Choque de trenes entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía por caso del coronel Carlos Feria

A finales de noviembre, la juez 79 de garantías de Bogotá no accedió a la petición de los abogados de suspender el caso y enviarlo a la Justicia Penal Militar y les imputó cargos por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal al coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y al intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, por el polígrafo practicado a la niñera Marelbys Meza. Sin embargo, CAMBIO conoció que en los próximos días una decisión de la Justicia Penal Militar y Policial podría cambiar ese panorama y hacer tambalear el caso en la justicia ordinaria. 

Fuentes cercanas al caso dijeron a CAMBIO que, en los próximos días, la Justicia Penal Militar citará a interrogatorio al coronel Carlos Feria. La citación, con la que Feria quedaría vinculado a un proceso por los mismos hechos, pero en la jurisdicción militar y policial, produciría un choque de trenes con la Fiscalía por la competencia en el caso. 

Después de esa citación, será el funcionario de la justicia penal militar el que le plantee el conflicto de competencias a la Corte Constitucional, la cual tendrá en sus manos la decisión final sobre si Feria y los otros policías deben ser juzgados por la justicia ordinaria o la penal militar y policial.

Las fuentes también le dijeron a CAMBIO que los investigadores de la Justicia Penal Militar ordenarán otros interrogatorios, inspecciones, búsquedas selectivas y demás pruebas periciales en el proceso que llevan por el uso del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia, quien hasta hace unos meses fue la jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.

En una comunicación conocida por CAMBIO, la justicia penal militar informó que tiene abierto un radicado por ese proceso del polígrafo desde mediados del mes de noviembre. Aunque tomen decisiones en los próximos días, estas decisiones quedarían suspendidas hasta que la Corte Constitucional dirima el conflicto de competencias. 

A principios de noviembre, el abogado Marlon Díaz, defensor del coronel Feria, le pidió al fiscal general penal militar avocar conocimiento del caso argumentando que la Fiscalía no ha tenido en cuenta que este es miembro activo de la fuerza pública porque sigue ostentado el grado de teniente coronel y está adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Dipro, destinado en comisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Jefatura para la Protección Presidencial.  Díaz también argumentó que las funciones propias del cargo, de seguridad y confianza, le permitían ordenar la prueba de polígrafo. 

“Hace parte de las competencias de la Jefatura Para la Protección Presidencial, pues la implementación de medidas frente a sus Beneficiarios (dentro de los que se encuentran además del señor presidente y la señora vicepresidenta de la república, los altos funcionarios de la Presidencia de la República), se hace a través de sus Coordinaciones, en virtud del cargo, funciones y actividades que determinan un nivel de riesgo demostrado y comprobado, buscando preservar su vida, integridad física e imagen, funciones que han sido asignadas legal y reglamentariamente, y es en ese marco en el cual debe realizarse el análisis de las conductas investigadas, lo cual permitirá advertir, como lo hace la defensa en este momento, que corresponde a la Jurisdicción Penal Militar y no a la Ordinaria”, dice la carta que le envió el abogado Marlon Díaz al fiscal general penal militar.

Díaz añadió que, mediante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del Ministerio del Interior, se estableció que "la jefe del Despacho Presidencial  tenía un nivel de riesgo demostrado y comprobado”, por lo que la Jefatura para la Protección Presidencial, dirigida por el coronel Feria, es la que debía ordenar las “medidas preventivas, subsidiarias y complementarias con el propósito de garantizar la vida e integridad física de los beneficiaros de medidas, en virtud del cargo o sus funciones y actividades”.

En todo caso el conflicto de competencias quedaría planteado en la Corte Constitucional antes de finalizar el año y el futuro del proceso estaría bajo su batuta.