La ANT bajo la lupa de organismos de control por las cifras de la reforma agraria que no cuadran

Durante casi todo el Gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria ha estado acompañada por una discusión que nunca terminó de resolverse: ¿las cifras con las que el Gobierno reporta sus avances corresponden realmente a tierras entregadas a campesinos o mezclan procesos distintos –compra de predios, formalización de títulos, adjudicaciones y entregas materiales– que no pueden contabilizarse de la misma manera? La controversia comenzó en los gremios, llegó a la oposición y terminó instalándose dentro del propio Gobierno. La exministra de Agricultura Cecilia López fue una de las voces más críticas. Su argumento era entregar un predio sin que exista una escritura registrada equivale a entregar las llaves de una casa sin haber perfeccionado jurídicamente la propiedad. El Gobierno rechazó esa interpretación y defendió que la reforma agraria no podía medirse solo por las escrituras inscritas sino por las tierras adquiridas, formalizadas y puestas a disposición de los campesinos. Sin embargo, los organismos de control parecen estar de acuerdo con las voces críticas: hay inconsistencias en las cifras. CAMBIO revela la historia. 

La controversia sobre las cifras que promueve el Gobierno no es menor. Con Petro cambió la velocidad –y también la forma– de ejecutar la reforma agraria. Mientras gobiernos anteriores avanzaron lentamente en la compra de tierras para el Fondo de Tierras, esta administración aceleró la adquisición de predios, fortaleció las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), impulsó mecanismos como la compra directa y la enajenación temprana de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio y multiplicó las hectáreas incorporadas a la política de acceso a la tierra. Esa aceleración permitió mostrar resultados superiores a los de administraciones anteriores, pero también abrió preguntas sobre la manera como se estaban construyendo esos indicadores y sobre el momento jurídico en el que una tierra podía considerarse realmente entregada.

‘El Gobierno está inflando las cifras y entregando tierras sin título’: Cecilia López

Esa discusión acaba de entrar en una nueva etapa. CAMBIO conoció, en primicia, un informe preliminar de la Procuraduría General de la Nación que encontró inconsistencias entre los sistemas oficiales con los que la ANT reporta los avances de la reforma agraria. A ese documento se suma una auditoría de la Contraloría General que cuestiona algunos de los procedimientos utilizados por la entidad para adquirir predios y advierte que, en varios casos, ejecutó pagos millonarios antes de que el Estado consolidara jurídicamente la propiedad de los inmuebles. Los dos documentos no concluyen que exista un fraude ni ponen en duda la política de reforma agraria. Lo que sí muestran es que las preguntas que durante meses alimentaron el debate político hoy empezaron a ser examinadas por los organismos de control y, por ahora, la entidad se va rajando en el examen. 

Las cifras que no cuadran

La primera respueta figura donde menos debería haber dudas: en los sistemas oficiales con los que el propio Estado mide el avance de la reforma agraria. Fue allí donde la Procuraduría encontró la primera alerta. Tras cruzar la información reportada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con las bases oficiales de seguimiento al Acuerdo de Paz, el organismo concluyó que existen diferencias que hoy impiden establecer con precisión cuántos predios han sido realmente adquiridos, cuántos ya fueron adjudicados y cuántas hectáreas hacen parte, efectivamente, del Fondo de Tierras. Uno de los hallazgos más sensibles está en la diferencia entre el llamado Contador Oficial de la Reforma Agraria, la plataforma con la que el Gobierno divulga públicamente los avances de la política, y la información que la propia ANT entregó a la Procuraduría. Mientras el contador registra 1.238 predios adquiridos, la base oficial remitida por la Agencia identifica 719 compras culminadas. La diferencia es de 519 predios. 

