El riesgo de politizar la elección de magistrado de la Corte Constitucional

Este miércoles, el Senado de la República se reúne para elegir al próximo o a la próxima magistrada de la Corte Constitucional y, por el momento, el proceso es más una dura pelea política que un debate sobre el futuro del tribunal más importante del país. Este no es un proceso sobre quién está a favor y en contra del presidente Gustavo Petro, pero así lo han dibujado los partidos políticos y opinadores.

Exmagistrados, juristas y conocedores de la rama judicial aseguraron a CAMBIO que es un error reducir este proceso a si el presidente Petro tendrá o no mayorías, entre otras, porque una eventual mayoría liberal no quiere decir que la Corte Constitucional apoyará a rajatabla las propuestas que interesan al mandatario. Esta visión minimiza el rol de una Corte que es guardiana del orden constitucional y que históricamente se ha ‘parado’ cuando ha tenido que hacerlo para evitar desafueros institucionales: lo hizo cuando se buscaba la posibilidad de una tercera reelección presidencial o cuando ha frenado declaratorias de Estado de excepción que no cumplían los requisitos para su formulación.

Por eso, dicen exmagistrados, más allá de la etiqueta “conservador” o “liberal”, los juristas que están en la Corte no correrán el riesgo de ver manchada su independencia en esas circunstancias. Por esa misma razón, resulta equivocado ponerles a los magistrados actuales, liberales de formación, la etiqueta de “petristas”, sin mayor análisis, salvo los casos de magistrados que son abiertamente amigos del jefe de Estado. En este proceso, hay varios elementos a tener en cuenta.

En primer lugar, lo obvio. José Fernando Reyes, liberal de formación, termina su periodo el próximo jueves 4 de septiembre. Defensor de libertades, votó a favor de la ampliación del número de semanas para abortar en Colombia, también a favor de la muerte digna, lideró la Sala de Seguimiento sobre la crisis del sistema de salud y de la niñez wayúu y dio órdenes concretas tanto en esta como en la pasada administración. En 2024 fue presidente de la Corte y la defendió sin dudar de algunos mensajes presidenciales que afectaban la independencia y autonomía judicial y, desde allí, sus votos cambiaron: aunque liberal, cuestionó algunos elementos de gran interés para el presidente Petro como, por ejemplo, el futuro de la reforma pensional.

La terna para su reemplazo la hizo la Corte Suprema de Justicia. Diez magistrados del alto tribunal no tuvieron problema alguno en votar en el caso a pesar de que Carlos Camargo les nombró familiares en la Defensoría. Con Camargo, cercano al expresidente Iván Duque y amigo del condenado Jorge Pretelt, quedaron María Patricia Balanta, quien tiene 45 años de experiencia, una hoja de vida envidiable y quien actualmente es magistrada del Tribunal de Buga, y Jaime Humberto Tobar, de centro-conservador, quien tiene apoyos de exmagistrados de la Corte Constitucional, es experto en arbitraje y tiene una larga experiencia como litigante.

Camargo lideraba la carrera hasta que Alex Vega, exregistrador y líder del Partido de La U se le metió en el camino. Según fuentes consultadas por CAMBIO en el Congreso, su afán es una vieja rencilla política con Camargo y por eso impulsó la candidatura de María Patricia Balanta. Al apoyo se sumó Dilian Francisca Toro, pero también Armando Benedetti y el mismo Gustavo Petro. Ese movimiento a favor de Balanta, aunque ha tenido frutos, también le está poniendo injustamente a Balanta la etiqueta de “petrista”. Esto es erróneo, nuevamente, porque equipara un pensamiento liberal a una posición 'pro-Gobierno', sin que esto sea necesariamente así.

La Sala Plena hoy tiene a Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, dos magistrados amigos del presidente Petro. Fernández trabajó con Petro en la Alcaldía de Bogotá y fue su secretario jurídico. Y Carvajal fue su abogado por más de una década. Fernández llegó en 2023 a la Corte y Carvajal lleva apenas unas semanas allí, sin que haya presentado los impedimentos por los que varios sectores le reclaman.

Carvajal además fue abogado de los hijos del expresidente Uribe y de varios políticos del Centro Democrático. Sobre estas dos elecciones, los académicos hicieron las respectivas advertencias y, aún así, el Senado de la República los eligió.

En principio, ambos son abogados progresistas y sus votos, por el mismo origen político de su elección, han sido cuestionados.

Luego, está Juan Carlos Cortés, cercano a Fernando Carrillo, quien es liberal de convicción, lo cual se ha visto en sus votaciones sobre derechos fundamentales. Y le sigue Natalia Ángel, una destacada jurista, quien, si bien tiene una convicción profundamente liberal y progresista del derecho, pocos se atreverían a catalogarla como pro-Gobierno.

Luego están los conservadores. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte, ha tomado al micrófono para defender la autonomía e independencia del alto tribunal, pero también ha sido cuestionado. “Un magistrado no debe salir aplaudido por Asobancaria o la ANDI”, le dijo a CAMBIO una fuente que llamó la atención sobre un tono político de los discursos del jurista.

Se suma la magistrada Paola Meneses, quien será la presidenta de la Corte en 2026, conservadora, cercana a Iván Duque. Le siguen Miguel Polo y Lina Escobar, quienes llevan también algunas semanas en la Corte.

