¿Choque de jurisdicciones? La audaz jugada de la JEP para aceptar a Mancuso

La Jurisdicción Especial para la Paz sorprendió al país al aceptar, el viernes pasado, el sometimiento de Salvatore Mancuso Gómez como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.

Esto significa que, para la JEP, Mancuso no solo fue el comandante de las estructuras paramilitares más sanguinarias que sufrió el país, sino también una persona que tuvo un rol clave, de enlace o bisagra, entre la criminalidad y la fuerza pública, al punto de que terminó siendo parte de esta, con una incidencia notable Además, también en la política y los sectores empresariales.

Con esa figura, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le dio una oportunidad excepcional a Mancuso, quien, estando preso en Estados Unidos, solicitó por primera vez en noviembre de 2017 ser acogido por la justicia especial.

Sin embargo, se trata de una decisión no solo novedosa sino polémica, en la medida en que la JEP no tiene competencia sobre exparamilitares –de hecho, ha negado 1.700 peticiones, incluida la de otro excomandante, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40–, y porque la  aceptación de Mancuso en la JEP podría chocar con su participación en otro tribunal especial, el de Justicia y Paz, encargado, precisamente, de procesar a los exparamilitares. 

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Lo que dijo motivó a la JEP a aceptar a Mancuso

Aun así, la JEP acogió a Mancuso por ser una conexión con el aparato militar y un posible máximo responsable de crímenes que ya están en examen: los macrocasos que revisan homicidios y desapariciones presentadas como falsos positivos; la situación de Urabá y la Unión Patriótica, y el caso 08, que versa sobre los crímenes cometidos en conjunto entre paras, agentes del Estado y terceros civiles.

Para ello, la justicia especial escuchó a Mancuso y contrastó cada cosa que dijo, para determinar si había hechos que hasta el momento no se conocieran, que no hubieran sido mencionados en Justicia y Paz. Los hechos incluyen una larga lista de nombres de integrantes de la Policía y del Ejército, políticos locales; los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y agentes del DAS, como personas que, según el exparamilitar, de manera directa o indirecta, ayudaron o supieron de graves crímenes.

Los nombres, hechos y revelaciones no son menores. Del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, Mancuso dijo que este “siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, la masacre de 15 personas de ese corregimiento de Ituango perpetrada en 1997, para lo cual se habría reunido con él en una finca. Uribe, entonces gobernador de Antioquia, niega tajantemente esa versión. Pero Mancuso también dijo que su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, fue el que la habría “pedido”.

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Mancuso aseguró que esa organización ilegal apoyó la campaña presidencial de Horacio Serpa y que, en segunda vuelta, pasaron a apoyar a Andrés Pastrana, quien, finalmente fue elegido en 1998 y a quien después le habrían mandado razones a través del congresista Luis Carlos Ordosgostia.

Mancuso, además, mencionó al expresidente Ernesto Samper, tanto para decir que el narco Orlando Henao sí le financió la campaña, como para decir que se habrían hecho gestiones para lograr desmovilizaciones.

“Serpa se había reunido con el comandante Carlos Castaño en Cali (...) En esa reunión, siendo Serpa ministro de Samper, le pidió, le ofreció a Carlos que avanzaran en un proceso de negociación y que estaba dispuesto a desmovilizar todas las autodefensas”, indicó.

Todos estos hechos, algunos mencionados en audiencia pública y otros en sesiones reservadas reveladas por CAMBIO este domingo, se hicieron públicos en unas matrices que la JEP sacó a la luz y que tienen anotaciones sobre qué es novedoso y qué no.

¿Choque de jurisdicciones?

Más allá de que garantizar una amplia discusión política de hechos que deberán ser contrastados y comprobados, el ventilador de Mancuso también ha provocado una controversia jurídica sobre los alcances de la decisión que tomó la justicia especial, pues mantiene a Mancuso –al mismo tiempo– en la JEP y en Justicia y Paz, a la que está sometido desde 2004, cuando se desmovilizó.

Fuentes de Justicia y Paz le dijeron a CAMBIO que, para empezar, Mancuso ya está condenado por hechos cometidos entre 1989 y 2004, periodo de tiempo por el que fue aceptado en la JEP, y cuestionaron su inclusión en tanto que la Jurisdicción Especial para la Paz se pensó como mecanismo para resolver el proceso de paz de La Habana y no procesos anteriores.

