Ciro Ramírez.
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El exsenador Ciro Ramírez va a juicio por corrupción: estas son las razones
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Ramírez va a juicio por hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022 que tienen que ver con su presunta injerencia indebida en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país.
Ramírez está privado de su libertad desde mediados de diciembre del año pasado y la Sala de Instrucción decidió mantener esa medida de aseguramiento.
La investigación contra Ciro Ramírez
De acuerdo con la investigación del alto tribunal, el exsenador del Centro Democrático habría organizado y dirigido un entramado criminal para alcanzar un contrato de gerencia integral en 2021 que se firmó entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por 48.660 millones de pesos.
De ese convenio, se derivaron otros 13 contratos que Ramírez habría direccionado a personas específicas para favorecer sus intereses políticos y económicos, con participación de Pierre García, ex subdirector del DPS, quien está imputado por la Fiscalía General por su participación en estos hechos.
Según la Corte, ambos buscaron favorecer a Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima a cambio de dádivas por más de 1.000 millones de pesos, replicando el modelo de corrupción que usó el exsenador Mario Castaño para desviar miles de millones de pesos a través del direccionamiento de contratos.
Supuestamente, Ciro Ramírez se reunió en septiembre de 2021 con Alejandro Noreña, quien hizo parte del entramado de Castaño, y quien fungía como asesor entonces de Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, quien dijo a la Fiscalía que la modalidad de contratación por la vía de gerencias especiales les permitía a ellos direccionar a su antojo múltiples contratos.
Y entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, efectivamente, se firmó el convenio 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta por 48.660 millones de pesos. Luego hubo más reuniones para direccionar al menos 13 contratos, incluidos en ese convenio, por valor de 24.606 millones de pesos.
Según Herrera, lo que se hizo fue crear una especie de bolsa dentro de ese contrato de gerencia integral en zonas en donde el senador Ramírez tenía influencia, como Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.
Ramírez aseguró que es inocente y que el testigo Herrera lo mencionó para hacerle daño y obtener beneficios judiciales.
