JEP sancionará al general (r) William Torres Escalante y a otros 18 militares por 318 casos de 'falsos positivos' en Casanare

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz postuló ante el Tribunal para la Paz al general en retiro del Ejército Nacional William Torres Escalante, así como a otros 18 militares por la comisión de 318 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en el Casanare. La decisión incluye igualmente al exdirector seccional del extinto DAS Orlando Rivas Tovar y a los civiles Wilson Rodríguez y Miguel Fernando Ramírez que fueron falsos informantes del Ejército y se encargaron de engañar a las víctimas.

Estas personas fueron imputadas por la JEP en 2022 por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ahora, tras revisar su reconocimiento, indicó que estas personas sí aceptaron las imputaciones que se les endilgaron y que, por eso, pueden recibir las sanciones propias en una decisión que tomará luego el Tribunal para la Paz.

Estas personas hacían parte de la Brigada 16 del Ejército, que comandó Torres Escalante entre diciembre de 2006 y junio de 2007; así como del Batallón ‘Román Nonato Pérez’(Brino 44) y del Gaula Casanare. Todos fueron imputados por crímenes de lesa humanidad y de guerra por haber hecho parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008.

De la Brigada 16 fueron están el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz.

Por parte del Gaula Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad incluyó al mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante de la unidad; al capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia; a los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián, excomandantes operativos; al cabo primero (r) Gélver Pérez García; y al soldado (r) Alexánder González Almario.

En el caso del Batallón ‘Birno 44’, la JEP remitió al Tribunal al teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante; al capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y al sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, exjefes de la sección de inteligencia. Igualmente, al teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, exjefe de operaciones; al capitán (r) Miguel Andrés Sierra García; al sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; al mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; al mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; al sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; y al cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.

Un elemento importante de esta decisión de la JEP es que incluyó la imputación de los crímenes de guerra de tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes a seis militares al encontrar, con los testimonios recibidos a lo largo del proceso, que las víctimas fueron objeto de ultrajes físicos y psicológicos antes de ser asesinados. 

El magistrado Óscar Parra indicó que estas 22 personas han reconocido en el marco del proceso transicional los hechos. En este caso dos personas no habían reconocido inicialmente responsabilidad: uno fue el coronel Cipriano Peña, quien falleció en 2023, y el otro es el coronel Germán Alberto León Durán quien, en consecuencia, fue enviado a la Unidad de Investigación para que se defendiera en juicio. No obstante, en esa instancia, el exoficial sí aceptó su responsabilidad en los crímenes. 

Para explicó que en esta imputación no abarcó al coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y al teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, cuyos reconocimientos de verdad aún están en examen por parte de la Sala de Reconocimiento. El primero ha sido criticado por hacer discursos victimizantes y el segundo reconoció haber mentido. Por eso, se le abrió un incidente que podría terminar en su expulsión de la JEP.

Esta imputación en el subcaso Casanare se suma a otra del pasado mes de abril en el que la JEP imputó al sargento (r) Jaime Luis Olivera Arrieta, analista de blancos de la Brigada XVI; el subteniente (r) Gustavo Alberto Parada Cuéllar, integrante de la oficina de inteligencia
del Birno; y al teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, jefe de la oficina de inteligencia de la Brigada XVI. Es decir, que ya son 29 los imputados en este subcaso que tiene un universo de 612 víctimas acreditadas. Ya Olivera y Parada aceptaron su responsabilidad y Sarmiento no ha hecho manifestación alguna al respecto.

La Sala exhortó al Ministerio de Defensa Nacional para que adelanten las gestiones necesarias para revocar las condecoraciones o felicitaciones que hayan sido otorgadas a estas personas por haber dado ‘resultados’ que realmente eran crímenes.

Los proyectos de reparación

El subcaso Casanare ha sido uno de los procesos más álgidos, por así decirlo, debido a que las víctimas que han participado activamente han manifestado su desacuerdo con algunos de los reconocimientos de verdad que han hecho los exmilitares, por considerarlos insuficientes o parciales. Incluso, víctimas del caso Casanare lanzaron el documental ‘Justicia Transicional: Siembras de impunidad’, que expone el tortuoso camino que han enfrentado las víctimas.

