
¿Riesgo de censura? La alerta de la Flip sobre la ley de violencia política contra las mujeres
La ley debe pasar por examen en la Corte antes de entrar a regir.
La Fundación para la Libertad de Prensa, la organización El Veinte y la Fundación Karisma le advierten a la Corte Constitucional que la iniciativa aprobada en 2023 en el Congreso tiene definiciones tan amplias que podrían llevar a la censura o a restringir la crítica contra figuras y funcionarias públicas. Detalles.
En mayo del año pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley estatutaria que es considerado un hito porque toma medidas para prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer. La iniciativa de las senadoras Nadia Blel y María José Pizarro debe pasar el examen en la Corte Constitucional antes de convertirse en ley y empezar a regir. Ante el alto tribunal, varios expertos han presentado algunos reparos, asegurando que la norma tiene una definición de violencia política amplia y ambigua que podría implicar un riesgo de censura para medios de comunicación, blogueros y caricaturistas.
¿Por qué? La iniciativa dice que se entiende por violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política toda acción, conducta u omisión que se haga de manera directa o por terceros, en público o en privado, “basada en elementos de género, (y que) cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a su familia, sin distinción de su afinidad política, que tenga por objeto o resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos políticos, en el marco de procesos electorales”, pero también en el ejercicio de la función pública.
La ley también afirma que la violencia contra las mujeres en política puede incluir la violencia verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica. Para la Fundación para Libertad de Prensa (Flip), la organización El Veinte, que trabaja en defensa de la libertad de expresión, y la Fundación Karisma esa definición puede ser problemática y afectar el trabajo de los medios de comunicación y de la ciudadanía que, en general, debate de manera amplia pero también desinhibida sobre asuntos de interés público.
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