Cristina Lombana y José Alfredo Gnecco Zuleta.
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Caso contra José Alfredo Gnecco por presunta compra de votos ya tiene nueva magistrada investigadora
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento presentado por el magistrado Francisco Farfán y el caso ahora le quedó a la magistrada Cristina Lombana.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que el magistrado Francisco Farfán presentó en el proceso contra el senador José Alfredo Gnecco Zuleta por presunta compra de votos, que fue reabierto luego de que se conociera la existencia de una llamada entre él y su tía Cielo Gnecco, en la que ella afirma que el jurista les habría contado que estaban siendo interceptados.
Farfán fue el ponente de ese caso que fue archivado por la Sala de Instrucción sin mención alguna a la existencia de esa llamada, a pesar de que estaba consignada en uno de los informes judiciales que se realizaron en el marco de la investigación. El magistrado alega que no tuvo conocimiento de ello, denunció a Gnecco por calumnia, despidió a cuatro funcionarios del despacho y solicitó investigarlos, y ahora es también indagado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y solicitó una licencia por el resto del año y los tres primeros meses de 2024 para defenderse.
Al aceptarse el impedimento de Farfán, el caso quedó en manos del siguiente magistrado en orden alfabético, es decir, en las de la magistrada Cristina Lombana. Los otros impedimentos del magistrado Farfán serán estudiados en otra de las sesiones de la Sala de Instrucción. En concreto, uno fue presentado en un caso, abierto a todos los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por supuestamente no tramitar una denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa.
El caso contra Gnecco está relacionado con una denuncia presentada en febrero de 2018, que dice que él, supuestamente, orquestó "un plan criminal” para comprar votos masivamente en los municipios de La Paz, San Diego y en el norte del Cesar, a 50.000 pesos el voto.
