Fiscalía firmó preacuerdo con Emilio Tapia por caso de Centros Poblados: pagaría seis años de cárcel

Tres años después de que estallara en Colombia el caso de Centros Poblados, que es como se le conoció al fracaso de un billonario contrato de conectividad que entregó el Ministerio de las TIC, la justicia resolvió por fin la situación de uno de los implicados en el escándalo que terminó con la pérdida de 70.000 millones de pesos.

Emilio Tapia, el contratista que estaba detrás de tres de las cuatro empresas que conformaban el consorcio Centros Poblados, la cual recibió los recursos a pesar de no haber cumplido, duró varios meses negociando con la Fiscalía General de la Nación un preacuerdo con el que se le permitiría reducir su pena y devolver parte de la plata que se perdió. 

CAMBIO conoció detalles de esa negociación que ya fue firmada por la Fiscalía y que hora requerirá de la aprobación de un juez de la república. Con este proceso arranca así un nuevo capítulo del caso de corrupción que marcó al gobierno del presidente Iván Duque, ya que ahora al llamado zar de la contratación le tocará dar testimonio sobre más personas implicadas, incluyendo a los funcionarios públicos que habrían participado. 

Los detalles del acuerdo de Emilio Tapia con la Fiscalía

Los documentos conocidos por este medio de comunicación establecen un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Emilio Tapia Aldana con cuatro compromisos que debe cumplir el implicado. 

En primer lugar, se acordó imponer una pena de 76 meses de prisión, que equivalen a seis años, de los cuales el polémico empresario ya ha cumplido tres. Así mismo, deberá pagar una multa de 4.714 millones de pesos para reparar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se declaró como víctima en este proceso. 

Tal como lo había revelado CAMBIO, Tapia ya pagó la mitad de esa sanción pecuniaria y la otra parte se comprometió a entregarla en dos pagos, de 1.265 millones de pesos cada uno, que hará en abril y octubre de 2025. Emilio Tapia puso dos bienes inmuebles como garantía de los pagarés, los cuales ya recibieron el visto bueno del juez para poder aprobar el preacuerdo. 

Otro de los compromisos que la Fiscalía le pidió a Tapia es servir como testigo en los interrogatorios, de cara a contribuir con la administración de justicia para el esclarecimiento de los hechos que se relacionan con el contrato 1043 de 2020 celebrado entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados. 

Sobre este punto, fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que se espera que el contratista entregue información nueva sobre la participación de los funcionarios del MinTIC en el entramado. Incluso piden que dé más detalles sobre lo que anteriormente ya ha dicho contra la exministra Karen Abudinen, quien no ha sido llamada a responder. 

Finalmente, la Fiscalía le solicita al acusado que, de manera libre y voluntaria y como gesto simbólico con las víctimas, ofrezca excusas públicas a la sociedad colombiana a través de un medio de comunicación de circulación nacional. Emilio Tapia también se comprometió a no reincidir en conductas punibles como las investigadas en este caso y que fueron objeto del preacuerdo.