“Quienes sean responsables de corrupción en el Gobierno Petro no pueden tener impunidad”: Carolina Corcho

Carolina Corcho divide opiniones incluso dentro de las filas del petrismo. Su paso por el Ministerio de Salud y sus enfrentamientos con algunos sectores del Pacto Histórico la han convertido en una figura tan controversial como determinante para las principales apuestas del progresismo tras el Gobierno de Gustavo Petro. 

Su capacidad para movilizar a las bases de la izquierda quedó demostrada en la consulta interna del Pacto, en la que obtuvo cerca de 678.000 votos. Luego del respaldo obtenido en su disputa por el aval ante Iván Cepeda, encabezó la lista con la que su colectividad se consolidó como la primera fuerza política del país en el Congreso.

Desde su escaño en el Capitolio, la médica antioqueña detalla la estrategia con la que el Pacto Histórico busca imponerse en las elecciones regionales del próximo año. Además, reconoce que su partido tendrá el reto de sumar votos de colectividades con las que mantiene profundas diferencias para avanzar en el trámite de sus apuestas legislativas.

CAMBIO: El primer lunes de Abelardo de la Espriella como presidente se registró el terremoto más fuerte del siglo XXI en Colombia. ¿Cómo ha visto hasta el momento la gestión del Gobierno frente a la emergencia?

Carolina Corcho: Observamos un nivel de improvisación preocupante. No quiso hacer empalme. Sin ese diagnóstico, es muy difícil ejecutar intervenciones efectivas. Además, se perdieron horas valiosas de rescate en las que la propia ciudadanía asumió la remoción de escombros ante la negativa de recibir ciertos apoyos internacionales.

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CAMBIO: El terremoto tomó al presidente en Barranquilla, y uno de los grandes cuestionamientos ha sido su negativa a gobernar desde la Casa de Nariño. ¿Qué implicaciones tiene esa apuesta ante una situación de emergencia?

C.C.: Gobernar desde una región no significa descentralizar el país. Bogotá es la capital en la división político-administrativa, e incluso la región ni siquiera se beneficia del centralismo bogotano. Parte de la pérdida de horas valiosas se debe a los caprichos del señor De la Espriella al no estar en el centro de operaciones y coordinación.

CAMBIO: ¿Cree que en la recepción de ayuda internacional pesó el criterio ideológico del Gobierno?

C.C.: Este es un Gobierno ideológico que no opera bajo el interés nacional; por esa postura se perdieron horas cruciales de rescatistas. Nuestra reclamación con respecto a Israel no fue por los socorristas, sino porque en medio de la emergencia se permitió el tránsito y permanencia de tropas extranjeras en territorio nacional. Por lo demás, debió recibirse toda la ayuda experta disponible, sin importar la ideología.

A esto se suman anuncios internacionales preocupantes, como la propuesta de retirar a Colombia del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Plantear eso es aislar al país de los avances de la humanidad. Han sido decisiones torpes que afectan no solo la atención del terremoto, sino la economía y el comercio nacional.

CAMBIO: En plena emergencia, Estados Unidos confirmó que el Gobierno autorizó bombardeos conjuntos en el país. ¿Una iniciativa de este tipo debería pasar por el Legislativo?

C.C.: Esto debe someterse a los límites estrictos de la ley en el Congreso. Además de esos operativos, las decisiones del presidente frente a Israel son inconvenientes. Alinearse con ese país y cerrar embajadas clave —como la de Etiopía, nuestra conexión con África— nos genera roces con Asia, donde mantenemos intercambios comerciales y culturales. Se está sacrificando el interés nacional solo por beneficiar una postura ideológica.

CAMBIO: Otro de los temas que llegará al Congreso es la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, cuestionado por su actuación durante la emergencia. ¿Cómo será el trámite de este debate de control político?

