Juzgado ordena devolver la Cooperativa Coosalud a sus dueños y revierte la intervención del Gobierno Petro
Un juzgado de Cartagena tumbó las prórrogas con las que la Superintendencia de Economía Solidaria mantenía intervenida la cooperativa y dio cinco días para entregarla a sus asociados. La decisión llega mientras la entidad enfrenta una denuncia por presuntos desvíos de recursos de la salud.
Por: Juan David Cano
Un juzgado de Cartagena ordenó devolver la Cooperativa Coosalud a sus asociados y dejó sin efecto la intervención forzosa que la Superintendencia de Economía Solidaria (SuperSolidaria) mantenía sobre la entidad, una medida que se había prorrogado durante el gobierno de Gustavo Petro.
El fallo de tutela, se conoció mientras la cooperativa enfrenta una denuncia penal por presuntos desvíos de recursos de la salud.
Juez regresa la cooperativa @Coosalud_ a sus dueños. Determinó que la intervención del gobierno @petrogustavo en cabeza de la inepta de @majonavarromz fue ilegal. Por estas irregularidades, el juez dejó sin efectos las resoluciones de intervención. pic.twitter.com/ehVoGv1sSs
— Julián Quintana (@julianquintanat) August 28, 2026
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dio un plazo máximo de cinco días hábiles para entregar la administración a la asamblea general de delegados de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud. El despacho, a cargo del juez Juan Carlos Marmolejo, anuló las resoluciones con las que la Supersolidaria había extendido por un año la toma de posesión.
Qué cubre el fallo y qué no
La decisión no toca a la EPS Coosalud, una de las promotoras de salud más grandes del país, con más de 3,3 millones de afiliados. Esa entidad sigue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024 y continúa en disputa judicial. El fallo se refiere solo a la cooperativa que la administra, cuya vigilancia estaba a cargo de la SuperSolidaria.
El juzgado cuestionó que la superintendencia usara los mismos problemas que originaron la intervención para justificar su prolongación, sin demostrar que el control estatal siguiera siendo necesario.
Con ello, según el fallo, se desvirtuó el carácter que debía tener la medida. La intervención debía ser "temporal, excepcional e instrumental", advirtió el despacho.
También reprochó que el 60,4 por ciento de los asociados quedara inhabilitado para votar en las elecciones internas por estar en mora con sus aportes, sin que la autoridad analizara si esa mora se originó en las restricciones que impuso la propia intervención. A juicio del juez, dejar por fuera a más de la mitad de la base social vulneró el derecho de la cooperativa a gobernarse a sí misma.
Un pulso de años con el poder central
La devolución cierra, al menos por ahora, un tramo de un enfrentamiento largo entre los dueños originales de Coosalud y el Estado, que durante la administración Petro escaló a lo personal.
El exgerente de la EPS, Jaime González, promovió una tutela que obligó al entonces presidente a rectificar señalamientos en su contra. El desacato derivó en una multa de quince salarios mínimos para Petro, quien insistió en redes en calificar a González de "corrupto".
El choque también fue administrativo. Un tribunal de Bolívar llegó a suspender la intervención sobre la EPS tras advertir un "deterioro financiero progresivo y profundo" bajo el control estatal, aunque después ordenó retomarla.
Ante la resistencia a devolver la entidad, el abogado de González denunció al exinterventor Jorge Orlando Suárez por presunto prevaricato y otros delitos.
El desenlace coincide con el cambio de gobierno. Con la salida de Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella, queda por verse qué postura tomará la nueva administración frente a las órdenes de devolver los activos intervenidos. En la cooperativa, el interventor Bayron Arrieta Jiménez es quien debe hacer la entrega.
La sombra de una denuncia por los recursos
El regreso de la cooperativa a sus dueños ocurre en medio de una denuncia que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo de inteligencia adscrito al Ministerio de Hacienda, presentó ante la Fiscalía.
El documento señala a Jaime González, a su junta directiva y a un asesor por presunto peculado (apropiación de dineros públicos) y desvío de recursos parafiscales de la salud, los dineros destinados a financiar el sistema.
Entre los hechos, la denuncia menciona que la junta directiva de la EPS avaló servir de fiadora de un crédito por 221.000 millones de pesos a favor de una firma hermana de inversiones. Al no pagarse, un banco ejecutó la garantía y se habría quedado con 206.000 millones de pesos de las reservas técnicas de la EPS, recursos que por ley deben respaldar la atención de los pacientes. La Contraloría también documentó giros por más de 314.000 millones a prestadores cuya existencia no pudo verificarse.
Ese presunto manejo habría acelerado el desplome financiero de Coosalud, que pasó de un patrimonio positivo a un déficit cercano a los 860.000 millones de pesos. Mientras la Fiscalía evalúa la denuncia y la EPS sigue intervenida, la cooperativa deberá emprender el regreso a la administración de sus asociados.
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