Consejo de Estado admite demanda para quitarle la investidura al senador Ciro Ramírez tras condena por el caso de las Marionetas 2.0

La Sala Tercera de Decisión del Consejo de Estado aceptó para estudio la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, mediante la cual solicita que se decrete la pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez. La acción busca que el congresista sea despojado de su curul y quede inhabilitado para volver a ocupar cargos de elección popular, una sanción conocida jurídicamente como la "muerte política".

La demanda se fundamenta en la condena emitida en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que encontró responsable al senador de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir dentro del entramado de corrupción conocido como las Marionetas 2.0. Según el demandante, los hechos por los que fue condenado configuran las causales de pérdida de investidura relacionadas con la indebida destinación de recursos públicos y el tráfico de influencias.

Aunque el Consejo de Estado había inadmitido inicialmente la demanda en abril por algunos requisitos de forma, entre ellos la acreditación de la condición de congresista de Ramírez para el año 2021 —cuando ocurrieron los hechos investigados—, dichas inconsistencias fueron corregidas por el demandante. Con ello, el alto tribunal decidió admitir la acción y dar inicio al trámite correspondiente.

Ahora, el Consejo de Estado corrió traslado al senador Ciro Ramírez para que, en un plazo de cinco días, presente su respuesta frente a la solicitud de pérdida de investidura y aporte las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Una vez surtida esta etapa procesal, la corporación evaluará si existen méritos suficientes para retirarle definitivamente su investidura como congresista.

El caso de las Marionetas 2.0

La condena contra Ciro Ramírez está relacionada con el escándalo de corrupción conocido como las Marionetas 2.0, una red mediante la cual, según la Corte Suprema de Justicia, congresistas, asesores y funcionarios públicos direccionaban contratos estatales hacia intereses particulares a cambio de beneficios indebidos.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos ocurrieron en 2021, cuando Ramírez habría sostenido reuniones con Pablo César Herrera, entonces asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y con Pierre García, exsubdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). En esos encuentros se habría discutido la celebración de un nuevo contrato interadministrativo entre Proyecta y el DPS, que posteriormente haría parte del esquema de contratación investigado.

La Corte concluyó que el senador participó en una negociación criminal relacionada con el direccionamiento de contratos públicos, motivo por el cual lo condenó a 23 años de prisión. Aunque esa decisión aún corresponde a una sentencia de primera instancia, la condena abrió la puerta a nuevas consecuencias jurídicas, entre ellas el proceso de pérdida de investidura que ahora estudiará el Consejo de Estado.