El Grupo Jurídico de Antioquia le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que dicte medidas cautelares sobre el cementerio del municipio de Cocorná, en Antioquia, en donde hay desaparecidos de la guerra. En este camposanto, entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre, la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha estado interviniendo.

Se trata del segundo cementerio del departamento que más personas sin identificar recibió entre 2002 y 2004, provenientes de distintas zonas. El primero fue el de Rionegro.

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Según conoció CAMBIO, hay 50 bóvedas con nombre y fecha en las que habría personas muertas en el contexto del conflicto armado. Tras varios años, sus familiares nunca las han reclamado. Aparte, hay 61 bóvedas de interés forense para la UBPD –en la comisión actual, planea intervenir 40– marcadas con las siglas de PNI, persona no identificada.

(Foto: CAMBIO-José Báez)

El Oriente Antioqueño está compuesto por 23 municipios, que vivieron una guerra cruenta desde los años ochenta, por cuenta de la presencia de la extinta guerrilla de las Farc, el ELN y distintos grupos paramilitares, así como el Ejército.

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Un ejemplo que retrata la gravedad de lo que vivió la región en el desarrollo del conflicto en el país, es que de 104.000 desaparecidos reportados en Colombia, aproximadamente 3152 son del oriente de Antioquia. Es posible que varios de los casos correspondan a personas a las que grupos armados reclutaron forzadamente, muchos de ellos siendo todavía niños, niñas y adolescentes. La mayoría de los desaparecidos de la zona tenían entre 11 y 40 años.

Otros de los casos pueden corresponder a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pues al menos 240 casos de falsos positivos –de los casos conocidos– sucedieron en el departamento en poco tiempo. El 60 por ciento se dio en el oriente: Granada, Cocorná, San Francisco y Nariño fueron los más afectados, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que la JEP citó en el Auto 062 de 2023, con el que imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a ocho militares más por el asesinato de personas que hicieron pasar, falsamente, como bajas en combate, entre 2002 y 2003.

Las medidas cautelares que busca aplicar el Grupo Jurídico de Antioquia –que representa a 500 familias víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos–, tienen el objetivo de "garantizar los derechos a la verdad, la memoria colectiva, la reparación simbólica, la participación y las medidas de satisfacción de las víctimas". Es decir, brindaría herramientas para que el cementerio tenga protección especial, ante la posibilidad de modificación que pudiera afectar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.