Como la JEP tiene prevalencia sobre otros sistemas de justicia –aunque Mancuso siga en Justicia y Paz–, la pregunta lógica es si los magistrados que llevan procesos por más de 56.000 crímenes en Bogotá y Barranquilla van a poder seguirlos, o si se tendría que proponer un conflicto de competencias para zanjar la discusión.

El asunto es clave también porque las víctimas le habían pedido a la JEP que permitiera a la justicia ordinaria avanzar en las investigaciones contra máximos responsables, para evitar lo que pasó en el caso de Mario Montoya, cuando la Fiscalía tenía todo listo para imputarle cargos y no pudo proceder porque Montoya había sido aceptado por la JEP y esta justicia era la que prevalecía. 

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Por otra parte, la decisión de la JEP sobre Mancuso podría crear una nueva ruta de posible acogimiento para excomandantes paramilitares que hubieran tenido ese mismo rol de “bisagra”, como Jorge 40 y Macaco.

Germán Romero, abogado defensor de derechos humanos y abogado de víctimas, dijo que Mancuso pasó, entonces, de ser jefe paramilitar a integrante del Ejército y que esto implicaría perdonarle casi 18 años de “decir mentiras” y de defraudar a las víctimas. “Es absurdo que, teniendo la obligación de aportar verdad, hoy resulte que la que tenía que decir allá, la tenía guardada y que solo ahora ante la JEP la venga a decir, sin que el país la conozca”, dijo.

Según Romero, de lo que la JEP hizo público se puede evidenciar que Mancuso volvió a mencionar a personas que ya había salpicado en Justicia y Paz y frente las cuales incluso hubo compulsas de copias, sin que la justicia ordinaria actuara ni avanzara en las investigaciones. “¿Las víctimas que le reclamaron ante Justicia y Paz podrán hacerlo en la JEP? ¿En qué condición? ¿Cómo militar?”, dijo.

Tanto Romero como fuentes de Justicia y Paz aseguraron a CAMBIO que, como la JEP puede solo investigar a determinadas personas, es claro que las menciones que haga Mancuso sobre personajes públicos políticos tendrían que implicar una nueva compulsa de copias. El asunto es que esas compulsas ya existen (aunque poco ha pasado con ellas) sobre personas como el expresidente Álvaro Uribe o el general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien es más recordado por el caso del holocausto del Palacio de Justicia, pero quien ha sido mencionado en el pasado de tener nexos con paramilitares.

“A Ramírez Quintero lo ha mencionado desde 2006. Yo, que he tenido la oportunidad de estar en varias declaraciones que él ha hecho en estos años, he escuchado el mismo relato con las mismas personas, con las mismas limitaciones, sin aportar mayores novedades”, dijo Romero, quien insistió en que, en las zonas en donde Mancuso operó y se movía con plena libertad, las reparaciones no han llegado.

Otras fuentes consultadas por CAMBIO llamaron la atención sobre la forma como Mancuso logró activar todos los sistemas de justicia del país –incluyendo la Corte Constitucional, que ordenó volver a revisar su petición de libertad–, para que ahora todo el sistema de la JEP se esté moviendo en torno a él.

“Tendría que tener una información absolutamente valiosa que justifique el movimiento telúrico, el movimiento brusco del sistema judicial, cuando hasta el momento la JEP no ha dictado ninguna sentencia”, indicó una de las fuentes a CAMBIO. Y puso sobre la mesa el hecho de que una de las magistradas que firmó la decisión, Heydi Patricia Baldosea Perea, fue en el pasado representante de paramilitares que estaban postulados en Justicia y Paz.

El riesgo que implica tener a Mancuso tanto en la JEP como en Justicia y Paz motivó el salvamento de voto de la magistrada María del Pilar Valencia. En su criterio, el exparamilitar, por estar en Justicia y Paz, no podrá recibir los beneficios de la JEP por los aportes de verdad que llegue a realizar, y una posible expulsión del sistema tampoco sería relevante porque el que tendría la decisión sobre su libertad es el tribunal de Justicia y Paz.