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Esto llevó a que se hiciera una mesa de concertación y diálogos en Yopal con los representantes de víctimas. Con esta decisión, el caso pasa al Tribunal para la Paz para que imponga las respectivas sanciones a los comparecientes, que no serán de cárcel, sino sanciones restaurativas. La JEP explicó que ya hay algunas propuestas de reparación dialogadas con las víctimas en la mesa de concertación en la que también tuvieron mesa los voceros de la Gobernación del Casanare, la alcaldía de Yopal y delegados del Gobierno Nacional y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Así, los proyectos son:

1. El Parque Memoria y Paz. Nació como propuesta de comparecientes bajo el nombre Parque Vivo y fue desarrollada por la Alcaldía de Yopal junto con las víctimas del Subcaso Casanare. Su objetivo es transformar un espacio público en un lugar de memoria, encuentro y reconciliación que dignifique a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
2. Sede Universidad de la Memoria y la Justicia. Formulada por la Asociación de Víctimas de Casanare Casa Paz y priorizada por la mesa de articulación, esta propuesta busca crear un espacio académico y simbólico para la investigación, la formación y el diálogo sobre derechos humanos, memoria y justicia transicional.
3. Homenaje al Campesino, por su Valor y Dignidad. Esta es una propuesta presentada por Jacobo Rivera, quien fue víctima de un intento de ‘falso positivo’ y logró sobrevivir. Acá se busca rendir tributo a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado.
4. Búsqueda de personas desaparecidas. Acá se trata de apoyar las labores de localización, identificación y entrega digna de víctimas del conflicto armado, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y con las familias buscadoras.

Los detalles de la imputación

La investigación de la JEP documentó que con el ascenso de Henry William Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI a finales de 2005, las unidades se reorganizaron para operar de manera más eficiente y reportar mayores resultados, que realmente eran víctimas inocentes. Al tiempo, el Birno 44, bajo el mando de León Durán, creó un grupo especial que engañaba a personas en cascos urbanos y corregimientos para trasladarlas a lugares apartados, donde eran ejecutadas. 

Y el Gaula Casanare, dirigido por Camargo Tamayo, desvió la misionalidad del Gaula, concentrando su accionar en la presentación de bajas, con apoyo del DAS, consolidó la práctica de “entregas controladas” de dinero como fachada para asesinar personas, y usó a terceros civiles como falsos informantes. “Posteriormente, con la llegada de Soto Bracamonte, se implantó una organización más robusta, con la creación de una red de falsos informantes”, dijo la JEP.

Es decir: se trató de un sistema de incentivos y presiones institucionales para incrementar los resultados operacionales, al punto que durante la comandancia de Torres Escalante, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en el ranking de bajas en combate y, en el caso del Batallón, se pasó de reportar ilegítimamente alrededor de 20 bajas en 2006 a más de 70 en 2007.

Las presiones, como sucedió en todo el país, para dar resultados se dieron en programas radiales, imposición de cuotas anuales, competencia entre unidades, amenazas de traslado, e incentivos como otorgamiento de permisos, condecoraciones, cursos y comisiones al exterior para quienes reportaban resultados de manera constante.

“La magnitud de esta práctica fue tal, que uno de los comparecientes, exintegrante del Birno, reconoció que lo ocurrido constituía ‘una masacre contra el pueblo casanareño’”, dijo el magistrado Oscar Parra, quien lideró el proceso en este subcaso. El jurista explicó que también se usaron los recursos públicos destinados a la lucha contra el secuestro y la extorsión, provenientes en su mayoría de los fondos Fondelibertad, para financiar las operaciones ilegales y pagar por información que facilitara la ejecución de crímenes.

Además, se documentaron dos políticas que llevaron a la configuración del patrón criminal de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada XVI: “La primera, asociada a la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reintegración, señaladas de tener vínculos con grupos insurgentes o con la criminalidad. La segunda, un sistema de presiones e incentivos al interior de la estructura militar”.