C.C: Hablamos de más de 300 víctimas mortales, 29.000 viviendas destruidas y 130.000 edificaciones afectadas como para que un ministro se tome un fin de semana de vacaciones. Lo de Jaime Andrés Beltrán es un síntoma de la desconexión e indolencia general del Gobierno. Luego vemos al presidente entregando balones en la zona de desastre. Otro ministro declaró erróneamente que le preocupaba más la infraestructura escolar que la pérdida de vidas humanas.

CAMBIO: En las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa la narrativa del 'petrouribismo', por los acuerdos puntuales entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. ¿Esa dinámica puede repetirse en el Congreso?

C.C.: Es habitual lograr acuerdos sobre temas puntuales. No obstante, mantenemos una postura independiente. Por ejemplo, los cálculos del presidente estiman 30 billones de pesos para la reconstrucción, lo que exigirá una reforma tributaria. Esa reforma no puede gravar a las clases populares afectadas por el terremoto.

De la Espriella ha dicho que va a eliminar impuestos, pero es imposible hacer una reforma tributaria que no recaude. El sector financiero paga muy pocos impuestos y es una discusión que se va a abrir en el Congreso.

CAMBIO: Tras la elección del contralor, el Gobierno presentó el Libro de la Verdad con cerca de 80 denuncias sobre presunta corrupción durante el Gobierno Petro. ¿Cuál es la postura del Pacto Histórico frente a este documento?

C.C.: Estamos realizando una lectura rigurosa del texto, pero de entrada es evidente su falta de rigor técnico. Responde a un objetivo político y mediático. En lugar de ser el resultado de una auditoría interna del empalme, se limita a citar investigaciones previas de entes de control, opiniones de congresistas y publicaciones de prensa.

Al revisar por muestreo el capítulo de salud, las cifras presentadas no coinciden con la realidad. La Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal por cerca de 300.000 millones de pesos por irregularidades en Medimás, un desfalco originado durante gobiernos anteriores. Ese hallazgo, así como las denuncias del Gobierno Petro por 13,2 billones se omiten deliberadamente en dicho libro. Es una pieza de propaganda mediática.

CAMBIO: Pasemos a la salud, uno de los principales frentes del nuevo Gobierno. Para usted, que lideró esa cartera durante el Gobierno Petro, ¿qué implica para el sector el nombramiento de Ana María Vesga como ministra?

C.C.: En la historia reciente del país no se había visto que las EPS pusieran directamente a una de sus representantes a administrar los recursos del sistema y asumir el Ministerio de Salud. Si bien varios ministros anteriores eran aliados de las EPS, nunca habían asumido el cargo en cuerpo propio.

La doctora Ana María Vesga enfrenta severos conflictos de interés y deberá declararse impedida de forma permanente. Durante el último año integró la junta directiva de Acemi, gremio involucrado en los manejos irregulares que hoy la Contraloría ratifica, pues varias EPS cuestionadas pertenecían a esa asociación. Adicionalmente, cuenta con trayectoria directiva en la industria farmacéutica, lo que invalida su imparcialidad en la ejecución de las políticas del sector.

CAMBIO: La reforma a la salud del Gobierno Petro se hundió dos veces en el Congreso. ¿Qué rescataría de esa iniciativa y qué reconoce que se hizo mal?

C.C.: El primer punto clave es el manejo público y transparente de los recursos para frenar el desfalco al sistema. La reforma corregía esto implementando el pago directo a clínicas y hospitales con giros respaldados en auditorías con tecnología blockchain y manuales tarifarios. El segundo eje fundamental es la priorización de la prevención para detectar enfermedades a tiempo. Y el tercer pilar es el régimen laboral especial para dignificar a más de un millón de trabajadores de la salud que sufren contratación precaria e inestabilidad.

CAMBIO: Más allá de los debates políticos, los ciudadanos enfrentan barreras diarias para acceder a medicamentos o citas médicas. ¿Reconoce que durante el Gobierno de Gustavo Petro se agudizó la crisis del sistema?

C.C.: Claro. Y durante el Gobierno de De la Espriella se va a agudizar más si no se hace una reforma a la salud. El sistema es un paciente terminal diagnosticado desde 2008 por la Corte Constitucional. El Congreso pasó de largo, nunca hizo una reforma y el sistema empeoró.

