Cinco propuestas del Instituto Anticorrupción para el Congreso y el Gobierno en el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción

El Instituto Anticorrupción le envió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un documento con cinco recomendaciones para combatir la corrupción. Según Juan Pablo Contreras, vocero del Instituto, “las propuestas buscan fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar, investigar y sancionar efectivamente ese flagelo.”

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El escrito, que el Instituto entrega en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, plantea la necesidad de crear juzgados y tribunales especializados anticorrupción; reformar el proceso de selección de los fiscales anticorrupción; adoptar una ley de lobby transparente entre el Congreso y el Gobierno; crear la figura de los acuerdos de persecución diferida y acuerdos de no persecución, similares a los que existen en Estados Unidos e Inglaterra; y aprobar el proyecto de ley protección de reportantes de actos de corrupción que actualmente cursa trámite en el Congreso, con algunas reformas.

CAMBIO le cuenta en detalle en qué consisten las propuestas. 

Primera propuesta:  Crear juzgados y tribunales especializados anticorrupción

Según el Instituto Anticorrupción, los casos de corrupción son conocidos por jueces que tienen competencia sobre muchos otros delitos, lo cual genera retrasos importantes que terminan prescribiendo. Además impide la especialización en el conocimiento de los casos de corrupción. 

Por esto, el Instituto propone crear juzgados y tribunales especializados anticorrupción, constituidos “a través de procesos especiales de selección que garanticen su funcionamiento como auténticos oasis de integridad, que incrementen la confianza en el sistema judicial y que aseguren un mayor nivel de conocimiento técnico de ese tipo de fraudes por parte de los jueces”. 

Además, la “selección de los jueces anticorrupción podría contar con la participación de expertos internacionales independientes y de organizaciones de la sociedad civil con un recorrido comprobable en lucha en contra de la corrupción.”

Así, el Instituto retoma experiencias positivas de otros países, como Ucrania o Bulgaria, que han optado por crear este tipo de jueces anticorrupción, elegidos con apoyo de la comunidad internacional o de verdaderos expertos en la materia. Así, se apunta a garantizar una justicia independiente, libre de manoseos y de intereses políticos o de otro tipo. Además, podría resolver los casos más rápido y tendría un mayor conocimiento técnico en la materia. 

Segunda propuesta: Reformar el proceso de selección de los fiscales encargados de los casos de corrupción más importantes

El episodio de Luis Gustavo Moreno, el infame Fiscal Anticorrupción que terminó preso como resultado de su papel protagónico en el Cartel de la Toga, es uno, entre varios casos en los cuales los fiscales encargados de los casos de corrupción más importantes, terminan comprometidos por el dinero fácil o por tráfico de influencias. 

En Colombia, los Fiscales Especializados Anticorrupción y los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Fiscal General de la Nación, que en nuestro país es una especie de emperador en la Fiscalía. Cuando se tienen fiscales como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez o Francisco Barbosa, los fiscales que son nombrados en esas posiciones terminan siendo mandaderos de sus jefes. Los lectores recordarán lo que ha ocurrido con el Fiscal Jaimes o con algunos otros. 

Así, la propuesta del Instituto busca que ese proceso de selección cuente con una comisión de veto internacional, compuesta por expertos de otros países. Esos candidatos serían evaluados con mucho detenimiento. La comisión de veto podría revisar las variaciones de su patrimonio durante varias décadas o cualesquiera posibles acusaciones por violaciones a la integridad, que puedan comprometer su credibilidad. 

Tercera propuesta: Adoptar una ley de relacionamiento transparente entre el Congreso y el Gobierno 

Casos como el de Mario Castaño, Eduardo Pulgar, el Ñoño Elías y muchos más, le han mostrado al país la manera en que los congresistas usan su poder para pedir puestos, contratos y favores. Pero también muestran cómo el Gobierno Nacional termina repartiendo mermelada para lograr la aprobación de sus proyectos de ley más importantes. 

Por lo anterior, según el Instituto Anticorrupción, la “mejor manera de prevenir la mermelada corrupta y el tráfico de influencias, es transparentando la interacción de los congresistas y el gobierno. Para esto, es necesario que el Gobierno Nacional y el Congreso impulsen la adopción de una Ley de relacionamiento transparente entre el Congreso y el Gobierno, para que esa interacción opere de forma totalmente transparente”.

Con esto se busca que las interacciones entre el Congreso y el Gobierno se den sobre la mesa. Debe ser claro quién se reúne con quién y para qué, algo que todos los colombianos tienen derecho a saber. Al fin y al cabo, tanto los congresistas como los funcionarios del gobierno son empleados de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a saber en qué invierten su tiempo esas personas. 

Cuarta propuesta: Creación de los Acuerdos de Persecución Diferida y Acuerdos de No Persecución

El Instituto Anticorrupción considera que es necesario impulsar en Colombia una ley que le “permita a la Superintendencia de Sociedades suscribir con las empresas objeto de investigaciones por casos de corrupción, Acuerdos de Persecución Diferida y Acuerdos de No Persecución (similares a los No Prosecution Agreements y a los Deferred Prosecution Agreements que utilizan el Departamento de Justicia (DOJ) y el Regulador del Mercado de Valores (SEC) de los Estados Unidos) para los casos de corrupción más significativos.”

El Instituto explica en su documento que en países como Brasil, Inglaterra o Estados Unidos, estos acuerdos les permiten a las empresas beneficiarse de la no persecución o de la suspensión de la persecución, tras pagar multas enormes y “tras colaborar eficazmente en la investigación de los casos de corrupción que denuncian o ayudan a destapar.” Recientemente el Grupo Aval se benefició de un acuerdo de este tipo en los Estados Unidos, en donde tuvo que pagar 80 millones de dólares, cerca de trescientos veinte mil millones de pesos. 

Este tipo de acuerdos le ayudan al Estado a detectar con mayor facilidad los casos de corrupción. Según Juan Pablo Contreras, “Al darles el incentivo del desistimiento o suspensión de la investigación en caso de autodenuncia o colaboración con la investigación, convierte a las empresas en aliadas.” 

También le “ayudaría - al Estado - a reducir el desgaste de la Superintendencia de Sociedades y de la Fiscalía en investigaciones muy largas, que a veces no logran éxito debido a la debilidad del material probatorio”, concluye en este acápite el escrito del Instituto.

Quinta propuesta: Aprobar una Ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción

El asesinato de quienes denuncian la corrupción es frecuente. El caso de Jorge Pizano, quien denunció el episodio de corrupción que involucró a Odebrecht y Corficolombiana, es emblemático. Si bien la causa directa de su muerte no ha sido esclarecida, es bien sabido que temía por su vida dada la gravedad de lo que había descubierto y estaba denunciando. 

Así, el Instituto pide impulsar la adopción del Proyecto de Ley 'Jorge Pizano', radicado por el Ministerio de Justicia el pasado 8 de noviembre, mediante el cual se adoptan medidas de protección para quienes denuncian o reportan actos de presunta corrupción. Asimismo, el Instituto sugiere que “es necesario que en este Proyecto de Ley se incorporen mecanismos de incentivos económicos a quienes denuncien la corrupción, como el pago de recompensas¨, algo que Instituto Anticorrupción ha venido pidiendo hace varios años. Según el Instituto el dinero de las recompensas saldría de las multas que el Estado imponga a las empresas o personas corruptas. 

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Las propuestas del Instituto son fruto de varios meses de trabajo y consulta con expertos. Si bien los detalles de cada una de las ideas pueden ser objeto de perfeccionamiento, éstas parecen prometedoras y caen bien en un país tan duramente afectado por la corrupción.

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