Contraloría abre investigación al CNE por presuntos sobrecostos en la capacitación de testigos electorales
El ente de control fiscal puso el foco sobre la empresa que maneja la tecnología detrás de la acreditación de testigos electorales en Colombia, en medio de cuestionamientos por presuntos sobrecostos.
Por: Carol Tatiana Gómez
La apertura de la indagación preliminar por la contratación del Consejo Nacional Electoral, ordenada por la Contraloría General de la República, se da en medio de los cuestionamientos por la ejecución de contratos destinados a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales durante las elecciones de 2026. El órgano de control aclaró que la decisión no implica una declaratoria de responsabilidad y que es el inicio de las verificaciones sobre el manejo de esos recursos.
El ente de control solicitó al CNE el listado completo de los contratos firmados con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, conformada por las empresas LinkTic, que maneja el 95 por ciento del negocio, y BexTechnology, que tiene el 5 por ciento restante. La Contraloría pidió detallar fechas de inicio y terminación, valor, objeto y estado de cada contrato, además de la identidad del interventor o supervisor y la relación de pagos ya realizados, información con la que buscará establecer si hubo deficiencias en el manejo de los recursos públicos.
El contrato que ahora pesa sobre el CNE
La Unión Temporal Actores Electorales 2026 es la empresa que desde marzo está encargada de todo el sistema tecnológico del CNE para inscribir y acreditar a los testigos, jurados y auditores electorales. También hizo Comitium, la aplicación que se usa el día de las votaciones para reportar los resultados de cada mesa en tiempo real. Con ese sistema se acreditó a más de un millón de testigos en las elecciones legislativas de marzo, y la meta era llegar a 1,7 millones para las presidenciales. Ahora la Contraloría investiga ese mismo contrato por presuntos sobrecostos.
"La Contraloría General de la república ordenó la apertura de una indagación preliminar, con el fin de verificar posibles irregularidades y sobrecostos, en contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones del 2026", afirma el comunicado emitido por el organismo.
Para exigir esta información, la Contraloría se ampara en sus facultades de control fiscal: puede pedir y revisar datos sobre cualquier contrato o proceso donde haya recursos públicos de por medio, sin que le apliquen reservas legales, siempre que sea para cumplir sus funciones.
Qué sigue después de la indagación
La ley 610 de 2000, que regula estos procesos en las contralorías del país, establece un término de seis meses para la indagación preliminar. Si en ese plazo no aparecen elementos suficientes, el caso se archiva; si sí los hay, la Contraloría puede abrir formalmente un proceso de responsabilidad fiscal, con la posibilidad de que se determinen sanciones o se ordene devolver dinero al Estado.
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