El desfase también aparece cuando se revisa el área reportada: el contador habla de 264.095 hectáreas adquiridas, mientras la matriz entregada por la ANT registra 156.600 hectáreas, es decir, 107.495 hectáreas menos. La Procuraduría no concluye que una cifra sea falsa y la otra verdadera. Lo que advierte es que, con la información disponible, no existe una metodología uniforme que permita conciliar ambas bases ni reconstruir la trazabilidad de los datos. Dicho de otra manera: hoy el organismo de control no puede verificar de forma independiente cuál es el avance real de la compra de tierras que reporta el Gobierno.

El informe también encontró que buena parte de las tierras reportadas como adquiridas aún no aparecen adjudicadas. De los 719 predios que la ANT reconoce como comprados, únicamente 139 figuran asignados formalmente a sus beneficiarios. Los 580 restantes, equivalentes a más de 111.000 hectáreas, continúan sin una adjudicación registrada. Dicho en términos sencillos: el Estado ya habría comprado esos inmuebles, pero todavía no existe un acto administrativo que permita establecer que fueron entregados definitivamente a una familia campesina o a una comunidad beneficiaria. La Procuraduría llamó especialmente la atención sobre 62 predios adquiridos desde 2023 que continúan en esa situación y pidió a la ANT explicar, expediente por expediente, por qué siguen represados y en qué etapa se encuentra cada uno. 

Los hallazgos del Ministerio Público coinciden, además, con otra preocupación que ya había identificado la Contraloría General de la República. Como reveló CAMBIO, una auditoría financiera encontró que la ANT ejecutó 979.003 millones de pesos para adquirir 537 predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) antes de que el Estado consolidara jurídicamente la transferencia del dominio sobre la inmensa mayoría de esos bienes. El hallazgo no cuestiona que la Agencia pudiera comprar predios sometidos a procesos de extinción de dominio. Lo que cuestiona es el momento en que decidió pagar por ellos. 

La diferencia es jurídica, pero tiene consecuencias prácticas. En Colombia, firmar una promesa de compraventa no convierte automáticamente al comprador en propietario. En los bienes inmuebles, el dominio solo se transfiere cuando la escritura queda inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La Contraloría sostiene que la ANT ejecutó el ciento por ciento de los recursos sin garantizar previamente esa transferencia, modificando durante la ejecución contractual cláusulas que inicialmente condicionaban los desembolsos al cumplimiento de hitos registrales. En otras palabras: primero salió el dinero y después quedó pendiente perfeccionar la propiedad. 

Justamente esa ha sido una de las principales críticas de la exministra de Agricultura Cecilia López, quien sostiene que el Gobierno ha mezclado etapas distintas del proceso para presentar los avances de la reforma agraria. Según López, una cosa es entregar físicamente un predio y otra muy distinta consolidar jurídicamente la propiedad mediante el registro de la escritura. "Las únicas familias que pueden defenderse de esas amenazas son las que muestran una escritura", afirmó la semana pasada en un debate con la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en Caracol Radio. A su juicio, de las más de 338.000 hectáreas que el Gobierno reporta como entregadas, solo unas 87.600 cuentan con escritura pública registrada.

Carvajalino rechazó esa interpretación. La ministra sostuvo que no existe una diferencia en las cifras, sino en la manera de entender las distintas etapas de la reforma agraria. Explicó que primero se adquieren los predios para el Fondo Nacional de Tierras y luego avanza el proceso de adjudicación definitiva. Mientras ese trámite concluye, dijo, los beneficiarios cuentan con actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras que les otorgan respaldo jurídico suficiente para ocupar y explotar los predios. "Las entregas provisionales no tienen ningún problema de seguridad jurídica", afirmó.

En todo caso, las cifras encontradas por los organismos de control muestran la dimensión del problema. Dice la auditoría de la Contraloría que, de los 537 predios adquiridos mediante el convenio con la SAE, con corte al 22 de junio de 2026 solo tres habían sido registrados a nombre de la nación e incorporados formalmente al Fondo de Tierras. Es decir, apenas el 0,56 por ciento de los inmuebles por los que el Estado ya había desembolsado cerca de un billón de pesos tenía plenamente consolidada su titularidad jurídica. Para la Contraloría, esa situación expone al Estado a eventuales reclamaciones de terceros, medidas cautelares o litigios que podrían afectar la seguridad jurídica de esos activos y, eventualmente, de las familias a las que después sean adjudicados. 

