exigir ese cumplimiento a las entidades?

L.G.: Hay una duda de si es una obligación o una recomendación. Es la primera cuando hace parte de sus funciones. Esto también tiene una duda y es hasta qué punto la Defensoría tiene esa potestad de estarle diciendo a un alcalde qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, por ejemplo.

CAMBIO: El panorama es duro, pero ¿en qué sí mejoramos en cuanto a violencia, derechos humanos y cómo podemos mantenernos o seguir mejorando?

L.G.: En lo que realmente hemos mejorado es, especialmente, en la limpieza al interior de la Fuerza Pública. El trabajo que ha venido realizando el ministro de Defensa ha sido muy importante, pues la corrupción en el interior de la fuerza pública es muy grande. Con esa limpieza se han presentado unas altas tasas de incautaciones de toneladas de coca, con presencia en diferentes zonas. También está la protección que se ha tenido para los firmantes de paz, pues han bajado los homicidios en un 25 por ciento y esto por una política distinta, especialmente desde lo colectivo. Ya no es una política individual, sino de pensar en lo colectivo, que es implementar realmente el Acuerdo de Paz. En materia de seguridad también los diálogos de paz. Eso ha sido clave. Estaríamos mucho peor, antes teníamos una tendencia al alza, digamos que al menos se paró y quedó igual que el año pasado. Esos diálogos esperemos que den fruto en el próximo año. De resto es muy difícil, las cifras hablan por sí solas. En algunas comunidades fue muy importante el cese al fuego, como en Norte de Santander, pero eso mismo no te lo van a decir en el Cauca. No hubo nada y estamos peor, incluso. Dependemos mucho de la poca unidad que tienen los grupos armados.

CAMBIO: Desde una perspectiva más personal, ¿cómo se siente frente al 2024? ¿Tiene esperanzas?

L.G.: Siempre tenemos esperanzas y siempre somos optimistas y esperamos que las cosas resulten, porque sino sería muy difícil trabajar en estas cosas sabiendo que vamos a empeorar. Creemos que es necesario que en febrero empiece la negociación, no solo diálogo, con las AGC y con todos los grupos. Es una bobada seguir pensando que solamente se negocia con el guerrillero, aquí se tiene que negociar con todo aquel que tenga un poder en el territorio y que se pueda transformar el territorio con la dejación de las armas de ese grupo.

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Es muy difícil hablar de sometimiento a la justicia con un grupo que tiene un poder tan grande como las Autodefensas Gaitanistas, es muy grande en muchos municipios. Ese poder se debe transformar en posibilidad de cambio reales. La negociación no es para que el grupo armado esté mejor, sino para que las zonas donde ellos están, estén mejor. Y si se puede estar mejor negociando la transformación con el grupo armado, hay que hacerlo. No es darles cupos en la política, no es necesario. Yo creo que este año es el año donde tenemos que terminar con mínimo siete meses de negociación, con un grupo muy grande que lo toman como pequeño, que es la Oficina del Valle de Aburrá. Ese grupo controla Bogotá, controla, obviamente, el Valle de Aburrá, controla gran parte del narcotráfico, extorsión y pasa desapercibido como un grupo delincuencial de alto impacto.