
Crédito: CAMBIO - Ana María Cañón
“La concurrencia de la consulta popular con el proceso electoral genera múltiples riesgos”: Humberto de La Calle
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El exsenador afirmó que las preguntas presentadas en la consulta popular responden a las reivindicaciones históricas de los trabajadores del país. Sin embargo, cuestionó que el mecanismo de participación se implemente a menos de un año de las elecciones de 2026.

En el foro de CAMBIO ‘Consulta popular: ¿un mecanismo viable para impulsar las reformas?’ congresistas y excongresistas dialogaron sobre las implicaciones de implementar una consulta popular a poco más de un año para el fin del mandato presidencial de Gustavo Petro.
El exsenador Humberto de La Calle indicó que la consulta popular tiene la capacidad de superar las diferencias políticas entre el Gobierno nacional y el Congreso en torno a la reforma laboral. Asimismo, enfatizó en que la implementación del mecanismo representa un instrumento político que podría generar ciertas dificultades de cara a los comicios electorales de 2026.
“Las preguntas son planteadas de forma legítima y representan reivindicaciones de los trabajadores en el país. Sin embargo, la concurrencia de la consulta con el proceso electoral genera riesgos. La discusión va a exceder los límites de las 12 preguntas definidas por el Gobierno y eso podría resultar inoportuno”, explicó el excongresista.
La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro indicó que la convocatoria de la consulta popular se realizó tras considerar que el Congreso no ha representado los intereses de los ciudadanos. En ese sentido, reconoció la necesidad de impulsar la aprobación del mecanismo en el Senado y alcanzar altos niveles de participación.

“El objetivo es convocar a más de 13 millones de colombianos. Las preguntas deben garantizar que cada ciudadano, independientemente de su entorno social o nivel educativo, puedan responder de forma clara las cuestiones abordadas. Lo más importante es realizar un ejercicio de democracia participativa”, explicó la senadora.
Por su parte, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano reiteró que la concurrencia de la consulta popular con las primeras etapas de los comicios electorales podría generar sospechas sobre su legitimidad. En ese sentido, afirmó que la iniciativa podría tomar como referencia la implementación de la consulta anticorrupción, que se realizó en 2018 luego de las elecciones presidenciales y legislativas.

“Creo que la Comisión Séptima del Senado se equivocó, porque tendría que haber aprobado medidas de protección laboral que responden a las necesidades del siglo XXI. Pero necesitamos tener el texto formal de la consulta para analizar las preguntas y proponer los cambios que se consideren pertinentes”, dijo Lozano en el foro de CAMBIO.