La ANT respondió al organismo de control que los procesos de escrituración y registro seguían en curso y que la compra se realizó bajo el marco legal de la enajenación temprana de bienes administrados por la SAE. Sin embargo, la Contraloría respondió que una cosa es que la ley permita adquirir anticipadamente esos predios y otra muy distinta ejecutar la totalidad de los recursos públicos antes de consolidar registralmente la propiedad. Esa precisión resulta clave porque conecta con el debate que durante meses sostuvo la exministra López: una cosa es anunciar tierras compradas o comprometidas y otra acreditar que esas tierras ya superaron todas las etapas jurídicas necesarias para ser consideradas plenamente incorporadas al patrimonio público y adjudicadas con seguridad a sus beneficiarios. 

Esa es, precisamente, la discusión que hoy dejaron de dar únicamente los políticos y empezaron a revisar los organismos de control.

Las cifras que sostienen la reforma

Las advertencias de la Procuraduría y la Contraloría llegan cuando el Gobierno se prepara para presentar el balance definitivo de una de sus principales banderas. Durante cuatro años, la reforma agraria fue el proyecto con el que Gustavo Petro buscó demostrar que el Estado podía saldar, al menos parcialmente, una deuda histórica con el campo colombiano. Nadie discute que este Gobierno compró más tierras, formalizó más predios y aceleró procesos que durante décadas permanecieron prácticamente inmóviles. La discusión ya no está ahí. La pregunta es si las cifras que respaldarán ese legado resistirán el mismo escrutinio con el que hoy empiezan a revisarlas los organismos de control.

Ese examen no es un asunto menor. En la administración pública, una política pública es tan sólida como la posibilidad de reconstruir cada una de las decisiones que la soportan. Cuando los sistemas oficiales no coinciden, cuando un contador público reporta resultados distintos a las bases de datos institucionales o cuando el Estado paga por bienes cuya titularidad todavía no se ha consolidado plenamente, el problema deja de ser estadístico para convertirse en un asunto de confianza pública. Eso es, precisamente, lo que la Procuraduría y la Contraloría buscan establecer.

Hay un antecedente parecido reciente que ilustra por qué esa discusión importa. Durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, la Fiscalía presentó como uno de sus principales logros el valor de los bienes ocupados con fines de extinción de dominio. Una investigación de CAMBIO demostró que esas cifras mezclaban bienes cautelados, ocupados y efectivamente extinguidos, categorías jurídicas completamente distintas que terminaron inflando el balance institucional. Aquella controversia dejó una lección para cualquier entidad del Estado: cuando las metodologías no son claras o las categorías se confunden, las cifras dejan de contar una política pública y empiezan a alimentar un debate sobre su credibilidad.

Ese es, justamente, el riesgo que hoy enfrenta la reforma agraria. Los informes conocidos por CAMBIO no concluyen que exista una manipulación deliberada de la información ni desvirtúan los avances alcanzados por el Gobierno. Lo que muestran es que la principal política rural del cuatrienio necesita algo más que hectáreas compradas o anuncios de entrega: necesita que cada predio, cada escritura y cada hectárea reportada puedan seguirse documentalmente desde el momento de su adquisición hasta la entrega definitiva a las familias campesinas. 

En una reforma agraria, las hectáreas pueden anunciarse en una tarima. La credibilidad, en cambio, solo se construye en los folios de matrícula inmobiliaria, en los registros públicos y en los expedientes que permitan demostrar, uno por uno, que cada tierra anunciada terminó donde el Estado dice que terminó. Esa es la revisión que apenas comienza.