En este escenario, si Camargo es elegido, la Corte Constitucional tendría, en el papel por lo menos, una mayoría conservadora por primera vez en sus 34 años de historia. Aunque el ruido político alrededor de la elección de Miguel Polo, lo ha puesto como un voto “petrista”, lo cierto es que el magistrado es un jurista esencialmente conservador, con algunas posiciones liberales. Polo y Ángel son considerados como los mediadores o los ‘swing vote’ depende el tema que esté revisando la Corte Constitucional.

CAMBIO habló con exmagistrados que consideran que el debate actual debería corregirse por varias razones.

Por un lado, advierten que hay una especie de temor sobre lo que podría pasar en el último año del Gobierno de Gustavo Petro, esencialmente si el jefe de Estado insiste en una constituyente o en usar la figura de los estados de excepción como ya lo hizo: el de La Guajira se cayó y el de El Catatumbo apenas sobrevivió en la Corte.

Según las voces consultadas, eso explica por qué en este momento los opinadores ven el asunto en blanco y negro, pro y anti-Petro, en el sentido que se está buscando una Corte que le haga contención**. Ahora bien, ese mismo análisis, insistieron, puede llegar a ser especulativo, pues la Corte, como tribunal constitucional, tiene claro su rol de guardar la Constitución.**

De otro lado, hay quienes cuestionan que la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien fue magistrada auxiliar de la Corte, haya salido a hablar en medios de este proceso. Lo mismo pasa con Gregorio Eljach, procurador, y quien fue durante muchos años secretario del Senado, quien le está haciendo campaña a Balanta. La razón de ello es que sus cargos hoy son otros y sus mensajes se interpretarían como una intromisión a la labor del Senado de la República, único responsable de la elección.

Esto mismo se puede predicar del Gobierno y del propio Petro, quien dijo en su cuenta de X: “La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la república. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”.

Lo ideal, le dijo una fuente a CAMBIO, es evitar que el proceso se vuelva una pelea política, entre otros, porque quien termine elegido o elegida queda con una carga que termina politizando a la Corte Constitucional. Desde octubre de 2023 a la fecha han salido, con Reyes, cuatro magistrados y la renovación natural de la Corte se ha dado en medio de este debate, cada vez más agudo. La diferencia es que ahora no habrá más cambios sino hasta 2028, cuando termina periodo el magistrado Ibáñez.

“Este ambiente político, además de enrarecer la elección, politiza a los magistrados elegidos y politiza aún más a los ya están”, dijo un conocedor del asunto a CAMBIO. De otro lado, hay quienes piden recordar que los magistrados se eligen por un periodo de ocho años y a Petro le queda uno en la Presidencia. Se trata, en consecuencia, de elegir de la mejor manera a sus integrantes.

Mientras las reuniones políticas y el lobby siguen su curso, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avanzan dos acciones judiciales que buscan que el Senado devuelva la terna porque no se estaría garantizado la paridad la Corte, que hoy tiene apenas tres mujeres.

Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, le dijo a CAMBIO que este proceso debe garantizar la idoneidad del futuro juez constitucional, evitar retrocesos en la paridad de género y asegurar que no haya cuestionamientos éticos sobre los aspirantes.

“El paso del candidato Camargo por la Defensoría del Pueblo no fue destacado y, además, en ejercicio de su facultad discrecional, nombró allí sin concurso de mérito a familiares de varios magistrados de la Corte Suprema que lo incluyeron en esta terna: un hecho que, por sí solo, debería excluirlo de consideración. Si el Senado tiene dudas sobre los demás candidatos, lo procedente sería devolver la terna a la Corte Suprema de Justicia para garantizar idoneidad, paridad y los demás principios constitucionales”, dijo.

El pulso en el Senado

Aunque Camargo venía liderando el pulso en el Senado, Balanta comenzó a tomar vuelo por el apoyo de Alex Vega y del Gobierno, así por el hecho de ser mujer y afro. El Ejecutivo en el Senado tiene al menos 25 votos fijos. Y con aliados entre los liberales, conservadores y los independientes, podían hacerle contrapeso a Camargo. Incluso se ha dicho que podría lograr un empate si se contabilizan los apoyos de La U, lo cual le daría unos diez votos más.

No obstante, algunos senadores no ven con buenos ojos el apoyo de Vega a Balanta y esto podría quitarle votos de los independientes.

“El Gobierno no tenía tan claro que ella era candidata de Álex Vega y él no es querido en ningún lado. En este caso, el Gobierno podía moverse para intentar lograr las mayorías, pero al meterse Álex mucha gente se recoge. Él ha sido muy displicente con el Ejecutivo. Eso les bajó un poquito el tema”, dijo un senador liberal a CAMBIO.

Mientras tanto, en ese partido, los más cercanos a César Gaviria están con Carlos Camargo. Fabio Amín, quien suele acompañar al Gobierno, está vez se iría con Camargo por la cercanía regional. Así que Balanta podría lograr unos seis votos de los aliados del Ejecutivo.

Los partidos de oposición, como Cambio Radical, Centro Democrático y la mayoría de los conservadores, mantienen su apoyo a Camargo. Aquí hay un punto clave, y es que el Gobierno ha tenido el apoyo de Temístocles Ortega y de Ana María Castañeda, pero ambos están sancionados por el partido. Así que habrá que ver si logran votar o no. Si lo hacen, podrían irse a favor por Balanta.

En el partido Alianza Verde aún no se han reunido y, según una senadora de la colectividad, las cargas están un 50/50 entre Balanta y Camargo. Pese a que algunos senadores sí dicen que el apoyo de Álex Vega le baja la caña a la candidatura de Balanta, una senadora del Partido Verde aseguró que puede ser más una especulación y que el tema terminaría seguramente en voto finish.