El sistema empeoró porque no permitieron hacer la reforma a la salud, porque lo que estaban defendiendo en el Congreso era la impunidad y el saqueo. Además, el sistema se volvió la caja menor de un contubernio de la clase política con ciertos sectores particulares para manejar esos recursos a discrecionalidad.

CAMBIO: Organismos de control han advertido que las intervenciones forzosas del gobierno Petro a varias EPS profundizaron sus déficits financieros. ¿Cuál es su balance de esa estrategia?

C.C.: Las intervenciones son mecanismos legales y constitucionales a los que acude cualquier gobierno cuando un prestador delegado incumple sus obligaciones. Todas las administraciones anteriores han intervenido y liquidado EPS. De hecho, la gestión de Petro fue de las que menos acudió a este recurso en comparación con periodos como el de Santos.

Ninguna entidad sale bien de un proceso de intervención porque la medida se adopta precisamente cuando el prestador ha colapsado, niega medicamentos y acumula deudas. No se puede seguir viviendo en un sistema que lleva intervenido tres décadas. La solución propuesta en la reforma era sustituir las intervenciones por el pago directo a clínicas y hospitales, medida a la que la mayoría del Congreso sigue opuesta.

CAMBIO: El presidente ha anunciado una inyección de 10 billones de pesos para estabilizar el sistema. ¿Cree que esta inversión garantizará la prestación oportuna del servicio a pacientes?

C.C.: El Gobierno de Iván Duque inyectó 12 billones de pesos al sistema y esos recursos se esfumaron. Además, existe un problema de viabilidad fiscal: ¿de dónde obtendrá el Gobierno esos 10 billones de pesos, sumados a los 30 billones requeridos para la reconstrucción por el terremoto, si al mismo tiempo propone bajar impuestos?

CAMBIO: ¿Cómo evitar recaer en errores que le impidieron al Gobierno anterior adoptar medidas de fondo, en medio de un déficit fiscal?

C.C.: Estamos dispuestos a discutir una reforma tributaria seria. Debe incluir impuestos al sector financiero y al patrimonio para los grandes capitales. (...) Es falso que el problema sea el derroche del Gobierno saliente: el 93 por ciento del presupuesto nacional corresponde a gastos inflexibles.

CAMBIO: Frente a esta reorganización del progresismo, ¿cuál será el rol de Gustavo Petro y cómo se articulará su liderazgo con el de Iván Cepeda?

C.C.: Este es un proyecto político colectivo en el que Gustavo Petro se mantiene como el líder natural y referente histórico de nuestra propuesta. Por su parte, Iván Cepeda representa el liderazgo institucional y legislativo sustentado en la legitimidad que le dio haber sido nuestro candidato en la contienda presidencial.

Lejos de una pugna de poderes, existe un trabajo coordinado en el que el liderazgo estratégico de Petro nutre la línea política de la colectividad, mientras que Cepeda encabeza la articulación de la bancada en el Congreso y la interlocución con los diversos sectores sociales.

CAMBIO: ¿Cómo será la estrategia del Pacto Histórico frente a las elecciones regionales de 2027?

C.C.: Nosotros no vamos a hacer simplemente oposición. Vamos a ser gobierno, tanto a nivel local como nacional, porque esa es nuestra aspiración fundamental. No vamos solo a cuestionar las políticas del oficialismo, sino a consolidar una alternativa real de gestión. Competiremos con propuestas concretas para demostrar que el progresismo tiene la capacidad técnica, la legitimidad social y el respaldo popular para gobernar el país.

CAMBIO: Con esa apuesta por obtener espacios de poder en la gobernanza local, ¿ya se han barajado nombres?

C.C.: Más que nombres, en este momento estamos barajando y trabajando en los mecanismos. A nuestro juicio, la definición debe darse a través de una consulta popular amplia y transparente. Creemos firmemente en ese mecanismo democrático para que sea la propia ciudadanía la que defina a los mejores y las mejores líderes para competir y ganar.