“Los aportes en la JEP estarían defraudando los compromisos que tiene el señor Mancuso ante Justicia y Paz, con efectos negativos para su situación jurídica y su libertad”, dijo la jurista. Para ella, la aceptación en la justicia especial podría terminar convirtiéndose en una carga para el exparamilitar y, con ello, poner en riesgo los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica.

CAMBIO estableció que Mancuso, quien también es gestor de paz, nombrado por el presidente Gustavo Petro, apelará la decisión que inicialmente no lo tiene tranquilo por el hecho de seguir sujeto a Justicia y Paz y las implicaciones que esto tiene para él.

Habla el presidente de la JEP: 'Estamos inaugurando una ruta'

Ante las dudas planteadas, CAMBIO conversó con el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, quien aceptó que la presencia doble de Mancuso en la JEP y en Justicia y Paz es una nueva ruta:

“Estamos inaugurando esa ruta porque hasta ahora lo que hemos hecho es respetar estrictamente la competencia de Justicia y Paz. Ese criterio lo mantenemos, pero abrimos esta situación excepcional, que hace que conviva Mancuso en las dos jurisdicciones: que allá tengan unas resoluciones sobre libertad y que termine sus procesos; y en el caso nuestro, que empiece a contribuir en nuestros procesos”.

Ante la duda de qué va a pasar con los casos que tiene Justicia y Paz contra Mancuso, Vidal dijo que el criterio es que sigan con normalidad. “Eso pasa con personas que tienen tantos crímenes imputados. La interpretación que hicimos es que la competencia de la JEP es prevalente en cuanto a los hechos que son competencia nuestra, es decir, esta condición de bisagra, pero en los hechos como paramilitar, la competencia de Justicia y Paz sigue funcionando”.

Ese tema también genera controversia porque Mancuso es aceptado como “bisagra” entre la criminalidad y la Fuerza Pública, mientras Justicia y Paz debe seguir investigándolo por hechos cometidos como jefe paramilitar. ¿Cuál es la línea para diferenciar cuándo Mancuso actuó de una y otra forma? ¿Es posible que sean ambas condiciones al mismo tiempo por el mismo delito?

Preguntado sobre ello, el magistrado Vidal dijo que esa no es una cuestión fácil ni unánime dentro de la misma JEP, que inicialmente le había negado el acceso a Mancuso. “No es una decisión pacífica. Los magistrados se concentraron en aquellos hechos en que se haya integrado funcionalmente esta persona a la Fuerza Pública, ya sea porque daba órdenes o estaba recibiendo órdenes específicas. Y no son todos los hechos, sino unos hechos, porque realmente en la mayoría de los hechos él actúa como jefe paramilitar”, agregó.

Vidal dijo que esa condición de “bisagra” es “muy exigente” y que solo podría aplicarse, tras un análisis caso a caso, a otros jefes paramilitares. De hecho, reveló que hay 13 peticiones más entre, las cuales está la de Jorge 40 y la de Macaco. Además, confirmó que la magistrada Baldosea Perea, quien trabajó en defensoría pública en Justicia y Paz antes de llegar a la JEP, no presentó impedimento y que tampoco fue recusada por la defensa de Mancuso.

Las limitaciones de Mancuso por estar en Justicia y Paz

Entre tanto, también hay voces de expectativa sobre lo que Mancuso podría aportar. Luisa Lázaro, defensora de derechos humanos y abogada que acompaña a víctimas en Norte de Santander, le dijo a CAMBIO que el sometimiento de Mancuso puede ser fundamental en el esclarecimiento de la violencia en Colombia:

“Esperamos que la JEP se encargue de develar esa verdad que diferentes actores colombianos se han empeñado en ocultar. Ahora bien, que comparta el sometimiento con Justicia y Paz limita de alguna manera el actuar de la jurisdicción y limita también las garantías de participación de él”.

Lázaro agregó que las víctimas del paramilitarismo, especialmente las de desaparición forzada, “esperan que esta contribución a la verdad pueda esclarecer los hechos y encontrar a los desaparecidos”. Tendría que ser un aporte que dignifique y devele asuntos como, en su caso, la participación de altos miembros del Gobierno en la incursión en Norte de Santander.