¿Qué está pasando con la plata de los proyectos de paz? Denuncian sobrecostos y presuntas presiones en el OCAD Paz
Cuatro veedurías ciudadanas pusieron la lupa sobre la tercera convocatoria del OCAD Paz. Hablan de sobrecostos que, según sus cálculos, superan el 200 por ciento en algunas obras, de viabilizaciones exprés y de un presunto esquema dentro del DNP para "destrabar" proyectos a cambio de dinero.
Por: Juan David Cano
Varias veedurías ciudadanas radicaron denuncias y quejas ante el OCAD Paz y la Procuraduría General de la Nación por la forma en que se están tramitando proyectos de la tercera convocatoria de ese órgano, la instancia que reparte recursos de regalías hacia los municipios más golpeados por el conflicto.
Las alertas son presuntos sobrecostos y viabilizaciones irregulares en proyectos concretos, y un presunto esquema de presión dentro del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para condicionar el avance de las iniciativas a cambio de pagos.
El OCAD Paz administra los recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR), dirigidos a los municipios PDET. Su tercera convocatoria entre 2025 y 2026 tuvo una disponibilidad cercana a los 6,6 billones de pesos, según la Subdirección General del Sistema General de Regalías.
Dos proyectos señalados por presuntos sobrecostos
La veeduría Protectores de la Paz cuestionó el proyecto de rehabilitación y pavimentación de vías urbanas de Ricaurte (Nariño), con BPIN 20251301010303.
Según la organización, fichas de verificación del DNP advirtieron sobrecostos a finales de 2025, pero en revisiones posteriores el presupuesto subió y esas observaciones desaparecieron, al tiempo que cambiaban los revisores y se emitían conceptos favorables.
La veeduría calcula que el valor unitario de la subbase granular clase C quedó 248 por ciento por encima del precio de referencia, y el de la mezcla asfáltica MDC-19, un 234 por ciento. El proyecto contempla cerca de 5.100 millones para esas obras.
"¿A qué bolsillo irán esos más de 5.000.000.000 millones de pesos?", plantea Protectores de la Paz en su escrito.
La misma organización criticó un proyecto de vivienda para comunidades étnicas en Orito (Putumayo), por unos 7.500 millones (BPIN 20251301010760). Y sostiene que un concepto técnico de febrero de 2026 traía observaciones; que luego apareció uno sin ellas; y que el municipio respondió a observaciones que, según la veeduría, no figuraban en el sistema, antes de obtener la viabilidad en junio.
A esos dos casos la veeduría suma un proyecto de sistemas productivos en el Putumayo (BPIN 20251301010257) que, afirma, nacería con más del 52 por ciento de desfinanciación, por haberse presupuestado con el salario mínimo de 2025 y sin las cargas tributarias vigentes.
Tres quejas ante la Procuraduría contra una funcionaria del DNP
De forma separada, al menos tres veedurías, Red Ciudadana de Control a las Regalías, Guardianes de las Regalías y Veeduría por la Transparencia de las Regalías, radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra Diana Margarita López Riaño, subdirectora vinculada a la Dirección de Gestión y Promoción del SGR del DNP, área encargada de verificar requisitos de los proyectos del OCAD Paz.
Las tres coinciden en una misma hipótesis, que presentan como conducta presunta y pendiente de prueba: que ciertos proyectos serían bloqueados mediante supuestas fallas de plataforma, devoluciones o retrasos, para luego presionar a alcaldes y gobernadores y sugerirles caminos informales de solución a cambio de dinero.
Los escritos encuadran esa conducta en delitos como la concusión (artículo 404 del Código Penal), que sanciona al servidor público que abusa del cargo para exigir dinero, y el tráfico de influencias.
"En una administración sometida al principio de legalidad no pueden existir 'otros métodos' para obtener una viabilidad", afirma una de las quejas.
Otra de las veedurías advierte sobre la conformación de un "mercado clandestino de viabilidades", en el que, dice, las decisiones técnicas dependerían de pagos privados y no del cumplimiento de los requisitos.
Estas denuncias aparecen en medio de una seguidilla de cuestionamientos al OCAD Paz en las últimas semanas del gobierno Petro. En las últimas horas, la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia por presuntas irregularidades en un proyecto de 62.797 millones para cadenas de cacao y coco en el Pacífico.
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