Acuerdo de Escazú.
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Procuraduría pide a la Corte Constitucional avalar el Acuerdo de Escazú
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La Procuraduría General acaba de pedirle a la Corte Constitucional que avale la ley mediante la cual el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú. La Corte hará audiencia pública a finales de abril. Detalles.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que avale la Ley 2273 de 2022, mediante la cual el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica.
La posición de la Procuraduría, conocida por CAMBIO, la presentó el viceprocurador Silvano Gómez, y era esperada en el alto tribunal desde finales del año pasado.
Según el Ministerio Público, el instrumento internacional fue aprobado por el Congreso sin que se presentara ningún vicio de forma y para su discusión en el Congreso no era necesario que se emitiera un concepto de impacto fiscal. Ese es uno de los temas que preocupa a los entendidos en el tema, pues la Corte Constitucional tumbó en 2023, por ejemplo, dos leyes aprobatorias de tratados internacionales por no contar con ese análisis.
En el concepto de 16 páginas, conocido por CAMBIO, la Procuraduría dijo que como las medidas del Acuerdo de Escazú no ordenan gasto ni establecen tributos, ese concepto no es necesario en este caso.
Otro punto clave que se discute en la Corte sobre el futuro de este tratado internacional es si su trámite requería o no consulta previa con comunidades.
El Ministerio Público aseguró que las disposiciones del acuerdo que regulan beneficios para las personas o grupos vulnerables de la sociedad sobre la participación y el acceso a la información, a la justicia ambiental, “la ausencia de consultas previas” no afecta la ley.
De hecho, la entidad dice que el instrumento internacional busca hacer efectivos derechos al ambiente sano, que profundiza derechos especialmente en materia de acceso a la información ambiental y que contiene medidas que se ajustan al reconocimiento del derecho colectivo al ambiente sano y que impone obligaciones concretas al Estado oportunas.
“Se toma nota de uno de los aspectos más relevantes y positivos del Acuerdo que obliga a los agentes del sector ambiental a definir e implementar las acciones pertinentes para que la información ambiental que generen y recopilen la pongan a disposición del público (…) Lo anterior por cuanto se trata de un propósito de gestión ambiental en Colombia que se encuentra pendiente”, dijo la entidad.
La Procuraduría dijo que el mandato derivado del Acuerdo de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales enfatiza en la necesidad del Estado de garantizar un entorno seguro para que estas personas puedan actuar sin amenazas y “compromete al Estado a diseñar y desarrollar acciones y estrategias para la defensa de los líderes ambientales que han sido perseguidos en diferentes regiones del país”.
La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que, por la importancia de este tema, hará una audiencia pública para escuchar a múltiples expertos, al Gobierno y a organismos de control. La audiencia será el 26 de abril.
