Contraloría alerta "ejecución prácticamente nula" de la emergencia económica por crisis climáticas de frentes fríos
En febrero de 2026, el gobierno decretó la Emergencia Económica, Social y Ecológica a raíz de las crisis climáticas que vivían ciertas regiones del país. Con corte el 18 de junio, el ente auditor afirma que hay una “ejecución prácticamente nula de los recursos”.
La Contraloría General de la Nación informó que hay baja ejecución de la emergencia económica decretada para atender la ola invernal en la región Caribe a causa de los fenómenos conocidos como frentes fríos. El gobierno nacional ha recaudado 7,59 billones de pesos. Un monto cercano de los 8,68 billones aprobados para la adición presupuestal. Es decir, se ha recaudado un 87 por ciento.
Pese al recaudo, el órgano de control estableció que esos recursos no registran una “ejecución efectiva” con fecha de corte del 18 de junio. El llamado de atención es para la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), que maneja la mayoría del dinero recaudado. De acuerdo con la Contraloría, los procesos están en fase de estructuración, lo que retrasa la atención de las zonas afectadas, a cinco meses de la declaración de emergencia. Otros sectores, como Bomberos, Ministerio de Salud, Prosperidad Social, Ministerio de Ambiente, ICBF, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía, presentan un estado similar, sin registrar obligaciones ni pagos.
Días después de decretada la emergencia, la Contraloría solicitó un plan de acción para hacerle un seguimiento a la implementación de los recursos. Según el ente de control, a la fecha no se ha compartido el documento.
La emergencia económica tiene el visto bueno de la Corte
El decreto 0150 de 2026, que estableció la emergencia económica, pasó, aunque con trabas, por la Corte Constitucional con una votación de ocho a uno el pasado 24 de junio. El Alto Tribunal concluyó que la emergencia se argumentó correctamente, pero le pidió al Ministerio de Hacienda que recalculara el costo real de la atención a la contingencia. Asimismo, limitó la naturaleza de esos gastos, es decir, no se pueden adicionar otros gastos que no estén contemplados en la emergencia.
En esa medida, la Corte estableció que las medidas de girar aportes para la crisis de las empresas de energía en la región, y las facultades que se brindaban a la Agencia Nacional de Tierras, como recuperación de bienes públicos y el deslinde de tierras, eran inexequibles porque no estaban relacionadas con la contingencia.
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