Ciro Ramírez ante la Corte Suprema: "Puedo desvirtuar la acusación que se me ha hecho"

Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Ciro Alejandro Ramírez del Centro Democrático negó haber participado en un entramado criminal que desvió millonarios recursos por contratos, por el cual fue acusado.

Ramírez fue llevado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos porque supuestamente lideró un entramado criminal que buscó obtener un contrato de gerencia integral 670 que finalmente se firmó entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por 48.660 millones de pesos en 2021.

¿Qué dijo Ciro Ramírez en la audiencia?

En audiencia de juicio ante la Corte Suprema, Ramírez dijo que es inocente y que hay evidencias de que él no participó en la conformación del convenio 670.

Según su explicación, el gerente de Proyecta en ese entonces, Pablo César Herrera, aseguró públicamente cuando se firmó el contrato que el gestor del mismo fue el entonces gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo. Pero, según Ramírez, ya cuando Herrera terminó preso, cambió su versión. "Dice que el gestor ya no fue el gobernador, sino yo", dijo.

Ramírez puso de presente que Alejandro Noreña, un asesor de Herrera que se encargó de presentarlos, entregó a la Fiscalía conversaciones que demostrarían que no participó en el proceso previo al convenio 670.

"Puedo desvirtuar la acusación que se me ha hecho. También soportado por testimonios de funcionarios del DPS que no me vieron en el DPS. No intervine en la estructuración ni en el proceso del convenio 670", dijo al insistir que él no tenía capital político en Quindío ni obtuvo rédito por ello.

"(Noreña) me dice que le diga mentiras a Pablo Herrera si me llega a preguntar que yo ayudé a que salvaran Quindío. Si él me dice (eso), es porque existe la ausencia de mi intervención en ese proyecto", aseguró Ramírez.

Según la acusación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, de ese convenio de gerencia integral, salieron otros 13 contratos por 24.606 millones de pesos que habrían sido entregados a contratistas seleccionados a dedo por Ramírez. Todo con el fin de favorecerse políticamente.

En su intervención en el juicio, Ramírez indicó que las personas que recibieron los contratos serían conocidos "del hijo del gobernador, de Pablo Herrera y de Alejandro Noreña ocho años antes de la firma del convenio". 

"En las conversaciones está soportado que Alejandro Noreña intervenía en el direccionamiento de un convenio anterior, el 501, lo cual quiere decir que es una práctica habitual en ellos", dijo Ramírez al señalar que las conversaciones de Noreña probarían la existencia de un entramado de corrupción de direccionamiento de contratos, pero en la Gobernación.

"En la Gobernación de Quindío, en la Secretaría de Planeación, en Proyecta y en el área jurídica cuando hablan y mencionan entre Herrera, Noreña, el contratista, Mauricio Jara -director Jurídico de la Gobernación-durante todo 2021 y principios de 2022. El mismo Jara es el que termina dándole contratos por más de 250 millones de pesos al abogado de Pablo Herrera", señaló al enfatizar en que Noreña estuvo aliado con Mario Castaño, el exsenador liberal condenado por liderar entramados de corrupción.

Ramírez denunciará a los testigos de su caso

Al ser interrogado por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Ramírez anunció que va a denunciar a algunos de los testigos de su caso al señalar que estos le mintieron a las autoridades sobre varios episodios, especialmente uno que derivó una visita que hizo a la cárcel a Pablo César Herrera, quien fue detenido por irregularidades en el convenio 501.

Según él, no es cierto que haya entrado a la cárcel "como abogado", sino que fue una visita porque Herrera le comentó que fue víctima de acoso sexual y que estaba buscando la forma de mejorar sus condiciones carcelarias, de cambiar de pabellón y de presentar la respectiva denuncia. 

"Han creado este montaje desde la cárcel. Demostraremos como se fraguó esa visita a la cárcel", dijo Ramírez. El exsenador señaló que Herrera no es un testigo creíble y que solo tuvo algunas citas con él. En ese sentido, Ramírez dijo que conoció a Herrera a través de Alejandro Noreña -a quien conoció a través de Anderson González.

"(Noreña) me lo presentó, una reunión que no duro mas de 20 minutos. Fue informal y casual. El instructor le pregunta a Noreña que porque hizo la presentación y él dice que solo fue para que se conocieran. Y Herrera dice que no fue algo anunciado. Fue algo informal. (...) En la acusación se cambiaron las palabras y dice que sí fue concertada, pero los testimonios dicen lo contrario y fue algo casual", aseguró el exsenador.

Según Ramírez, Noreña lo buscó más adelante porque tenían problemas con un convenio y estaba buscando una cita con el DPS. El exsenador reconoció que hizo la gestión a través del enlace que tiene el Congreso con las entidades públicas y que participó en la cita con Noreña y Pierre García, entonces subdirector del DPS.

"Yo me tuve que retirar porque ese día estábamos abriendo mi sede en la ciudad de Bogotá y así queda soportado en las conversaciones que aportó Noreña.  No hubo otra reunión entre García, él y yo", dijo al insistir que eso se demostraría con el registro de entradas y salidas al DPS. 

La acusación contra Ciro Ramírez

La acusación de la Corte Suprema de Justicia señala que Ramírez no actuó solo, sino que contó con la ayuda de Pierre García, entonces subdirector del DPS, quien hoy está igualmente investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Los testigos de este caso, que están igualmente procesados por corrupción, señalaron que el direccionamiento de los 13 contratos se planeó en reuniones del DPS entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, dijo que Ramírez estaba a cargo de proyectos Quindío Varios y de Saldaña, Tolima, por 10.190 millones y 5.725 millones, respectivamente. El contrato se entregó a Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, exalcalde de Piedecuesta (hoy investigado) y a su hijo Raúl Cardozo Nuncira, a cambio de apoyar a Ramírez para las elecciones del 2022. Los Cardozo, padre e hijo, seleccionaron a dedo a los contratistas de esas obras.

El expediente también cuenta los registros de entrada al DPS, el 5 de noviembre de 2021, de Noreña, de Katherine Rivera (asesora de Ramírez) y Herrera, quienes fueron a reunirse con Pierre García antes de consolidarse el convenio 670, lo cual va de la mano con el testimonio de Herrera, que dijo que allí se acordaron en qué municipios iban a incluirse en la bolsa del contrato para favorecer a Ramírez.

También hay mensaje de texto en el que Noreña le envía a la asesora de Ciro Ramírez a las 8:40 a.m. del 10 de noviembre imágenes de tablas de datos con los proyectos que se ejecutarían en el marco de la gerencia del 670, entre otros.

El juicio contra Ramírez tomará varia sesiones y se escucharán a todos los involucrados en este caso.