
¿Quién es Boyaco Sinaloa, el esmeraldero al que la DNI habría pedido apoyo para sacar adelante la ley de sometimiento?
Su nombre apareció en la investigación sobre los presuntos acuerdos del gobierno Petro con el Clan del Golfo. Esto es lo que se sabe sobre Eduard Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa.
Por: Carol Tatiana Gómez
En una sede de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá, el 19 de agosto de 2025, dos directivos de la entidad presuntamente se habrían sentado a conversar con un esmeraldero boyacense investigado por supuestos vínculos con el Clan del Golfo. El fin de esta reunión, según los videos y audios revelados esta semana, habría sido pedirle apoyo político para sacar adelante la ley de sometimiento, un proyecto que buscaba establecer mecanismos de entrega a la justicia para organizaciones criminales. El hombre era Eduard Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa.
La reunión fue expuesta por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y desató un nuevo escándalo en torno a la política de paz total del gobierno Petro. Para el momento de esa reunión, la Fiscalía ya investigaba a Rincón por presuntos nexos con el Clan del Golfo, y algunos organismos de inteligencia afirmaron que hacía parte de una red criminal que tenía presencia en Colombia, España y Emiratos Árabes, llamada “La Junta del narcotráfico”.
De las esmeraldas al narcotráfico

Su nombre no aparecía en los medios, no tenía perfil público y se movía bajo un alias que reúne sus dos mundos: el Boyacá de las minas de esmeraldas y el Sinaloa de los carteles mexicanos con los que operó como narcotraficante. Eso reconoció Rincón ante los directivos de la DNI, según los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
El negocio de esmeraldas en Boyacá tiene una historia larga y compleja, pues "las esmeraldas boyacenses siempre han sido un terreno fértil para el lavado de dinero porque son caras y el costo se determina con base en lo que el mercado está dispuesto a pagar, por lo que es muy fácil lavar dinero, y en muchos casos se trata de dinero de la droga", explicó el investigador Petrit Baquero, autor del libro "La nueva guerra verde", en declaraciones recogidas por InSight Crime. Esa subjetividad en la valoración de las piedras, según Baquero, hace del negocio uno de los más exclusivos del mundo y también uno de los más porosos. En esa línea entre lo legal y lo ilegal se movía Eduard Ferney Rincón.
Según un informe de inteligencia al que accedieron Noticias Uno y La W en septiembre de 2025, ejercía influencia en la zona esmeraldera de Boyacá junto a Rutdy Alirio Zárate, alias "Runcho", y figuraba como uno de los tres presuntos cabecillas de la llamada Junta del Narcotráfico en Colombia, una red criminal con presencia en España, Emiratos Árabes y varios países de América Latina. El Estado ya lo tenía identificado; sin embargo, en los audios, Rincón dijo que ya había resuelto sus cuentas con la justicia y que estaba alejado del narcotráfico.
Sus antecedentes con la justicia estadounidense
En la reunión con los directivos de la DNI, reconoció haber operado con carteles mexicanos y haber sido investigado por agencias de seguridad de Estados Unidos. Cuando el jefe de contrainteligencia Ricardo Rey Rosanía le preguntó si había resuelto su situación con la DEA, Rincón respondió que sí, y que había entregado "como 18 millones" de dólares a la justicia estadounidense para cerrar sus procesos.
Rincón dijo que en 2019 sobornó a una fiscal para que le instaurara una denuncia falsa por presuntos nexos con el Clan del Golfo, antes de que avanzara cualquier proceso en su contra. El denunciante fue Orlando Mestra, un veterinario de Montería. Según la investigación de Noticias Caracol, en los archivos de la rama judicial sí existe esa denuncia, presentada en 2014. Mestra fue asesinado en 2019 en un crimen que las autoridades atribuyeron a bandas criminales.
La reunión con la DNI

El 19 de agosto de 2025, Eduard Ferney Rincón llegó a una sede de la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro de Bogotá. Lo acompañaban su abogado y Javier Grajales, quien se presentó como amigo suyo desde hace más de una década y quien había trabajado durante varios años en la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro. Los anfitriones eran Jorge Lemus, entonces director de la DNI, y Ricardo Rey Rosanía, jefe de contrainteligencia.
Según la investigación, Lemus y Rosanía le pidieron a Rincón que usara sus contactos con congresistas para impulsar la aprobación de la ley de sometimiento, un proyecto que buscaba establecer mecanismos de entrega a la justicia para organizaciones criminales.
También le pidieron que sirviera de puente para llegar a alias Chiquito Malo, el máximo jefe del Clan del Golfo. Rincón respondió que "en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesiten". La ley de sometimiento nunca fue aprobada.
La ley de sometimiento

El proyecto que los directivos de la DNI le pidieron a Rincón que apoyara fue radicado en el Congreso el 20 de julio de 2025 por el que era el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La iniciativa buscaba establecer una ruta legal para que organizaciones criminales, incluido el Clan del Golfo, se entregaran a la justicia a cambio de rebajas de pena y, en algunos casos, la posibilidad de conservar parte de sus bienes ilícitos.
La iniciativa nunca llegó a debate. La Corte Suprema, la Defensoría y la Justicia Penal Militar emitieron conceptos negativos. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, también expresó desacuerdos. El 22 de octubre de 2025, cuatro congresistas de oposición radicaron la ponencia de archivo. Montealegre renunció al ministerio semanas después. La reunión con Boyaco Sinaloa ocurrió tres meses antes, cuando el Gobierno todavía buscaba votos para sacarla adelante.
Tras la publicación de la investigación, el nombre de Eduard Ferney Rincón fue uno de los que quedó en el centro del debate público. Según Caracol, para el momento de la reunión la Fiscalía ya tenía abierta una investigación en su contra por presuntos nexos con el Clan del Golfo. Jorge Lemus, por su parte, negó cualquier irregularidad y aseguró que la reunión se desarrolló dentro del marco legal de inteligencia, en cumplimiento de una orden del presidente Petro para investigar a la llamada Junta del Narcotráfico.
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